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SOCIEDAD

Marcha nacional universitaria: Del Congreso a la Plaza de Mayo

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La comunidad universitaria avanza en la organización de la marcha prevista para el próximo martes 23, en reclamo de fondos y en rechazo al ajuste que está aplicando el gobierno de Javier Milei. Este viernes se reunieron representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), de los sindicatos de docentes y no docentes, y dirigentes estudiantiles de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Acordaron que la concentración principal se realizará frente al Congreso Nacional y desde allí se marchará a la Plaza de Mayo, donde se hará un acto central. 

A la vez, la protesta tendrá expresión federal: los universitarios resolvieron «marchar o movilizar en cada universidad del país para que en cada territorio se exprese el apoyo a la universidad pública».

Del encuentro del viernes participaron, además de emisarios del CIN y la FUA, dirigentes del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que integran las federaciones docentes Fedun, Conadu, Conadu Histórica, Fagdut, Ctera y UDA, y la federación no docente Fatun. Consensuaron las condiciones bajo las cuales transcurrirá la movilización callejera, que se espera que sea multitudinaria, y que “pondrá a la universidad en la calle y permitirá a toda la ciudadanía expresar su apoyo”. Las tres centrales obreras del país, tanto la CGT como la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, anunciaron su acompañamiento.

La concentración, en la Ciudad de Buenos Aires, comenzará el martes 23 a las 15.30 ante el Congreso Nacional. Desde allí las columnas se dirigirán hacia Plaza de Mayo, en donde se realizará el acto principal de la jornada, a las 18, y se leerá un documento.

Para desembocar en el martes 23, la comunidad académica desarrollará una «gran campaña nacional de defensa de la universidad pública». Para la marcha en sí, los universitarios decidieron invitar a participar a la comunidad científica, a organizaciones estudiantiles, a los organismos de derechos humanos y a «legisladoras y legisladores de todo el arco político y de todos los niveles del Estado».  

“La perspectiva es que va a ser una marcha muy importante, esperamos contar con el acompañamiento fundamentalmente de la comunidad universitaria y de la sociedad”, afirmó a Página/12 Federico Montero, secretario de organización de la Conadu, y resaltó el acompañamiento recibido de parte de las centrales sindicales. Montero enfatizó la necesidad de que la marcha se realice en forma pacífica. “Vamos a tomar todos los recaudos para que esto sea así, y que permita expresarse libremente a la comunidad universitaria como lo viene haciendo a lo largo y a lo ancho del país”, aseguró.


28 DE NOVIEMBRE

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Referentes del partido SER denuncian aumento de impuestos y cuestionan pago millonario a empresa desvinculada del municipio

En una fuerte crítica hacia las decisiones del Ejecutivo Municipal de 28 de Noviembre, los referentes del partido SER, Juana Albarracín y Gabriel Torrengo, expresaron su malestar por el reciente incremento de impuestos y denunciaron un pago de $36,5 millones a una empresa cuestionada legalmente. Ambos solicitaron en su momento que estas cuestiones fueran tratadas en comisiones, pero su pedido fue ignorado.

La concejal Juana Albarracín manifestó su profundo descontento con la reciente aprobación de la modificación tarifaria: “Ayer, los concejales de la vereda del frente aprobaron una nueva tarifaria con valores exorbitantes que limitan a muchos vecinos”, señaló visiblemente molesta. Según la edil, este incremento afectará especialmente a los sectores más vulnerables, quienes ya enfrentan dificultades económicas.

Por su parte, Gabriel Torrengo, también integrante del partido SER, había pedido previamente que la tarifaria se discutiera en comisiones para realizar un análisis más exhaustivo. Ambos dirigentes coincidieron en que este procedimiento habría permitido evaluar en detalle los aumentos significativos en varios rubros, incluido el valor de la tierra.

Albarracín también denunció un acuerdo entre el municipio y la empresa Mata Negra, la cual había sido acusada de incumplimientos en la construcción de un comedor inaugurado recientemente. “La municipalidad, en su momento, dejó sin efecto el convenio porque Mata Negra incumplió. Subcontrataron a otra empresa, algo que no se puede hacer”, explicó. Sin embargo, la actual gestión reactivó el convenio mediante un acuerdo conciliatorio, aprobando un pago de $36,5 millones a la empresa. “Hacen lo que quieren. Nos envían documentación donde acuerdan entre gallos y medianoche”, afirmó.

En relación a este acuerdo, tanto Albarracín como Torrengo cuestionaron la falta de transparencia y la ausencia de dictámenes legales que justifiquen el pago millonario. “¿Cómo se llega a establecer un convenio si no sabemos qué definió la justicia? Esa información no nos llegó”, remarcó Albarracín.

Puntos claves:

  1. Pedido de prórroga ignorado: Juana Albarracín y Gabriel Torrengo destacaron que, a diferencia del presupuesto del Concejo Deliberante, para el cual se aprobó una prórroga de 90 días, no se realizó el mismo tratamiento con la tarifaria.
  2. Impacto en los vecinos: Ambos dirigentes subrayaron que el aumento de los impuestos perjudica directamente a los sectores más vulnerables de la comunidad.
  3. Falta de transparencia en el acuerdo con Mata Negra: Criticaron la ausencia de dictámenes legales y cuestionaron la legitimidad del acuerdo conciliatorio firmado entre la municipalidad y la empresa.
  4. Decisiones contradictorias: Calificaron de “lamentables” las decisiones adoptadas por el Ejecutivo Municipal, argumentando que benefician exclusivamente a sus intereses y no reflejan las promesas hechas en campaña.
  5. Reclamo de mayor debate: Insistieron en que la tarifaria debió pasar por las comisiones correspondientes para un análisis exhaustivo, pero que esto fue desestimado por el oficialismo.

“Estamos trabajando solamente para el Ejecutivo y el beneficio de ellos. ¿Qué pasa con los vecinos? Nos reímos en la cara de ellos”, concluyó Albarracín. Las denuncias realizadas por los referentes del partido SER prometen generar repercusiones, no solo por el descontento popular ante los incrementos impositivos, sino también por las dudas en torno a la transparencia de las decisiones municipales.


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