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Más de un millón de personas viven en hacinamiento crítico en la Argentina

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Las cifras surgen del informe sobre «Indicadores de condiciones de vida de los hogares» que realiza semestralmente el INDEC.

El 2,3% de los hogares, habitados por 1,1 millones de personas, vivía en condiciones de «hacinamiento crítico» en el primer semestre del año, de acuerdo con un informe del INDEC.

Igual, la situación registró una leve mejora del 0,3% respecto de diciembre último.

El relevamiento, que incluye a los 31 conglomerados urbanos más importante del país, proyectó que en diciembre último había 238 mil hogares con hacinamiento crítico, que abarcaban a 1.382.000 personas.

En el primer semestre, esa cantidad de personas descendió en 214 mil, a 1.199.000 en junio último.

Las cifras surgen del informe sobre «Indicadores de condiciones de vida de los hogares» que realiza semestralmente el organismo.

Las estadísticas del primer semestre de este año detallan que el 81,6% de los hogares y el 78,7% de las personas habitan viviendas cuyos materiales poseen calidad suficiente.

La muestra registra también una leve mejoría respecto de diciembre pasado, cuando cuando el 78,9% de los hogares y el 74,5% de las personas habitaban viviendas en las mismas condiciones.

Las viviendas cuyos materiales poseen calidad insuficiente en junio pasado llegaban al 6,3%, menor al 7,8% de diciembre último, y los hogares con vivienda de materiales parcialmente insuficientes pasaron del 13,3% al 12,1%, en la misma comparación.

En los datos referidos al saneamiento, el informe indica que el 88,1% de los hogares presenta condiciones adecuadas, mientras que el restante 11,9% de los hogares no dispone de ellas.

El 95,1% de los hogares habita viviendas que poseen baño con descarga de agua, mientras el 4,9% no la tenia en junio pasado.

El 98,5% de los hogares tiene disponibilidad de agua en el interior de la vivienda (88,5% por la red pública y el 9,9% por una perforación con bomba a motor), mientras que el 1,5% debe acceder al agua fuera de la vivienda.

En materia de servicios públicos, las estadísticas reflejan que el 89,6% de los hogares cuenta con acceso a la red de agua corriente; el 70,2% accede a la red de gas natural y el 72,5%, a la de cloacas.

En este clasificador, el 56,2% de los hogares, accede a los servicios de agua corriente, cloacas y gas natural, mientras que el 43,8% no accede a al menos uno de los servicios considerados.

Por condiciones de hábitat, las estadísticas muestran que el 5,4% de los hogares habita en una vivienda cercana a basurales y el 7,9% en zonas inundables, mientras que el 94,6% habita en zonas alejadas de basurales y el 92,1% lo hace en zonas no inundables.

Según el régimen de tenencia, el 63,6% de los hogares son propietarios de la vivienda y del terreno, mientras que el 7% son propietarios de la vivienda solamente.

La encuesta arroja que el 18,7% de los hogares son inquilinos y otro 9,1% ocupan con o sin permiso una vivienda.

Al considerar la cobertura médica, el relevamiento del INDEC, basado en la Encuesta Permanente de Hogares, señala que si se considera el conjunto de la población, el 67,8% de las personas cuenta con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia, mientras que el 32,1% sólo posee cobertura médica a través del sistema público.

La cobertura médica alcanza al 30,6% en el caso de las mujeres y del 33,8% en el de los varones.

Al considerar la situación educativa, el relevamiento del INDEC indica que el 97,4% de la población de entre 4 y 17 años asiste a un establecimiento educativo formal, mientras que el restante 2,6%
no lo hace.

Si se desagrega este resultado por grupo de edad, se observa que la asistencia escolar de niños y niñas de 4 años alcanza el 84,9%, entre 5 y 14 suman el 98,9% de asistencia y en el caso de los adolescentes de 15 a 17 años, se observa una asistencia escolar del 95,6%.


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Ida y vuelta de los aumentos en mayo

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El Gobierno postergó subas de luz, gas e impuesto a los combustibles para amortiguar otros aumentos. Colectivos y subtes, en espera.


Por Mara Pedrazzoli

Entre varias idas y vueltas respecto a los aumentos de precios liberados (y regulados) por el Gobierno, los incrementos programados para mayo impactarán directamente sobre consumos esenciales como combustibles, transporte, el servicio de internet y comunicación, colegios privados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y alquileres. Se suman a los amplicados entre enero y abril, de modo que inclusive en el caso de las subas postergadas –como en luz, gas y algunas prepagas-, la comparación contra las tarifas en igual mes del año anterior todavía superan a la inflación general. Según el Indec, el aumento en los precios “regulados” acumulado en el primer trimestre del año fue del 81 por ciento interanual, mientras el nivel general de inflación ascendió a 51 por ciento.

Para empezar, en la mañana del miércoles 1 de mayo las petrolerassubieron el valor de los combustibles entre 4 y 5 por ciento. Un ajuste que obedeció al incremento en los costos por la suba del dólar -topeada por el Gobierno en 2 por ciento mensual- y a la recomposición para alcanzar niveles cercanos a la “paridad de exportación”, hoy unos 20 dólares arriba de los precios internos. En principio, los combustibles iban a subir casi 10 por ciento en mayo, dado el traslado por la corrección de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL), que fue suspendida hasta junio por el Gobierno por una decisión de último momento. Las estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal evidenciaban que este ajuste del ICL hubiera sido más alto pues correspondía aplicar los precios del cuarto trimestre del año pasado, que habían rebotado debido a la devaluación de diciembre.

Así, el aumento aplicado inicialmente por YPF estuvo por debajo de las remarcaciones promedio de marzo y abril del 6 por ciento mensual. En mayo, la nafta súper en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pasó de 837 a unos 870 pesos, mientras la nafta premium avanzó de 1.033 a 1.074 pesos. Mientras el gasoil común dejó de costar 883 para pasar a venderse a un valor cercano a 918 pesos, y el gasoil premium avanzó de 1.123 a 1.167 pesos, considerando los valores más económicos del mercado. Tomando como ejemplo CABA, en los últimos doce meses el precio del litro de nafta súper pasó de 163,10 a 744 pesos, con lo que registró un incremento total del 356 por ciento en el período.

En el caso de los servicios públicos de luz y de gas, a partir de este miércoles debía regir la indexación mensual atada a la inflación que estipulaba la nueva fórmula sancionada por el Gobierno. Sin embargo, hasta el martes a la noche los entes reguladores, Enre y Enargas, no habían recibido la información correspondiente a los nuevos cuadros tarifarios. Ante la sorpresa de las empresas del sector, el Gobierno decidió pisar los ajustes que involucraban subas de entre 10 y 12 por ciento para las distribuidoras de energía eléctrica y gas y para las transportistas de gas. Dichos aumentos representaban un incremento cercano al 5 por ciento en las facturas finales de los servicios que el oficialismo prefirió evitar. Igualmente, desde enero acumulan un alza del 150 y 450 por ciento, respectivamente.

En un nuevo traspiés heterodoxo del ministro de Economía, Luis Caputo, decidió mantener las tarifas pisadas al menos un mes para ayudar a la desaceleración inflacionaria. La regulación de los servicios esenciales comenzó a ser entendida por el oficialismo desde una lógica menos simplista y dogmática de lo que intrepreta sobre la inflación, como un fenómeno exclusivamente monetario.En la mañana del miércoles 1 de mayo, el ministro escribió en su cuenta en la red X: “Estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar más con gastos de momento a la clase media”, para explicar las postergaciones de los aumentos, con lo cual también reconoció que dejar de emitir para cubrir el déficit no condujo a la estabilidad de precios como había asegurado. Ahora necesita detener la suba de tarifas.

El congelamiento del ICL, de los aumentos en la luz y el gas, sumados a la exigencia de rebaja en las cuotas de siete medicinas prepagas deben leerse como un llamado de atención dentro de la propia lógica del Gobierno. Las idas y vueltas en materia de liberalización de precios minan el discurso libertario y su apoyo social ante la inmanente erosión en el poder adquisitivo de los salarios. 

El Gobierno ya había suspendido la aplicación de una fórmula indexatoria en su debut con la tarifa de los colectivos y trenes en el Amba durante abril. Ahora en mayo es una incógnita qué pasará con los colectivos ante la amenaza de un paro de choferes este jueves. Los colectivos ya sufrieron un alza del 29 por ciento en febrero.

En tanto, el próximo 6 de mayo sí subirá un 54 por ciento el boleto de tren en el Amba. El esquema tarifario para los servicios que incluyen las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa quedará de la siguiente manera: con tarjeta SUBE registrada en la primera sección valdrá 200 pesos, en la segunda 260 pesos y en la tercera 320 pesos, mientras con tarjeta sin registrara costará el doble, y algo menos de la mitad con la tarifa social.

En el caso del boleto de subte, se espera un aumento del 359 por ciento, pues pasará de 125 a 574 pesos aunque se desconoce a partir de qué fecha concreta del mes por cuestiones administrativas. El Gobierno porteño demoró la publicación de la medida en el Boletín Oficial y aún no confirmó cuándo lo hará, con lo cual también se desconoce si luego se aplicará el segundo incremento previsto para el 15 de mayo, que lleva el pasaje a 667 pesos. El siguiente incremento estaba anunciado para el 1 de junio, hasta los 757 pesos.

Asimismo, los colegios privados bonaerenses aplicarán un incremento del 6,7 por ciento en sus cuotas, con variaciones dependiendo del nivel educativo y la subvención estatal. Los jardines con 100 por ciento de aporte costarán hasta 17.500 pesos, mientras la secundaria con subsidio del 40 por ciento hasta 102.500 pesos.

También las tarifas de internet, cable y telefonía sufrirán un ajuste que oscilará entre el 10 y el 20 por ciento dependiendo del proveedor y el tipo de servicio contratado. Y por último, los alquileres que quedaron dentro de la Ley de Contratos de Locación tendrán un incremento del 221 por ciento mientras aquellos firmados después de la derogación tendrán un ajuste “según el mercado” y las condiciones particulares de cada caso.


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