NACIONALES
Los secretos de la primera crisis política
Karina Milei se vio obligada a convencer al Presidente de soltar el paquete fiscal. La crisis de nervios del mandatario, la tensión con Caputo, el viraje del ajuste y el miedo a los mercados.
Pocas veces los que lo secundan lo vieron tan fuera de su eje. El primer baño de realpolitik tradicional le cayó al presidente Javier Milei como una bomba al carácter, al ego, y expuso a la vez la primera gran crisis política del Ejecutivo en sólo un mes de gestión. Horas antes de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara en conferencia de prensa la baja del paquete de fiscal dentro de la Ley Ómnibus a cambio de intentar conseguir votos para sacar la norma, la secretaria de Presidencia, Karina Milei le comunicó a su hermano las malas nuevas. «Esto no va ni para atrás ni para adelante. Las provincias no quieren saber nada.
En ese momento, Milei volvió al histrionismo de sus épocas de panelista y lanzó insultos diversos a los gobernadores. Tardó un rato en calmarlo, pero Karina, una de las pocas personas en las que el presidente cree cien por cien, logró que entre en razones. Así y todo, le aclaró a su hermana que lleve el mensaje de que «el ajuste se hace, sí o sí. A mí no me van a joder«.
¿Cómo se hará y por dónde vendrá entonces el regreso del Plan Motosierra? Según confirmaron desde Casa Rosada a este diario, en las próximas horas las terminales oficiales empezarán a marcar la cancha de que se viene un ajuste más duro en la obra, en las transferencias a las provincias y, sobre todo, que en marzo el Gobierno presentará una nueva ley fiscal que ya se redacta.
Un dato extra y muy relevante: la caída en desgracia del paquete fiscal preocupa en Washington. Emisarios del Fondo Monetario (FMI) ya le pidieron al gobierno que dé precisiones de cómo cerrarán los números, dado que está para su aprobación el primer desembolso del organismo para la gestión Milei y la obsesión histórica del FMI -bajar jubilaciones y subir retenciones- está frenada. En paralelo, de entrar en sesiones ordinarias, una nueva ley fiscal entraría recién en vigencia en junio, con buena parte del ejercicio jugada y las exportaciones agropecuarias ya anotadas en su totalidad para todo el año.
Crónica de una derrota
Naturalmente, en este contexto, la hermana del presidente había pasado ya dos días viendo cómo se caía a pedazos la pax política con los opositores filo oficialistas del PRO, Pichetto y una parte del radicalismo. El jueves, de hecho, fue en persona al Congreso y elevó la voz con muchos diputados de La Libertad Avanza. Luego comió con el titular de la Cámara, Martín Menem, y le pidió explicaciones. Es que el riojano venía vendiéndoles a Milei y a Karina que la ley salía y los votos estaban, pero en realidad la escena era la inversa.
«No es tanto el tema blanqueo y Ganancias, pero si no bajamos la reforma jubilatoria y la suba de retenciones, esto no sale», le dijo Menem y le mostró un esquema donde el cálculo de conseguir votos era un imposible, incluso con el apoyo masivo del PRO, furgón de cola de los libertarios que le había prometido a la propia Karina «bancar cualquier cosa que tenga la Ley». Karina recibió, también de Menem, la posición de muchos goberndores, como el caso de Entre Rios, que blanquearon ya no tener plata para pagar sueldos.
Al primer aviso de Karina al Presidente sobre lo disputado del escenario, el mandatario siguió en su tono de no tocar nada. Por la tarde del jueves, hubo una reunión de Juan Pazo, secretario de Coordinación de Hacienda, con empresarios y dirigentes políticos. En ese mitín, del que participaron ceos de la Unión Industrial (UIA) y la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), el ex socio de Francisco De Narváez en el Grupo Alas les dijo a los presentes que «si no apoyan la ley, están poniendo en riesgo la política económica del Gobierno». Unas horas después, hubo otro hecho bizarro: Eduardo Serenellini, el tambaleante secretarios de Medios, armó una reunión con empresarios en Casa Rosada de la que participaron Caputo y el asesor en desregulación, Federico Sturzenegger.
Si bien ese encuentro tuvo foto difundida a los medios de una mesa grande con empresarios, la realidad es que los atendieron en forma individual. Un sector le pidió al gobierno no tocar retenciones y otros «no privatizar el Banco Nación, que es el banco de la producción». Fueron pasando de a uno, les dijeron gracias, un café, un vaso de agua y los despacharon. A la salida del encuentro, Serenellini los llamó por teléfono pidiéndoles que, más allá de lo que dijeron en el mitin, «salgan a bancar la ley». No lo consiguió porque todos declararon lo mismo que adentro del encuentro. Karina Milei puso, entonces, el grito en el cielo por otra infructuosa gestión de Serenellini, a quien rechaza de plano y ya ordenó que le saquen su secretaría. Nada estaba ordenado ni cuadraba.
Días complejos para «Toto»
«Decile a Caputo que lo diga él», le pidió Milei a uno de sus asesores, que en horas del mediodía le informó al ministro de Economía que debía dar una conferencia de prensa afirmando todo lo contrario a lo que el Presidente había dicho horas antes, en una entrevista a una cadena internacional de noticias. Caputo habló en La Rosada y aseguró que se baja el paquete fiscal y que la dolarización no está hoy en los papeles. El ruido entre ambos existe y es cada vez más manifiesto.
Pero la derrota más fuerte de Caputo fue la baja del paquete fiscal, que es, ni más ni menos, que el fin de su plan de estabilización. Vale recordar que la Ley Ómnibus de Sturznegger no lo incluía. Fue Milei el que, por incapacidad de armar él mismo un plan fiscal, convocó a Caputo para que lo hiciera. Ese plan terminó agregado a la ley, pero Sturzenegger nunca lo quiso.
Finalmente, el ex titular del BCRA con Macri es quien volvió a ganar en este río revuelto: la salida del plan fiscal deja a la ley reducida a su mayor deseo, la desregulación total de la economía. Y por estas horas «Sturze» se congratula de que «no hay ni un diputado ni un gobernador que me haya querido parar la desregulación». Sturzenegger juega, y fuerte, sin esconder cartas ni intenciones.
En la otra esquina, el que pierde es Caputo porque se debilita el plan económico, que estaba centrado en ajustar jubilaciones para reducir el gasto y en subir retenciones para aumentar la recaudación. A eso se suma que la caída del blanqueo es otro golpe, porque el gobierno tenía allí mucha expectativa puesta. En los despachos de Hacienda hay nervios por la reacción que puedan tener los mercados este lunes, dado que ya descuentan que la movida será leída como una crisis política pero, sobre todo, como la postal de un gobierno débil que no puede instalar cambios de fondo. La otra luz amarilla que se prendió en el quinto piso es la de la inflación, que Caputo creyó poder frenar no sólo congelando la economía, sino con un fuerte ajuste fiscal. Lo que el ministro esperaba que pase en breve, de ocurrir, aparecerá como ajuste recién más adelante.
NACIONALES
Cuáles son los cambios que exige la oposición para acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal
El debate legislativo de la semana finalizó sin dictamen. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Los cinco puntos clave.
Un Pacto de Mayo sin ley, una ley sin forma. La imposibilidad de dictaminar la Ley Bases no solo enterró la ilusión del acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición. No hay acuerdo ni borrador final: solo la certidumbre de que los proyectos que se aprobaron en Diputados no serán los mismos que se aprobarán en el Senado. Hay seis senadores opositores cuyas firmas son claves que todavía aguardan una respuesta del oficialismo sobre sus pedidos de modificaciones y, hasta que no tengan una devolución, no dictaminarán nada. La pelota, aseguran, está del lado del gobierno nacional, que tendrá que definir, este fin de semana, qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar. En el mientras tanto, nadie, ni el propio gobierno, está seguro de qué forma final tendrán las dos primeras leyes que el Congreso le aprobará a Javier Milei.
Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y José Carambia (Santa Cruz) son los seis senadores de cuyas firmas depende que las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales puedan dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal para que puedan llegar al recinto. El oficialismo se equivocó al creer que el número estaba garantizado y que, en todo caso, la discusión por la letra chica se resolvería de camino al recinto. Y los senadores se lo están haciendo pagar. Para muchos, la inclusión de Victoria Villarruel en las negociaciones – hasta ahora desplazada – habilitará un diálogo más fluido con un oficialismo que, hasta ahora, estaba fragmentado. El intercambio era, por momentos, contradictorio: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, decía una cosa y el ministro de Interior, Guillermo Francos, decía otra.
«Que digan lo que quieran, yo no firmo nada». La frase salió de la boca de varios senadores opositores en las últimas 48 horas. Senadores que se sienten empoderados y que, ante la ausencia de ofertas concretas del gobierno – con la excepción de los fondos para la UBA (un guiño directo al radicalismo) -, van acumulando reclamos. El gobierno solo cuenta con siete senadores propios y otros cinco del PRO: está muy lejos de los 37 que necesita para el quórum, por lo que no está en condiciones de ignorar ningún pedido. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, los pedidos son cada vez más.
RIGI
A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales exorbitantes por 30 años para todas las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. El vocero más elocuente contra el RIGI ha sido Lousteau, pero no está solo: el radical arrastra consigo también las objeciones de Tagliaferri, Blanco, Abad y varias fuerzas provinciales. Una de las mayores críticas es al artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el régimen (adhieran o no las provincias). Se reclama, a su vez, establecer un régimen especial para las industrias más chicas – ya que las inversiones por más de 200 millones están pensadas, casi exclusivamente, para la actividad minera y petrolera -, así como algún sistema de «compre argentino» que proteja a la industria local de la apertura de importaciones.
Hay otros senadores, como Kueider, que plantean cambios más de fondo, como la exigencia de encadenamientos productivos locales.
Impuesto a las Ganancias
Si hay un capítulo que no tiene posibilidades de aprobarse sin cambios es la restitución de Ganancias. Los senadores patagónicos exigen incluir un diferencial para la zona – aludiendo a que el costo de vida es mucho mayor que en el resto del país – y reclaman un incremento del piso mínimo del 22 por ciento. Es decir, que pasaría de 1,8 millones a casi 2,2 millones (que es el mínimo que el proyecto sostiene para personas casadas).
Este punto está casi cerrado con el gobierno nacional, ya que los patagónicos amenazaron con voltearle todo el paquete fiscal si no introduce cambios. Los patagónicos están cerca de sumar unos 48 votos en contra. Es decir, los dos tercios del Senado, lo que obligaría al oficialismo a conseguir la misma mayoría en Diputados para rechazar la modificación (un número que LLA no tiene posibilidades de alcanzar). Dependen de que Unión por la Patria y un par de senadores sin tierra quieran acompañar y están confiados en que lo lograrán.
Privatizaciones
Era un capítulo que parecía cerrado y que, en la última semana, empezó a acumular varias objeciones. Principalmente por la privatización de dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Son varios los senadores del Sur que advierten que, si privatizan la línea de bandera, se caerán varias rutas no turísticas de la Patagonia, como ya sucedió en los 90′. El mismo argumento se repite para el Correo Argentino: el temor es que termine habiendo ciudades y pueblos enteros que se queden sin correo si el Estado no lo garantiza.
Estas objeciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo, ya que el capítulo de privatizaciones representa una de las partes centrales de la Ley Bases. En efecto, cuando el proyecto se cayó en febrero en Diputados fue porque el recinto estaba a punto de rechazar las privatizaciones (entonces eran un total de 27, ahora son once). En el oficialismo buscan evitar una «carnicería» del proyecto, pero se enfrentan a una difícil realidad numérica: si los patagónicos repiten el número de Ganancias para privatizaciones podrían terminar blindando también este capítulo frente a posibles modificaciones en Diputados.
Blanqueo de capitales
Con el tándem Lousteau-Tagliaferri encabezando la avanzada, el gobierno reconoce que introducirá cambios en el capítulo de blanqueo (uno de los más generosos de los últimos años, ya que permite que quienes blanqueen hasta 100 mil dólares no paguen ninguna penalización). Uno de los pedidos es excluir a los hermanos de los funcionarios, así prohibir la posibilidad de que las personas puedan blanquear en nombre de otras (testaferros). Otro de los cambios será ampliar de 5 a 10 años el tiempo que tenga que haber pasado desde que una persona ocupó un cargo público para poder acogerse al beneficio.
Moratoria previsional
Hay, además, decenas de pedidos de modificaciones que refieren a la reforma de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Procedimiento administrativo, así como a la reforma laboral. Uno de los temas más delicados es, sin embargo, la eliminación de la moratoria previsional. Hoy por hoy, en el Senado no está el número para aprobar este capítulo, que no solo cuenta con el rechazo de UxP o Carambia y Kueider, sino también de la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. La gran mayoría de los senadores coinciden en que eliminar la moratoria representaría un duro golpe para las mujeres – 9 de cada 10 no cuenta con los 30 años de aportes – y nadie quiere cargar con ese costo político. Más de un senador pro Ley Bases, incluso, tiene planeado levantar e irse durante la votación para no tener que votar a favor.
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