Graves denuncias por violencia de género y abuso de poder en la Escuela Industrial N°5 de Río Turbio

Los vocales del Consejo Provincial de Educación (CPE) por Escuelas Públicas y Privadas, Pedro Cormack y Gloria Robles, realizaron una contundente denuncia pública por presuntos hechos de violencia de género y abuso de poder en la Escuela Industrial N°5 de Río Turbio. Según señalaron, dos docentes denunciaron al director y al vicedirector de la institución, una de las causas incluso caratulada como abuso sexual simple, sin que hasta el momento el CPE haya adoptado medidas concretas.

De acuerdo a lo expresado por los vocales, las denuncias fueron presentadas por escrito ante la Presidencia del CPE y también radicadas en sede policial y judicial en Río Turbio. Pese a ello, denunciaron una preocupante falta de respuestas por parte del organismo. “Esta situación no puede ni debe seguir siendo silenciada”, afirmaron.

• “La inacción no es un error, es encubrimiento”

En el documento difundido, Cormack y Robles cuestionaron además el rol de la Supervisión y de la Dirección de Nivel, a quienes responsabilizan por sostener un clima de “protección corporativa”. Según indicaron, se estaría priorizando el resguardo de las autoridades denunciadas por sobre la integridad, la salud y los derechos de las trabajadoras.

En ese sentido, advirtieron que la falta de medidas no puede interpretarse como un simple error administrativo. “Es una forma activa de encubrimiento”, remarcaron, y recordaron que el Área de Asuntos Jurídicos del propio CPE ha impulsado separaciones preventivas de cargos en casos “infinitamente menos graves”. “La vara no puede cambiar según quién esté denunciado”, sostuvieron.

• Revictimización y violencia institucional

Los vocales también describieron el impacto que esta situación tuvo sobre las docentes denunciantes. Una de ellas continúa trabajando en la institución, pero —según señalaron— fue confinada a un espacio reducido y apartada de sus tareas habituales, en una práctica que calificaron como “humillante, disciplinadora y profundamente revictimizante”.

La otra docente, en tanto, se habría visto obligada a abandonar su lugar de trabajo tras un grave desborde emocional, producto del hostigamiento sostenido y la ausencia de acompañamiento estatal. “Cuando el Estado no protege, expulsa. Y eso también es violencia institucional”, enfatizaron.

Asimismo, cuestionaron la recomendación reiterada de recurrir al artículo 11 (licencias médicas) como respuesta frente a situaciones de violencia de género. “Encubrir la violencia bajo una licencia médica no es cuidado, es abandono”, señalaron, advirtiendo que esta práctica vulnera el Acuerdo 189/18 y la normativa vigente.

• “La inacción es complicidad”

En el cierre del pronunciamiento, Cormack y Robles responsabilizaron políticamente al Consejo Provincial de Educación y exigieron una intervención urgente. Advirtieron que, de no garantizarse una investigación externa e independiente y una reparación del daño, la responsabilidad dejará de ser individual para convertirse en plenamente política.

“Cada día de inacción consolida la impunidad y envía un mensaje devastador a todas las mujeres y diversidades del sistema educativo”, concluyeron. “En este contexto, la inacción no es neutralidad. Es complicidad. El CPE tiene la obligación jurídica, ética y política de poner fin de manera inmediata y contundente a esta situación”.