INFO. GENERAL
Fin de la ley de alquileres: qué pasará con los contratos

Los contratos en curso no tienen modificaciones, mientras que las nuevas locaciones, tienen nuevas reglas.
Los alquileres en curso no sufrirán ninguna clase de modificación. Mientras que las nuevas locaciones pasan a regirse por acuerdos de partes, tanto en plazos de duración, precio y moneda, al entrar en vigencia hoy el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 firmado por el presidente, Javier Milei.
La norma derogó la Ley de Alquileres N° 27.551 sancionada en 2020 y la reforma que se realizó este año –Ley N° 27.737-, por la cual se pretendió regular las condiciones de los contratos y fijaba un mecanismo de actualización del valor de las locaciones.
Desde su entrada en vigencia, se produjo una brusca caída de la oferta de inmuebles para alquiler y una fuerte suba de precios por la escasez de oferta.
El DNU fija nuevas normas para los contratos a partir de hoy, pero no modifica en nada los contratos que están vigentes. Sí lo hará al vencimiento de cada uno de los contratos en curso.
Desde la entrada en vigencia del decreto, propietarios e inquilinos pueden formalizar un contrato entre partes sin ningún tipo de restricciones.
Es decir, pueden ponerse de acuerdo en el tiempo de duración del contrato, la forma en que se actualizarán los valores y, también, la moneda en que se ejecutará, con lo cual pueden suscribirse en dólares.
El DNU incluyó una cláusula que indica que el inquilino deberá pagar un 10 % del contrato restante en caso de rescisión. Por otro lado, las mejoras en la vivienda dependerán de la negociación entre las partes.
En caso que, por algún motivo, no se haya acordado el plazo de vigencia, el período pasa a ser de 2 años.
El DNU no impone límites a los depósitos en garantías. En consecuencia, a partir de ahora, el monto y la moneda en la que deberán ser pagados dependen del acuerdo entre el propietario y el inquilino.
La misma desregulación opera para la intermediación de las inmobiliarias.
¿Qué pasa si firmo hoy un contrato y luego se suspende el DNU?
El DNU ya está en vigencia y todos los contratos que se firmen, mientras mantenga esa condición, no podrán modificarse. Por ejemplo, si se firma hoy y el martes el DNU cae, se mantienen las condiciones firmadas hoy. A partir del momento de la suspensión del DNU, los alquileres debieran pactarse bajo la Ley N° 27.737 que reformó la Ley N° 27.551.
INFO. GENERAL
«El Tribunal Superior de Justicia es el último bastión kirchnerista en Santa Cruz»

En medio de un clima de desconfianza hacia la Justicia, la diputada provincial Adriana Nieto impulsa una reforma para ampliar de cinco a nueve los vocales del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Sostiene que la medida es clave para garantizar mayor independencia, agilidad y transparencia en el sistema judicial.
La diputada provincial Adriana Nieto propuso modificar el artículo 24 de la Ley Orgánica de Justicia para aumentar de cinco a nueve la cantidad de vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz.
Según la legisladora, la ampliación es necesaria para responder al crecimiento poblacional, la mayor conflictividad social y la necesidad de un Poder Judicial más rápido, eficiente e independiente. «El Tribunal Superior de Justicia es el último bastión kirchnerista en la provincia. Más que una familia judicial, es una familia política«, afirmó.
Críticas al funcionamiento actual
Nieto señaló que la falta de independencia judicial genera demoras prolongadas en causas, escasa atención de jueces y funcionarios y una sensación de indefensión ciudadana. Aclaró que la ampliación no es una «solución mágica», pero sí un paso clave para incorporar nuevos criterios que fortalezcan la transparencia y la calidad de las sentencias.
La diputada también cuestionó que uno de los vocales no cumple requisitos constitucionales y recordó que el TSJ no acató un fallo de la Corte Suprema en el caso Sosa.
Ante el rechazo del diputado Ely Echazú, quien argumentó un costo de 14 millones de pesos por cada nuevo vocal, Nieto replicó que «no es un problema presupuestario», recordando que el presupuesto judicial pasó de 25 mil millones en 2020 a 128 mil millones en 2024.
Asimismo, denunció que el propio Poder Judicial frena leyes que buscan transparentar su funcionamiento, como la del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, detenida por una medida cautelar.
Su iniciativa se complementa con proyectos para modernizar la Ley de Honorarios Profesionales y promover la oralidad en todos los fueros, con el objetivo de agilizar los procesos judiciales en Santa Cruz. (Fuente: La Vanguardia Noticias)
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