La polémica en torno a la provisión de medicamentos en la Cuenca Carbonífera dejó al descubierto, una vez más, una práctica recurrente y preocupante de la política local: atacar a los medios de comunicación cuando la realidad incomoda, en lugar de asumir las responsabilidades que conlleva el ejercicio de la función pública.
28 de Noviembre15/12/2025
Patagonia Nexo
Este medio publicó información basada exclusivamente en un comunicado oficial de la Caja de Servicios Sociales (CSS), organismo provincial que negó la existencia de faltantes de medicamentos, aseguró la normalidad del sistema de pagos a farmacias y descartó interrupciones en tratamientos crónicos. No se trató de una opinión editorial ni de una interpretación arbitraria, sino de la reproducción fiel de una comunicación institucional de carácter público.
Lejos de cuestionar a la fuente oficial o exigir explicaciones formales al organismo responsable, el concejal de 28 de Noviembre, Nicolás Chacón, optó por desviar el eje del debate y dirigir sus críticas contra el medio, acusándolo —sin prueba alguna— de recibir “pautas millonarias” y de mentir deliberadamente a la comunidad. Se trata de una acusación grave, infundada y temeraria, que busca desacreditar el trabajo periodístico mediante la instalación de sospechas sin ningún respaldo documental.
Resulta llamativo —y preocupante— que quien debería gestionar, controlar y canalizar los reclamos de los vecinos ante los organismos correspondientes, elija responsabilizar a un medio por publicar información oficial. Los concejales no están para perseguir periodistas ni para decidir qué se puede o no informar; están para trabajar, gestionar y dar respuestas concretas a los problemas reales de la comunidad.
Si existen faltantes de medicamentos en farmacias locales, como el propio edil sugiere, su obligación institucional es documentar esos casos, elevar los reclamos ante la CSS, exigir explicaciones formales y acompañar a los vecinos en los trámites administrativos correspondientes. El camino no es la descalificación pública, el apriete mediático ni la amenaza velada.
Este diario rechaza de manera categórica las acusaciones vertidas y emplaza públicamente al concejal Nicolás Chacón a ratificar o rectificar sus dichos en un plazo de 24 horas, presentando las pruebas que respalden sus afirmaciones sobre supuestas “pautas millonarias”. De no hacerlo, se evaluarán las acciones legales correspondientes para resguardar el buen nombre, la credibilidad y la trayectoria profesional del medio.
La libertad de prensa no se negocia ni se intimida. Informar sobre comunicaciones oficiales no es un delito: es una obligación. Gobernar y gestionar, en cambio, sí es una responsabilidad política que no admite excusas, distracciones ni chivos expiatorios.
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El 13 de diciembre, más de 45 patinadoras y delegaciones invitadas de la región serán parte del evento “Luz, Cámara… ¡A Brillar!”, que marcará el cierre anual de la escuela.
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La polémica en torno a la provisión de medicamentos en la Cuenca Carbonífera dejó al descubierto, una vez más, una práctica recurrente y preocupante de la política local: atacar a los medios de comunicación cuando la realidad incomoda, en lugar de asumir las responsabilidades que conlleva el ejercicio de la función pública.