Gobiernos de corrientes políticas diversas han depositado su suerte de corto plazo en la aprobación de una ley, estimada como pilar de gestión cuando, se sabe, esto no es así. La Ley Bases generará mucho daño en el entramado productivo y social, y dejará un fuerte condicionamiento con el RIGI, pero no servirá para dar viabilidad al esquema económico de Milei.

Por Alfredo Zaiat

Después de amenazar a senadores, extorsionar a otros, entregar prebendas a unos pocos, montar el armado de represión y detención de personas y divagar acerca de terroristas y un golpe de Estado, el gobierno de Javier Milei consiguió la aprobación de la Ley Bases.

La primera después de seis meses de ocupar la Casa Rosada, y la obtuvo transitando el peor camino de intercambio de favores con lo que él denomina casta política.

Libertarios y la red de voceros mediáticos oficialistas festejaron la que consideraron la mejor semana de Milei. El impacto positivo político inmediato es indudable. Tiene una ley desde una posición minoritaria de 7 senadores y 38 diputados propios.

A la vez, para obtenerla, tuvo que atragantarse con la actuación estelar de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, cuyo voto quebró el empate de la votación de los senadores y lo acompañó con una arenga política que probablemente habrá provocado la tirria de los hermanos Milei.

Para alcanzar mayorías relativas en ambas cámaras del Congreso, Milei contó con un sujeto social que está oculto en el debate superficial y tiene una influencia destacada sobre amplios espacios políticos: el poder económico.

El DNU 70 y la Ley Bases licuada son pruebas de que el gobierno de Milei está conducido por sectores del poder económico, sobresaliendo los grupos liderados por Paolo Rocca, Eduardo Elsztain, Eduardo Eurnekian, Alejandro Bulgheroni, Marcos Galperin.

El deseo de consolidar un cambio de régimen

Desde la versión extrema libertaria buscan redefinir en forma definitiva la matriz socioproductiva para enterrar el modelo de desarrollo con organización gremial de trabajadores, que ha estado en tensión permanente en la relación capital y trabajo desde hace varias décadas.

El interrogante central es si la Ley Bases resulta tan importante, como creen muchos en el mercado financiero y en el mundo empresarial, para generar esta transformación de mediano y largo plazo. Y si sirve además en el corto para impulsar un brusco cambio de tendencia en la economía y, por lo tanto, en el humor social.

En este trayecto pasa a ser crucial la magnitud del ingreso de dólares para financiar el período de transición de régimen. No se vislumbra un horizonte relajado en el flujo de entrada de dólares comerciales y financieros.

Antecedentes cercanos de leyes evaluadas como fundamentales para fortalecer políticamente a gobiernos e influir en las expectativas socioeconómicas no tuvieron el resultado esperado. El talón de Aquiles fue el el derrumbe económico causado por la escasez de dólares para hacer frente a los variados compromisos financieros, de servicios y de comercio exterior.

Por qué el poder económico presionó para la aprobación de la Ley Bases

Se sabe que la demanda mundial de energía, minerales y alimentos son los principales bienes primarios con que cuenta el país. A ello se le suma la potencialidad de los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta y de Palermo Aike (Santa Cruz) y la explotación offshore de hidrocarburos y la producción de litio y otros minerales, en distintas provincias.

En estas actividades los sectores dominantes identifican una oportunidad virtuosa para llevar a cabo un proceso de acumulación ampliada de capital, sustentada en la apropiación de las materias primas y el consiguiente ocaso de los procesos de industrialización.

Esta posibilidad la pueden obtener de forma muy flexible y beneficiosa con el gobierno de Milei, ya sea por la debilidad política, la ignorancia acerca de cómo funciona el Estado o, simplemente, por la vulnerabilidad de un líder político.

Otras fuerzas políticas también les ofrecerían incentivos de inversión en estas actividades rentables y esenciales en la actual etapa del capitalismo global de transición energética. Con Milei, como demuestra el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pueden obtener más y en forma más fácil.

Con la captura de rentas extraordinarias de sectores estratégicos están en condiciones de avanzar en el objetivo central de consolidar la base material para dar por terminado el ciclo del eterno retorno, es decir, la alternancia entre los gobiernos conservadores y los nacionales y populares que intentan restaurar derechos a los sectores populares.

El poder económico, cualquiera sea su inserción estructural, interpreta que el ciclo de Milei en el poder político es la oportunidad para consagrar la ansiada redefinición de la matriz económica y social, y subordinar definitivamente el trabajo al capital removiendo las conquistas históricas y volviendo esa nueva situación irreversible

Una pieza más de la revancha clasista

El comportamiento histórico del poder económico apoyando regímenes que violentan reglas democráticas, impulsando iniciativas regresivas en materia laboral y presionando por medidas económicas conservadoras que favorecen sus propios negocios, es uno de los principales nudos que explican el estancamiento secular y de las varias crisis que arrastra el país.

La revancha clasista tuvo su expresión en los ciclos políticos de la dictadura militar, luego del menemismo, después del macrismo y ahora del libertario Milei.

Cada uno de estos proyectos políticos pretendió y sigue pretendiendo modificar el régimen social de acumulación al desarticular la industrialización basada en la sustitución de importaciones con el consiguiente debilitamiento de las organizaciones gremiales de los trabajadores. La Ley Bases buscar generar las condiciones de esta transformación y es una pieza más de la revancha clasista.

Tiene el propósito de disciplinar a los sectores populares, estableciendo en cada una de las etapas en que se fue aplicando un nuevo techo, significativamente más bajo, en la participación de los trabajadores en el ingreso a través de una espectacular reducción del salario real, la desocupación y la restricción de las conquistas laborales obtenidas por las luchas populares a lo largo de décadas.

La emboscada

Pese a esta estrategia política, económica, sociolaboral y de negocios, la tarea de consolidar el nuevo régimen no les resulta sencilla. Existe una trampa conocida y reconocible para cualquiera con memoria modesta: en lo que va de este siglo, gobiernos de corrientes políticas diversas han depositado su suerte de corto plazo en la aprobación de una ley, estimada como pilar de gestión cuando, se sabe, esto no es así.

El mundo de los negocios, con expresión en la cadena de medios conservadora, evalúa la fortaleza o debilidad de un gobierno si alguna norma fundamental para sus intereses es aprobada o rechazada.

Se trata de una emboscada en la que han caído por torpeza u obstinación ciclos políticos diferentes. Quedaron acorralados con la exigencia de conseguir ciertas leyes por presiones del poder económico, de acreedores externos y del Fondo Monetario Internacional.

No se subestima que la elaboración y tratamiento de leyes expresan la relación de poder de ese momento y, por lo tanto, se juega en este terreno algo bastante distinto a la suerte del proyecto económico. Este tiene otros determinantes que exceden cuestiones estrictamente institucionales, como puede ser la sanción de una ley.

Cuatro leyes sirven de antecedentes y una fue excepción

Resulta ilustrativo recordar cuatro acontecimientos en este sentido para encontrar un marco equilibrado acerca de la relevancia política de la Ley Bases, lo que no implica desconocer el daño económico que causará cuando empiece a ejecutarse

1. La ley de Reforma Laboral, con el escándalo de coimas en el Senado, en abril de 2000, durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

2. La ley de Déficit Cero, en julio de 2001, también en el período de De la Rúa.

3. La ley de Reforma Previsional, con represión descontrolada en diciembre de 2017, en el gobierno de Mauricio Macri.

4. La ley que aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que provocó la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados de Unión por Todos, fuerza política oficialista, en marzo de 2022, en el gobierno de Alberto Fernández.

Cada una de estas leyes fue sancionada bajo presión del poder económico, acreedores privados y el FMI, con la ilusión de generar las condiciones para un boom económico. No sucedió en ningún caso.

Estas experiencias políticas estallaron cada una con sus particularidades. La de De la Rúa de forma dramática; la de Macri fue rescatada con la asistencia financiera insólita del Fondo Monetario Internacional que evitó el colapso; y la de Fernández ingresó en un cono de sombra a partir de una interna a cielo abierto entre el Presidente y la Vicepresidenta, ésta última líder de la fuerza política mayoritaria de la coalición de gobierno.

Los dos primeros casos implosionaron porque el régimen económico que querían imponer era insostenible, como pasa ahora con Milei. El tercero terminó perdiendo las elecciones presidenciales porque no pudo/no supo dar respuestas económicas y sociales a su base electoral, al quedar atrapado de los condicionamientos emergentes del endeudamiento externo con acreedores privados y el FMI, y de la inmovilidad por diferencias internas.

El caso de excepción a esta regla fue la ley de retenciones móviles, en julio de 2008, en el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Perdió la votación en el Congreso en el inicio de su gobierno, el oficialismo fue derrotado en las elecciones de medio término en el 2009, y sin embargo terminó fortalecido a partir de su acción política para culminar este proceso, en el 2011, con el triunfo electoral en primera vuelta de la reelección de CFK.

La Ley Bases no anula la fragilidad del programa económico de Milei

Con las leyes Bases y Paquete Fiscal también se expresan presiones conocidas. El FMI demandaba garantías de viabilidad política del plan económico y mejor calidad en el resultado fiscal. Financistas y empresarios exigían señales de sustentabilidad política para un gobierno que, por el momento, exhibe un notable nivel de ineptitud en la gestión.

Ambas normas se votaron en el Senado en forma afirmativa y el mismo día el Fondo Monetario aprobó la octava revisión del acuerdo, que ya había sido convalidada a nivel técnico, y desembolsó unos 800 millones de dólares. Hubo 31 días entre el visto bueno de los técnicos al cumplimiento de las metas cuantitativas y la orden de entregar dólares del directorio del FMI, un tiempo excesivo para este tipo de operaciones y sólo explicado en la espera de ver si el gobierno de Milei podía conseguir el aval político del Congreso.

Tan pocos dólares para tanto esfuerzo es una señal contundente de la debilidad de la economía argentina, sin importar qué fuerza política la esté administrando, ya sea liberal libertaria o nacional y popular.

La Ley Bases generará mucho daño en el entramado productivo y social, y dejará un fuerte condicionamiento con el RIGI, pero no servirá para dar sustentabilidad al esquema económico de Milei.

La fragilidad fiscal, monetaria y cambiaria, frentes que exhiben inconsistencias que hasta economistas que desean el éxito de Milei no pueden ignorar. El FMI reclama modificaciones para tratar de hacer viable el programa económico, fijando esta condición básica para avanzar en un nuevo acuerdo de financiamiento.

La mala praxis de seis meses

La consultora económica Vectorial ofreció en su último informe una evaluación política del debate en el Congreso. Indica que ninguna de las dos leyes (Bases y Paquete Fiscal) se parece mucho a lo que el Gobierno imaginaba cuando, en febrero, envió los ambiciosos proyectos al Congreso para que fueran tratados en sesiones extraordinarias.

Menciona que tampoco guarda demasiadas similitudes con la reversión presentada posteriormente y, en rigor, incluso es bastante diferente a la que recibió media sanción en Diputados. Para afirmar que lo aprobado en el Senado fue perdiendo jirones en el camino hasta último momento, evidenciando la urgencia del Gobierno para aprobar una ley, la que sea.

El reporte concluye que “para el Ejecutivo la aprobación de las leyes representa un triunfo político por los efectos que suponía su rechazo, que sin dudas habría exacerbado la desconfianza del mercado que ya se había manifestado con fuerza la semana pasada. La realidad es que el gobierno, y probablemente todo el sistema político, requería saldar este impasse legislativo que la propia mala praxis del Ejecutivo extendió seis meses”.

Correr el arco, lo que mejor sabe hacer el poder

Una de las características de esta dinámica política y económica mediada por presiones del establishment, acreedores y FMI es que, cumplida la exigencia de la aprobación de una determinada ley, que pone bajo estrés a la clase política y a la sociedad porque es presentada de vida o muerte para el gobierno, aparecen otros reclamos más o menos urgentes que el ya saciado.

Es lo que se conoce correr el arco de la gestión, que expone una situación de debilidad de gobiernos atrapados en este tipo de vínculos con los factores de poder. Los técnicos del FMI son profesionales en esta materia.

Al día siguiente de la votación en el Senado empezaron a circular informes económicos de la city señalando las exigencias inmediatas del mundo de los negocios dirigidas al gobierno de Milei.

Uno de ello, elaborado por economistas de la firma financiera MegaQM, concluye, después de manifestar regocijo por la aprobación de la norma, que “el programa económico está en el punto de inflexión en el que necesita dar un cierre a esta primera etapa y comenzar con los desafíos de la segunda”.

Indica que el calendario empieza a jugar un rol: se necesita empezar a ver resultados económicos que le den sustento político de largo plazo a la gestión presidencial. Esto implica entrar a 2025 con un contexto económico que potencie las opciones electorales del oficialismo y le den sustento temporal a las reformas que se lleven a cabo.

Advierte que el principal indicador que refleja las perspectivas del mercado sobre este tema es el nivel del indicador riesgo país y el precio relativo de los bonos Bopreal versus los Bonar y Globales. Explica que si se consolidan en una sola curva, con pendiente positiva, será una clara señal de normalización y de continuidad en el ordenamiento fiscal y la capacidad de repago de la deuda.

En cambio, “si se dan quiebres marcados, será una señal de temor del mercado con respecto a la continuidad del proceso de consolidación fiscal”, afirma.

Una día de euforia en los mercados no hace verano

La grey de libertarios festejó las subas de las cotizaciones de acciones y bonos el día posterior a la aprobación de la Ley Bases.

Uno de ellos fue Marcos Galperin, al publicar el siguiente posteo en la red X: “Qué sentirá la gente que vota en contra de una ley que, luego de ser aprobada, suben los bonos, baja el riesgo país, cae el dólar, suben las acciones… ¿En algún momento se replanteará que sus ideas son malas para el país?”.

Uno de los hombres más ricos del país y dueño de la exitosa empresa Mercado Libre escribió semejante tontería. Al día siguiente bajaron las acciones argentinas en Buenos Aires y en Nueva York, subió el dólar blue y el Banco Central vendió 125 millones de dólares.

La duda es si Galperin es un gestor de propaganda oficialista de baja calidad o exhibe un grado de ignorancia sorprendente sobre el funcionamiento de los mercados financiero y bursátil. Su próspera trayectoria empresarial inclina a pensar que lo más probable es que sea la primera opción.

No fue el único que se lanzó a saludar en forma eufórica el repunte de las cotizaciones de activos bursátiles. Como se explicó, la Ley Bases, como otras anteriores que reunían la condición de ser esencial para la supervivencia del gobierno, no permite camuflar la inconsistencia del programa económico.