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Si los dólares no alcanzan, qué se debe hacer

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El golpe de la sequía a las reservas del Banco Central y a las cuentas fiscales del Tesoro es muy fuerte. Así como está, el acuerdo con el FMI es incumplible y se convierte en un factor de inestabilidad económica y política. Cuál es la estrategia de Massa para enfrentar la tormenta de falta de dólares.

Alfredo Zaiat

Por Alfredo Zaiat

Los objetivos cuantitativos de las principales variables macroeconómicas definidos en el acuerdo con el FMI firmado hace un año son incumplibles, y los son no porque el ministro Sergio Massa no quiera hacer el esfuerzo, sino porque el contexto local e internacional los hace imposible de alcanzar por más ajuste que ofrezca.

En las próximas semanas el equipo económico comenzará una negociación clave con el staff del FMI en el marco de la revisión de las metas del primer trimestre de este año.

Será el momento de barajar y dar de nuevo para un acuerdo que, cuando se rubricó, en el escenario económico local no había recibido el impacto demoledor de una de las peores sequías de la historia, y en el internacional no enfrentaba una inquietante crisis bancaria en Estados Unidos y Europa.

Como toda negociación con el Fondo, la cuestión técnica (o sea, la definición de las metas) está condicionada a un entendimiento político con el país dueño de este organismo multilateral (Estados Unidos).

Con menos dólares y con menos pesos

La semana pasada se detalló en estas páginas el derrumbe de la campaña de soja y maíz por el desastre climático que restará de 15.000 a 22.000 millones de dólares del complejo agroexportador. Habrá menos reservas para el Banco Central y también menos pesos en el Tesoro por cobro de retenciones a las exportaciones de soja y maíz (el cálculo del mercado es de una merma de 1 billón de pesos).

Los precios internacionales de granos y oleaginosas además no se verán impulsados al alza por el menor aporte de la producción argentina al mercado mundial, que podría llegar a compensar una parte de los ingresos por la caída de exportaciones por cantidad, debido a la cosecha record de Brasil y la muy buena de Estados Unidos.

A este cuadro complicado se le agrega que el sistema bancario de las potencias occidentales está temblando y se suceden reuniones cumbres de las bancas centrales más importantes del mundo y organismos de regulación del mercado para tratar de detener la debacle.

La negociación final siempre es política

El viaje presidencial a Estados Unidos para el demorado encuentro bilateral de presidentes entre Alberto Fernández y Joe Biden se concretará en un momento justo para abordar esta delicada situación. Dejar pasar esta oportunidad tendría elevados costos económicos, sociales y políticas para el oficialismo. 

Para ello Fernández debe involucrarse en la cuestión en términos de política internacional pese a que las complicaciones económicas presentes lo incomodan en su estrategia deliberada de indefinición electoral. 

Massa será parte de la comitiva y tendrá la misión de eludir las presiones del Departamento del Tesoro, que, como es habitual, reclama un programa de ajuste recesivo sin importar cuál es el contexto.

Antes y ahora, se sabe que la clave de un acuerdo o la redefinición de uno con el Fondo Monetario se juega en el terreno político, donde participan las potencias occidentales además de China y Rusia, pero con Estados Unidos teniendo la última palabra.

Así fue con el crédito insólito entregado al gobierno de Mauricio Macri por exigencia directa de la administración Trump, y también cuando se definieron condiciones laxas en el acuerdo de refinanciación con el gobierno de Fernández.

En este marco, con el explícito deseo de la Casa Blanca de no provocar una debacle política y económica en Argentina, el pedido mínimo debería ser no entregar más dólares de los que se recibirá del FMI en este año, y además conseguir financiamiento adicional de otros organismos internacionales que hacen lo que dice Estados Unidos.

Se entregan más dólares de los que se reciben en la cuenta con el FMI

Las circunstancias cambiaron desde el momento en que se cerró el acuerdo de refinanciación de la deuda con el FMI acompañado de un programa stand by de revisión trimestral. Y las circunstancias cambiaron para peor.

Con escasos dólares en el Banco Central y la proyección de una merma de por los menos 15 mil millones de dólares por la caída de las exportaciones agrarias, sería un desatino mantener el actual cronograma de desembolsos del FMI para pagar cuotas de capital e intereses de la deuda con el propio FMI a lo largo de este año.

Por caso, en el plan original, en marzo vencen 5526 millones de dólares de capital y los intereses suman 348 millones de dólares, pero éstos más que se duplicaron por el alza de la tasa de interés de un año a otro.

El giro comprometido del Fondo, luego de aprobar la revisión de las metas del último trimestre del 2022, asciende a 5300 millones de dólares. O sea, el resultado será negativo para la cuenta Reservas del Banco Central.

En todo el 2023, el saldo neto de dólares para las arcas del Central será negativo de 2500 a 3500 millones de dólares, monto que se elevó desde el pacto inicial por el alza vertiginosa de la tasa de interés internacional, a lo que se le agrega el sobrecargo que el directorio del FMI decidió mantener pese a al esfuerzo diplomático de Argentina en el G20 y la propia recomendación de sus miembros.

Se trata de una cifra global que, con la proyección del flujo de divisas en los próximos meses, agudizará hasta niveles extremos las presiones en el mercado cambiario.

Cambiar el cronograma de desembolsos y pagos con el Fondo en el 2023

No es cuestión de ingresar en un debate circular de si se quiere o no cumplir con el FMI; la situación objetiva de las reservas exige otro esquema de cancelación de cuotas del crédito con el FMI.

Debería ser una instancia consensuada con el propio Fondo para no quedar en estado de mora, lo que implicaría un costo adicional, sino principalmente para no incorporar otro factor de incertidumbre a la frágil situación financiera y cambiaria.

El incumplimiento tendría que estar acompañado con la apertura simultánea de negociaciones para definir otro sendero financiero y fiscal para las cuentas argentinas, por lo menos para este año.

Ya habrá tiempo para que el gobierno que surja de las urnas en octubre, en primera vuelta, o en noviembre, en un balotaje, redefina las condiciones de un nuevo pacto con el Fondo.

El elemento que puede jugar a favor de esta posición es que Estados Unidos, a través del FMI, no querrá sumar otro frente conflictivo con riesgo de contagio en la región cuando debe lidiar con una crisis bancaria de imprevisible desenlace global.

La corrida cambiaria es y será permanente

Massa sabe que debe lidiar con una corrida cambiaria permanente y con escasas reservas en el Banco Central para hacerle frente. El ordenamiento de los pasivos públicos en bonos tiene el propósito de intervenir en las expectativas del mercado, al desalentar la opción de una fuerte devaluación, más que en una acción constante de vender títulos para evitar una disparada de las cotizaciones de los dólares financieros (contado con liquidación y MEP).

Estabilizar esos precios apunta a contener la inercia inflacionaria, que se acelera, según Massa, cuando hay un repunte de las cotizaciones de los dólares financieros.

Además de accionar sobre el mercado cambiario y tras el objetivo antiinflacionario diseñó una estrategia de sumar dólares por diferentes vías, entre las que se destacan las siguientes:

  • El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) concretó un desembolso de 395 millones de dólares de un crédito otorgado a Argentina, que pasaron a integrar las reservas internacionales del Banco Central.
  • La Corporación Andina de Fomento (CAF) entregó 285,4 millones de dólares de un crédito otorgado al país que también suman a las reservas.
  • El Central ya efectivizó tres desembolsos por 1000 millones de dólares cada uno del swap vigente con el Banco del Pueblo de China.
  • El Gobierno pagó el anticipo y fijó de este modo en 20 dólares el precio de invierno de GNL, lo que implica un ahorro estimado de 1930 millones de dólares para el año.
  • Estima que en el período abril-agosto habrá record histórico de exportaciones de la industria automotriz y en el sector minero.
  • Apuesta a un incremento de las ventas externas de gas y petróleo a Chile y Brasil en los próximos meses.

Qué hacer cuando la manta no sólo es corta, sino que no cubre ni arriba ni abajo

La sequía histórica pega en las cuentas de dólares y de pesos. La reacción inmediata de los economistas es la de implementar una devaluación brusca, aplicar un fuerte ajuste de las cuentas públicas o conseguir ingresos de capitales del exterior. Esto último a través de organismos multilaterales de crédito, puesto que el financiamiento voluntario ha quedado cerrado después de la orgía de endeudamiento en el gobierno de Mauricio Macri.

Con un poco de cada cosa, sin movimientos violentos, Massa intenta transitar el frente de tormenta económica en este año electoral. La respuesta adecuada entonces es política en el marco de las restricciones que tiene la economía.

El tipo de cambio oficial sigue acompañando la tasa de inflación pasada, unos meses por encima y otros por debajo, al eludir de este modo el pedido de una devaluación brusca.

El recorrido del mercado de cambio, que acumula varios episodios traumáticos, enseña que una fuerte devaluación no sirve para ordenar en forma equilibrada el sector externo, sino que lo hace con un descalabro de proporciones que deriva en costos sociales, económicos y laborales inmensos.


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Cuáles son los cambios que exige la oposición para acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal

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El debate legislativo de la semana finalizó sin dictamen. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Los cinco puntos clave.

Por María Cafferata

Un Pacto de Mayo sin ley, una ley sin forma. La imposibilidad de dictaminar la Ley Bases no solo enterró la ilusión del acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición. No hay acuerdo ni borrador final: solo la certidumbre de que los proyectos que se aprobaron en Diputados no serán los mismos que se aprobarán en el Senado. Hay seis senadores opositores cuyas firmas son claves que todavía aguardan una respuesta del oficialismo sobre sus pedidos de modificaciones y, hasta que no tengan una devolución, no dictaminarán nada. La pelota, aseguran, está del lado del gobierno nacional, que tendrá que definir, este fin de semana, qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar. En el mientras tanto, nadie, ni el propio gobierno, está seguro de qué forma final tendrán las dos primeras leyes que el Congreso le aprobará a Javier Milei. 

Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y José Carambia (Santa Cruz) son los seis senadores de cuyas firmas depende que las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales puedan dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal para que puedan llegar al recinto. El oficialismo se equivocó al creer que el número estaba garantizado y que, en todo caso, la discusión por la letra chica se resolvería de camino al recinto. Y los senadores se lo están haciendo pagar. Para muchos, la inclusión de Victoria Villarruel en las negociaciones – hasta ahora desplazada – habilitará un diálogo más fluido con un oficialismo que, hasta ahora, estaba fragmentado. El intercambio era, por momentos, contradictorio: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, decía una cosa y el ministro de Interior, Guillermo Francos, decía otra. 

«Que digan lo que quieran, yo no firmo nada». La frase salió de la boca de varios senadores opositores en las últimas 48 horas. Senadores que se sienten empoderados y que, ante la ausencia de ofertas concretas del gobierno – con la excepción de los fondos para la UBA (un guiño directo al radicalismo) -, van acumulando reclamos. El gobierno solo cuenta con siete senadores propios y otros cinco del PRO: está muy lejos de los 37 que necesita para el quórum, por lo que no está en condiciones de ignorar ningún pedido. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, los pedidos son cada vez más.

RIGI

A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales exorbitantes por 30 años para todas las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. El vocero más elocuente contra el RIGI ha sido Lousteau, pero no está solo: el radical arrastra consigo también las objeciones de Tagliaferri, Blanco, Abad y varias fuerzas provinciales. Una de las mayores críticas es al artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el régimen (adhieran o no las provincias). Se reclama, a su vez, establecer un régimen especial para las industrias más chicas – ya que las inversiones por más de 200 millones están pensadas, casi exclusivamente, para la actividad minera y petrolera -, así como algún sistema de «compre argentino» que proteja a la industria local de la apertura de importaciones.

Hay otros senadores, como Kueider, que plantean cambios más de fondo, como la exigencia de encadenamientos productivos locales.

Impuesto a las Ganancias

Si hay un capítulo que no tiene posibilidades de aprobarse sin cambios es la restitución de Ganancias. Los senadores patagónicos exigen incluir un diferencial para la zona – aludiendo a que el costo de vida es mucho mayor que en el resto del país – y reclaman un incremento del piso mínimo del 22 por ciento. Es decir, que pasaría de 1,8 millones a casi 2,2 millones (que es el mínimo que el proyecto sostiene para personas casadas). 

Este punto está casi cerrado con el gobierno nacional, ya que los patagónicos amenazaron con voltearle todo el paquete fiscal si no introduce cambios. Los patagónicos están cerca de sumar unos 48 votos en contra. Es decir, los dos tercios del Senado, lo que obligaría al oficialismo a conseguir la misma mayoría en Diputados para rechazar la modificación (un número que LLA no tiene posibilidades de alcanzar). Dependen de que Unión por la Patria y un par de senadores sin tierra quieran acompañar y están confiados en que lo lograrán. 

Privatizaciones

Era un capítulo que parecía cerrado y que, en la última semana, empezó a acumular varias objeciones. Principalmente por la privatización de dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Son varios los senadores del Sur que advierten que, si privatizan la línea de bandera, se caerán varias rutas no turísticas de la Patagonia, como ya sucedió en los 90′. El mismo argumento se repite para el Correo Argentino: el temor es que termine habiendo ciudades y pueblos enteros que se queden sin correo si el Estado no lo garantiza. 

Estas objeciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo, ya que el capítulo de privatizaciones representa una de las partes centrales de la Ley Bases. En efecto, cuando el proyecto se cayó en febrero en Diputados fue porque el recinto estaba a punto de rechazar las privatizaciones (entonces eran un total de 27, ahora son once). En el oficialismo buscan evitar una «carnicería» del proyecto, pero se enfrentan a una difícil realidad numérica: si los patagónicos repiten el número de Ganancias para privatizaciones podrían terminar blindando también este capítulo frente a posibles modificaciones en Diputados. 

Blanqueo de capitales

Con el tándem Lousteau-Tagliaferri encabezando la avanzada, el gobierno reconoce que introducirá cambios en el capítulo de blanqueo (uno de los más generosos de los últimos años, ya que permite que quienes blanqueen hasta 100 mil dólares no paguen ninguna penalización). Uno de los pedidos es excluir a los hermanos de los funcionarios, así prohibir la posibilidad de que las personas puedan blanquear en nombre de otras (testaferros). Otro de los cambios será ampliar de 5 a 10 años el tiempo que tenga que haber pasado desde que una persona ocupó un cargo público para poder acogerse al beneficio.   

Moratoria previsional

Hay, además, decenas de pedidos de modificaciones que refieren a la reforma de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Procedimiento administrativo, así como a la reforma laboral. Uno de los temas más delicados es, sin embargo, la eliminación de la moratoria previsional. Hoy por hoy, en el Senado no está el número para aprobar este capítulo, que no solo cuenta con el rechazo de UxP o Carambia y Kueider, sino también de la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. La gran mayoría de los senadores coinciden en que eliminar la moratoria representaría un duro golpe para las mujeres – 9 de cada 10 no cuenta con los 30 años de aportes – y nadie quiere cargar con ese costo político. Más de un senador pro Ley Bases, incluso, tiene planeado levantar e irse durante la votación para no tener que votar a favor. 


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