Hacedores culturales alertan por recortes y rechazan el ajuste previsto en el Presupuesto Nacional 2026

El debate por el Presupuesto Nacional 2026 vuelve a encender alarmas en el sector cultural. Mientras la discusión pública se concentra principalmente en áreas como educación, salud y seguridad, hacedores culturales de todo el país expresan su preocupación por los recortes proyectados y por la posible eliminación de fondos específicos amparados en la Ley 27.432, una situación que podría afectar seriamente la sostenibilidad de organismos culturales nacionales.

Desde distintos ámbitos advierten que, más allá de algunos incrementos nominales o acuerdos parciales en comisiones, el presupuesto destinado a cultura no logra compensar la inflación, lo que se traduce en una pérdida real de recursos. Este escenario reaviva un debate histórico: la cultura como inversión estratégica para el desarrollo social y la identidad nacional frente a una mirada que la considera un gasto prescindible en contextos de ajuste.

Se repite una preocupación central: el impacto que estas decisiones tendrían sobre derechos culturales ya consolidados y sobre el entramado federal que sostiene la actividad artística en las provincias. Diego Boris, ex presidente del Instituto Nacional de la Música (INAMU), sostuvo que las políticas actuales no solo afectan a la industria cultural, sino que forman parte de un modelo más amplio que debilita la producción nacional. En ese sentido, advirtió sobre el recorte de herramientas de fomento y la afectación de derechos intelectuales, lo que dificulta que artistas de distintas disciplinas puedan vivir de su trabajo.

Otro punto sensible señalado es el debilitamiento del federalismo cultural. Los fondos que administran organismos como el Instituto Nacional del Teatro (INT), el INAMU o el INCAA se distribuyen en gran medida de forma federal, garantizando presencia territorial, producción local y acceso a bienes culturales en todo el país. La reducción o eliminación de esos recursos implicaría, según los referentes, un fuerte retroceso para las provincias.

Desde Santa Cruz, la actriz y gestora cultural Verónica Olarieta, referente de la Asamblea de Teatristas Permanente, destacó el rol histórico del Instituto Nacional del Teatro en el desarrollo de salas, festivales, capacitaciones y giras en la provincia. Recordó que ya en 2023 hubo intentos de eliminar o vaciar el organismo, frenados por la movilización del sector, aunque alertó que hoy persisten incumplimientos de la ley y nuevas amenazas presupuestarias.

Particular preocupación genera la propuesta de quitar gravámenes vinculados al ENACOM, ya que una porción sustancial del presupuesto del INT proviene de esos recursos. Para el sector, esta medida implicaría dejar prácticamente inoperante a la institución, afectando el acceso al teatro y a la cultura en múltiples localidades del país.

Desde la comunidad artística insisten en que el ajuste en cultura no redundará en mejoras para otras áreas sensibles, sino que recortará derechos y debilitará la identidad colectiva. “Un pueblo sin cultura es un pueblo sin identidad”, señalan, remarcando que el arte no solo expresa creatividad, sino también pensamiento crítico, memoria y pertenencia.

En un contexto económico y social complejo, los hacedores culturales reclaman que el Congreso dé una discusión de fondo sobre el Presupuesto 2026 y sus implicancias, y advierten que las decisiones que se tomen hoy marcarán el rumbo de la cultura argentina en los próximos años, tanto a nivel nacional como en cada una de las provincias.