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El argumento central es técnico, pero con fuerte impacto político. A partir del 10 de diciembre se cumplieron dos años de ejercicio de los mandatos, lo que habilita plenamente la aplicación de la línea sucesoria ante cualquier vacancia ejecutiva. En otras palabras, frente a una renuncia o fallecimiento de intendentes, concejales o diputados, el sistema institucional ya cuenta con mecanismos automáticos de reemplazo, sin necesidad de recurrir a elecciones extraordinarias inmediatas.
Este dato no es menor si se tiene en cuenta que el próximo 31 de diciembre vence la Ley Electoral Provincial Transitoria N° 3929, sancionada exclusivamente para permitir los comicios en Cañadón Seco tras el fallecimiento del comisionado Jorge Soloaga. Aquella norma respondió a una urgencia concreta y excepcional. Hoy, en cambio, los plazos legales juegan a favor de la institucionalidad vigente, reduciendo la presión para legislar contrarreloj.
Desde ese lugar, los bloques asumieron que no es necesario avanzar de inmediato con una nueva ley electoral, entendiendo también los límites propios del cierre del año legislativo. Sin embargo, postergar el debate no debería confundirse con desinterés ni con inmovilismo. Por el contrario, la Legislatura ya cuenta con al menos tres proyectos de reforma electoral que reflejan consensos incipientes y diferencias claras.
El más ambicioso pertenece al bloque oficialista Por Santa Cruz, impulsado por los diputados Fabiola Loreiro, Santiago Aberastain y José Quiroga. La iniciativa propone la implementación de la boleta única, la regulación integral del sistema electoral provincial y la limitación de mandatos, un punto sensible en una provincia con larga historia de reelecciones indefinidas.
Por su parte, el diputado Pedro Muñoz (ARI Coalición Cívica) también plantea la adopción de la boleta única por categoría, pero suma un elemento polémico: la implementación de las PASO en Santa Cruz, en un contexto nacional donde este mecanismo ha sido suspendido y cuestionado. Finalmente, el diputado Daniel Peralta presentó un proyecto que, aunque más acotado, coincide en un eje central: avanzar hacia la boleta única como herramienta de transparencia y modernización.
El consenso parece estar dado en el “qué”, pero no todavía en el “cómo” ni en el “cuándo”. La promesa es que, a partir de marzo, con el inicio del nuevo período legislativo, el debate se abra de manera amplia, incorporando a los partidos políticos y a la sociedad. Será entonces cuando Santa Cruz tenga la oportunidad de saldar una deuda histórica: discutir su sistema electoral sin urgencias, sin leyes transitorias y sin parches coyunturales.
La pregunta de fondo sigue abierta. ¿Se aprovechará el tiempo ganado para construir una reforma sólida, participativa y duradera, o la postergación volverá a convertirse en una costumbre? La democracia provincial no necesita apuros, pero tampoco dilaciones eternas. Entre la prudencia institucional y la decisión política, se juega una vez más la calidad del sistema electoral santacruceño.
