Entre la Inocencia Fiscal y los Glaciares: los dilemas del poder en la Argentina que viene

El Gobierno nacional se prepara para un fin de año cargado de tensiones legislativas y definiciones políticas. Mientras el presidente Javier Milei busca ordenar la agenda económica y judicial de su gestión, el Congreso se encamina hacia un nuevo ciclo de sesiones extraordinarias donde se debatirán temas tan sensibles como el Presupuesto 2026, la llamada Ley de Inocencia Fiscal y la reforma del Código Penal. Pero entre líneas, emerge un punto igual o más polémico: los posibles cambios en la Ley de Glaciares, una discusión que pone en juego la soberanía ambiental del país y la relación entre Nación y provincias.

Info. General11 de noviembre de 2025Patagonia NexoPatagonia Nexo
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La “Inocencia Fiscal” como bandera política


La iniciativa presidencial de incorporar la “presunción de inocencia fiscal” se presenta como un gesto hacia los contribuyentes y una señal ideológica: devolverle al ciudadano la confianza frente al Estado. En palabras del propio Milei, “se acabó esa absurda idea de que el Estado considera a todos sus ciudadanos criminales de manera preventiva”.

Sin embargo, la propuesta no está exenta de riesgos. En la práctica, modificar el régimen de control tributario sin fortalecer la fiscalización puede abrir grietas en la lucha contra la evasión y el lavado. La delgada línea entre “presumir inocencia” y “debilitar la recaudación” podría transformarse en un nuevo conflicto entre la administración central y las provincias, especialmente aquellas que dependen de la coparticipación para sostener servicios básicos.

 
Presupuesto y poder: la pulseada por el 2026


El Presupuesto 2026, primera parada del nuevo Congreso, será mucho más que una hoja de cálculo: será la expresión de la correlación de fuerzas en la nueva etapa política.


El oficialismo intenta consolidar su proyecto de “reparación histórica de los ahorros argentinos” y reducir la estructura impositiva, mientras los gobernadores —de distintos signos políticos— reclaman previsibilidad, fondos y participación real en la redacción de las normas.

Lo que se perfila, en realidad, es un nuevo federalismo condicionado: la Casa Rosada busca blindar la macroeconomía, y los mandatarios provinciales, preservar márgenes de gestión que se achican. Chubut, Santa Cruz, San Juan o Catamarca ya marcaron la cancha: sin consulta previa, no habrá acompañamiento.

 
La Ley de Glaciares: una grieta entre desarrollo y ambiente


Entre las reformas postergadas, la modificación del decreto reglamentario de la Ley de Glaciares promete encender uno de los debates más ásperos del verano.


Los gobernadores de provincias mineras reclaman desde hace años que se aclare la autoridad de aplicación y que se habiliten áreas de explotación hoy restringidas.


La Casa Rosada parece dispuesta a escucharlos, pero la sociedad civil —y buena parte de la comunidad científica— advierten sobre el riesgo de “desregular” una norma que protege reservas de agua estratégicas y ecosistemas únicos del país.

Si se avanza sin consenso, la discusión ambiental podría transformarse en un nuevo frente de conflicto político, tanto dentro del Congreso como en las calles. En un contexto de crisis climática global, modificar una ley emblemática sin una mirada integral sería una señal de retroceso institucional.

 
El desafío de gobernar con consensos


El presidente y su gabinete saben que, más allá del ímpetu reformista, gobernar implica negociar y escuchar. Las reuniones con Ignacio Torres, Raúl Jalil, Marcelo Orrego y Martín Llaryora son el anticipo de una estrategia que busca anclar el discurso libertario en la realidad federal. Pero el tiempo político corre rápido, y los costos de una agenda que prioriza la velocidad sobre el consenso pueden ser altos.

La Argentina necesita reformas, sí. Pero también necesita equilibrio, transparencia y una mirada federal que respete las diferencias regionales. Si las leyes que vienen no logran ese punto de encuentro, el país corre el riesgo de seguir repitiendo su propia historia: la de un poder central que legisla para sí mismo mientras las provincias esperan soluciones que nunca llegan.

 

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