El fiscal dejó asentada su posición en un dictamen de 46 páginas que le presentó al juez federal Sebastián Casanello en el que remarcó que, a pesar de haber exhibido un vínculo «directo» entre la exmandataria y Lázaro Báez, no logró reunir elementos probatorios suficientes.

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que se investiga si tuvo alguna vinculación con las maniobras de lavado de dinero por las que fue condenado el empresario Lázaro Báez.

El representante del Ministerio Público Fiscal dejó asentada su posición en un dictamen de 46 páginas que le presentó al juez federal Sebastián Casanello en el que remarcó que, a pesar de haber exhibido un vínculo «directo» entre la exmandataria y el empresario, no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada en su momento para convocarla a indagatoria.

«Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió» interrogarla, sostuvo el fiscal.

«A esa debilidad probatoria para sostener una posible orden de Cristina Fernández y/o cualquier otro tipo de acción, ya sea, coactuar, participar y/o instigar el movimiento ilícito de los fondos llevados a Suiza, se suman los desacertados y erróneos fundamentos del reciente fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -al voto mayoritario me refiero-, en punto al delito precedente del lavado de dinero al que vengo aludiendo», remarcó Marijuan.

«Ello pues, como abordaré en adelante, no hace más que centrar la escena en la actividad ilícita en cabeza de Lázaro A. Báez y la evasión fiscal de su ‘patrimonio’, que yo llamaría botín, dejando a un lado, el vínculo del lavado de activos con la obra pública vial y con ello al poder político de turno en ese momento», señaló.

En el fallo invocado por Marijuan, los jueces del máximo tribunal penal confirmaron que existieron las maniobras de lavado de dinero por 55 millones de dólares aunque votaron de manera dividida al expedirse sobre el origen de esos fondos: los camaristas Ángela Ledesma y Mariano Borinsky lo vincularon con maniobras de evasión impositiva, mientras que el juez Javier Carbajo avaló la hipótesis de que pudieran provenir de delitos vinculados a la Obra Pública.

«Resulta inconducente ingresar al tratamiento de los cuestionamientos impetrados por las defensas contra el razonamiento seguido por el voto mayoritario del tribunal a quo (el Tribunal Oral Federal 4) sobre el origen ilegal de los fondos, eventualmente provenientes de delitos contra la administración pública y su compatibilidad, o no, con la comisión de delitos tributarios», sostuvo, de todas formas, Borinsky en su voto.

El fiscal Marijuan sostuvo en su dictamen que el voto mayoritario de los jueces de la Sala IV de Casación «resulta a todas luces desacertado» porque implica «anular» como delito precedente «la asignación irregular de obra pública», lo que a su criterio implica «esconder una realidad innegable».

El fiscal resaltó es su dictamen que no tiene «duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Fernández y Lázaro Antonio Báez» y agregó: «La reciente prueba incorporada a esta causa a instancia del suscripto, en punto al estudio del entrecruzamiento de llamadas entre teléfonos de Lázaro Báez y Cristina Fernández y/o sus secretarios y colaboradores, demuestran que el primero tuvo al menos 372 contactos telefónicos en un período de poco más de dos años».

Párrafos más abajo sostuvo que «de esas comunicaciones, 4 se registraron entre líneas a nombre de Cristina Fernández y teléfonos registrados como de Lázaro Báez», por lo que sostuvo que eran «algo más que simples conocidos de Santa Cruz y tenían un contacto fluido».

Tras todo ese análisis, Marijuan concluyó que en los 10 años de investigación no se pudo probar que la vicepresidenta fuera coautora o tuviere una participación «en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero».