Modificar la Ley de Glaciares sería mucho más que una decisión técnica o económica: sería un retroceso civilizatorio. En un tiempo donde la crisis climática ya golpea con sequías, incendios y pérdida de biodiversidad, discutir la posibilidad de reducir las áreas protegidas es discutir el futuro mismo de la Argentina.
Destacadas11/11/2025
Patagonia Nexo
Desde el sur, donde el hielo se vuelve paisaje, historia y fuente de vida, esta iniciativa se siente como una amenaza directa. La Patagonia no sólo alberga los glaciares más imponentes del país: custodia el 70% del agua dulce continental. Lo que está en juego no es un mapa de concesiones mineras; es la posibilidad de sostener comunidades, ríos y ecosistemas que hacen posible la vida.
El agua como soberanía
Los glaciares no son postales turísticas ni recursos mineros: son reservorios estratégicos de agua dulce. Su deshielo alimenta ríos, represas, campos agrícolas y pueblos enteros. En un planeta que se encamina hacia la escasez hídrica, tocar esa reserva es, literalmente, abrir la canilla del futuro para dejarla gotear.
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, fue un punto de inflexión. Nació del consenso social, del reclamo de científicos, ambientalistas y comunidades locales que entendieron que sin agua no hay producción, ni energía, ni país posible. Pretender debilitarla, bajo el argumento de la “modernización” o la “competitividad minera”, es desconocer la dimensión real del riesgo ambiental que enfrentamos.
Patagonia, territorio de frontera y conciencia
Quienes vivimos en la Patagonia sabemos que aquí el equilibrio es frágil. Un error de cálculo, una explotación sin control o un cambio en la reglamentación puede significar décadas de daño irreversible.
Los glaciares no se regeneran en una elección ni en un ciclo económico: se destruyen una vez, y para siempre.
Por eso la advertencia de Greenpeace —y de tantas organizaciones socioambientales— no debe leerse como fanatismo, sino como un acto de defensa colectiva. No se trata de oponerse al desarrollo, sino de exigir que cualquier desarrollo sea sostenible, transparente y respetuoso del derecho al agua y a la vida.
Retroceder sería ilegal y éticamente inadmisible
Modificar la reglamentación para habilitar zonas de explotación hoy protegidas implicaría violar principios ambientales internacionales y retroceder en niveles de protección ya alcanzados, algo prohibido por la propia Constitución Nacional.
Sería también desconocer compromisos firmados por Argentina en materia de cambio climático, biodiversidad y derechos humanos ambientales.
En palabras de Agostina Rossi Serra, de Greenpeace Argentina:
“No permitiremos que toquen la Ley de Glaciares. Avanzar con esa modificación sería una condena al agua y al equilibrio climático de las futuras generaciones.”
No se trata de una consigna. Es una verdad científica, política y moral.
Un llamado desde el sur
La Patagonia no puede quedarse callada. Desde los valles del Turbio y los hielos del Viedma hasta las cuencas del Deseado y el Santa Cruz, cada habitante entiende el valor del agua y del paisaje.
Este es el momento de alzar la voz, de pedir debate público, control ciudadano y respeto por una ley que costó años de lucha y consenso.
Si se avanza en su modificación, no sólo se debilita una norma: se debilita la idea misma de Nación que protege lo que es de todos.
Los días 6 y 7 de diciembre, el tradicional Campo de Doma “Totó Aranda”, en el Club Hípico Los Gauchos, será escenario de una de las celebraciones criollas más esperadas del año: la Gran Jineteada 2025, un evento que promete dos jornadas colmadas de destrezas gauchas, música, tradición y fuerte participación comunitaria.
El Gobernador recibió al CAP en Casa de Gobierno para evaluar proyectos en marcha, necesidades de las delegaciones y las próximas acciones destinadas a fortalecer la producción en toda la provincia.
La empresa provincial continúa implementando acciones preventivas para fortalecer el trabajo seguro en sus distintos sectores, con formación técnica, controles y entrega de insumos especializados.
La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la pena de cuatro años de prisión por transporte de estupefacientes.
La concesión de YCRT al empresario Sergio Taselli, impulsada durante el menemismo y respaldada en Santa Cruz, marcó uno de los capítulos más oscuros en la historia de la Cuenca Carbonífera. El desmantelamiento productivo, la expulsión de trabajadores y la ruptura social fueron solo el inicio de un proceso que terminaría en tragedia.
La reactivación de vuelos hacia el Aeropuerto "El Turbio" reaviva promesas largamente postergadas desde su inauguración en 2013. Vecinos como Sergio Roldán recuerdan la falta de operatividad real del aeropuerto, un símbolo de todas las deudas históricas con la Cuenca Carbonífera.
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La infraestructura vial de la provincia dio un paso significativo este jueves con la firma de un Convenio Específico de Cooperación y Colaboración Recíproca entre la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). El acuerdo permitirá avanzar en la instalación de la futura Planta de Asfalto dentro del predio de la empresa minera.
Por estos días, cuando la discusión pública parece atrapada entre relatos épicos y anuncios rimbombantes, un actor inesperado vino a ordenar la conversación: Barclays, uno de los bancos más grandes del mundo, decidió poner sobre la mesa algo que el Gobierno intenta esquivar hace meses.
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En la jornada de este 5 de diciembre, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) confirmó que el Ministerio de Economía de la Nación efectuó la transferencia de los fondos necesarios para normalizar una serie de obligaciones que la empresa mantenía pendientes, tanto con sus jubilados como con el personal en actividad.