Modificar la Ley de Glaciares sería mucho más que una decisión técnica o económica: sería un retroceso civilizatorio. En un tiempo donde la crisis climática ya golpea con sequías, incendios y pérdida de biodiversidad, discutir la posibilidad de reducir las áreas protegidas es discutir el futuro mismo de la Argentina.
Provinciales11 de noviembre de 2025
Patagonia Nexo
Desde el sur, donde el hielo se vuelve paisaje, historia y fuente de vida, esta iniciativa se siente como una amenaza directa. La Patagonia no sólo alberga los glaciares más imponentes del país: custodia el 70% del agua dulce continental. Lo que está en juego no es un mapa de concesiones mineras; es la posibilidad de sostener comunidades, ríos y ecosistemas que hacen posible la vida.
El agua como soberanía
Los glaciares no son postales turísticas ni recursos mineros: son reservorios estratégicos de agua dulce. Su deshielo alimenta ríos, represas, campos agrícolas y pueblos enteros. En un planeta que se encamina hacia la escasez hídrica, tocar esa reserva es, literalmente, abrir la canilla del futuro para dejarla gotear.
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, fue un punto de inflexión. Nació del consenso social, del reclamo de científicos, ambientalistas y comunidades locales que entendieron que sin agua no hay producción, ni energía, ni país posible. Pretender debilitarla, bajo el argumento de la “modernización” o la “competitividad minera”, es desconocer la dimensión real del riesgo ambiental que enfrentamos.
Patagonia, territorio de frontera y conciencia
Quienes vivimos en la Patagonia sabemos que aquí el equilibrio es frágil. Un error de cálculo, una explotación sin control o un cambio en la reglamentación puede significar décadas de daño irreversible.
Los glaciares no se regeneran en una elección ni en un ciclo económico: se destruyen una vez, y para siempre.
Por eso la advertencia de Greenpeace —y de tantas organizaciones socioambientales— no debe leerse como fanatismo, sino como un acto de defensa colectiva. No se trata de oponerse al desarrollo, sino de exigir que cualquier desarrollo sea sostenible, transparente y respetuoso del derecho al agua y a la vida.
Retroceder sería ilegal y éticamente inadmisible
Modificar la reglamentación para habilitar zonas de explotación hoy protegidas implicaría violar principios ambientales internacionales y retroceder en niveles de protección ya alcanzados, algo prohibido por la propia Constitución Nacional.
Sería también desconocer compromisos firmados por Argentina en materia de cambio climático, biodiversidad y derechos humanos ambientales.
En palabras de Agostina Rossi Serra, de Greenpeace Argentina:
“No permitiremos que toquen la Ley de Glaciares. Avanzar con esa modificación sería una condena al agua y al equilibrio climático de las futuras generaciones.”
No se trata de una consigna. Es una verdad científica, política y moral.
Un llamado desde el sur
La Patagonia no puede quedarse callada. Desde los valles del Turbio y los hielos del Viedma hasta las cuencas del Deseado y el Santa Cruz, cada habitante entiende el valor del agua y del paisaje.
Este es el momento de alzar la voz, de pedir debate público, control ciudadano y respeto por una ley que costó años de lucha y consenso.
Si se avanza en su modificación, no sólo se debilita una norma: se debilita la idea misma de Nación que protege lo que es de todos.
La formación técnica, a cargo de Geoaustral Servicios Geológicos, permitió incorporar nuevas herramientas para el análisis de suelos, mejorando el monitoreo ambiental en la región.
El gremio docente llega a la mesa de negociación tras meses de conflicto y movilización, con el foco puesto en la recomposición salarial, la continuidad de la cláusula gatillo y la defensa de los puestos de trabajo.
La ministra de Salud y Ambiente, María Lorena Ross, formó parte del Consejo Federal de Salud, donde se firmó un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud para mejorar la adquisición de equipamiento y medicamentos de alto costo. Además, se presentaron nuevas herramientas digitales para fortalecer la inmunización y la vigilancia epidemiológica en el país.
El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración finalizó una serie de jornadas formativas destinadas a fortalecer las herramientas del personal penitenciario que trabaja en la atención y cuidado de adolescentes en conflicto con la ley penal.
La Universidad Nacional de la Patagonia Austral, a partir de una articulación institucional entre la Secretaría de Planeamiento, la Secretaría de Extensión Universitaria y la Dirección General de Bienestar Universitario, realizará del 11 al 18 de noviembre las primeras ‘Jornadas de la Identidad NODOCENTE: historia, profesionalización y proyecciones del claustro’, con actividades virtuales que apuntan a fortalecer el sentido de pertenencia y el rol como sujeto integral de los trabajadores y las trabajadoras de la casa de altos estudios.
En el marco del plan de fortalecimiento continuo del sistema público de salud, el Hospital Regional Río Gallegos (HRRG) incorporó nuevo equipamiento médico e insumos esenciales destinados a diferentes áreas del establecimiento. La entrega fue encabezada por el director ejecutivo, Gastón Flores, junto a su equipo de trabajo, y contó con el acompañamiento del Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz.
La Policía de Santa Cruz confirmó este domingo que el hombre encontrado sin vida en el vaciadero municipal de Río Gallegos falleció a causa de una “cardiopatía con edema agudo de pulmones”, según lo determinó el Cuerpo Médico Forense tras la autopsia realizada en la Morgue Judicial.
El accidente ocurrió a unos 20 kilómetros de Fitz Roy, en el tramo que une Tres Cerros con Caleta Olivia. Un camión de servicios petroleros impactó contra otro vehículo de carga, provocando la muerte de uno de los conductores y dejando al otro con heridas.
El trágico hecho ocurrió en la madrugada del domingo, a pocos kilómetros de Perito Moreno. La víctima, identificada como Jonathan Gabriel Hueche, de 31 años, fue hallada sin vida tras volcar con su vehículo sobre la Ruta Provincial N°43.
El Gobierno provincial concretó la adjudicación de áreas que antes operaba YPF, por más de 1.200 millones de dólares en inversiones. El ministro Jaime Álvarez destacó la importancia de garantizar empleo local, remediación ambiental y crecimiento productivo para el norte santacruceño.
El silencio del intendente de El Calafate revela un intento de despegue político, en un contexto donde las causas contra Juan Carlos Molina avanzan y tensan el tablero del oficialismo provincial.