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La Corte Suprema enfrenta el juicio político dividida por el escándalo de los chats

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La filtración del intercambio entre el principal asesor de Rosatti y D’Alessandro sigue sembrando tensión entre los cortesanos. La apuesta a que el paso del tiempo sepulte la revelación. Además, las incógnitas que tienen los ministros sobre la evolución del proceso abierto en Diputados.

Por: Néstor Espósito@nestoresposito

La Corte Suprema eligió una estrategia de bolero de los años ’50 («que el tiempo todo lo cure») para superar la crisis interna que generó la filtración de los chats entre Silvio Robles, el principal asesor del presidente Horacio Rosatti, con el ministro de Seguridad y Justicia porteño (en uso de licencia) Marcelo D’Alessandro. De las puertas hacia afuera, el mensaje (que ni siquiera será verbalizado oficialmente) será: «aquí no ha pasado nada». Y cuanto más tiempo se pueda sostener el silencio, mejor.

Tras el final de la feria judicial de enero, el máximo tribunal volverá a celebrar un acuerdo el próximo jueves. En principio iba a ser el martes, como ocurre habitualmente, pero el propio Rosatti –que, como presidente, tiene esa facultad– decidió postergarlo dos días.

Ese mismo jueves, por la tarde, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá para definir sobre la base de cuáles de las 18 acusaciones que analiza intentará avanzar con el proceso de destitución de los cuatro cortesanos.

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Los jueces no parecen preocupados por lo que pueda pasar en el Congreso. Pese a que reconocen que individual y colectivamente no atraviesan una primavera florida, confían en que la desorientación y el continuo fracaso de las iniciativas del gobierno de Alberto Fernández en materia judicial son suficientes para garantizarles la continuidad en sus cargos. La raleada concurrencia a la marcha del 1F frente a tribunales ni los mosqueó. Y en el improbable escenario de un avance en el juicio político, cuentan con el reaseguro de la protección mediática. De la misma manera que tres o cuatro tapas voltean a un juez, la ausencia de ellas los acoraza y abriga.

No obstante, el oficialismo se ilusiona con la posibilidad de destrabar el camino hacia una mayoría calificada de dos tercios de los legisladores de cada Cámara para finalmente destituir a los jueces. Y supone que la llave puede ser la situación de Ricardo Lorenzetti.

La Coalición Cívica parece decidida a sostener sus antiguas denuncias y pedidos de juicio político contra Lorenzetti, cimentadas en una añeja disputa, casi rayana en lo personal, entre el expresidente de la Corte y Elisa Carrió.

El Frente de Todos confía, además, en que desde la Unión Cívica Radical podrían arrimarle algún otro apoyo que lo acerque a una mayoría para acusar primero y destituir después.

Pero la CC anunció que no acompañará los pedidos de juicio político contra Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. «Yo no creo que sea sano ir contra todos los miembros de la Corte», dijo la diputada Paula Olivetto en la última reunión de la Comisión. «No vamos a ir contra una Corte entera para presionarla», corroboró el presidente de la bancada de la CC, Juan Manuel López.

«Si cae uno arrastrará a todos los demás», especulan, empero, en el oficialismo. El cálculo parece, a primera vista, temerario e improbable.

Es cierto que la mayoría de los reproches que pesan sobre Lorenzetti son extensibles al resto de los jueces. Aunque la presidencia que el santafesino ejerció durante once años en el máximo tribunal tuvo una fuerte impronta personalista, casi todas las decisiones trascendentes de administración interna, manejo del presupuesto y política judicial, se tomaron de manera colegiada. Firmaron todos. Entonces razonan que si Lorenzetti fuera destituido por esas causales, el resto también debería terminar eyectado, con los mismos argumentos, del cuarto piso del Palacio de Tribunales.

¿Y si eso no ocurriera? ¿Y si sólo rodara la cabeza de Lorenzetti?

Sería un nuevo desastre para el gobierno, pues entonces se consolidaría en la Corte la troika que -encolumnada detrás de Rosatti– hoy detenta el poder. Acaso un poder delegado, pero suficiente para incidir política, social y económicamente, desbalanceando la balanza, el símbolo de la Justicia. El poder real, se sabe, está en otro lado.

Aunque puertas afuera la Corte finja demencia sobre el escándalo de los chats, hacia adentro la situación es compleja.

Nadie en el máximo tribunal ha dicho nada sobre el contenido de esa filtración. La excusa vacua del supuesto espionaje ilegal no alcanza para tapar la sospecha de relaciones promiscuas que no deberían ocurrir en el Poder Judicial.

En lo formal, funcionó a la perfección el blindaje: el juez federal Sebastián Ramos archivó en tiempo récord durante la feria judicial (sin que fuera un tema que debiera tratarse en la feria), y siguiendo un dictamen del fiscal Carlos Stornelli, una denuncia contra Robles y D’Alessandro presentada a título personal por el abogado de uno de los acusados de querer matar a Cristina Fernández de Kirchner. Hay un abrumador reconocimiento, que incluye a jueces de la Corte, sobre que ese manejo no resiste el menor análisis: hubo Forum Shopping (mecanismo ilegal para elegir al juez de una causa) y la estrategia de un denunciante solitario evitó la posibilidad de una querella que pudiera apelar el cierre veloz y prematuro. Judicialmente, el tema está terminado. Y si el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla quisiera mover el avispero avanzando en la denuncia que formuló el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ya está preparada la artillería para que ese expediente aterrice en Comodoro Py, una suerte de moderno Triángulo de las Bermudas, muy selectivo por cierto.

Silvio Robles cerró sus vías de contacto en WhatsApp y Telegram y en su celular sólo atiende un contestador que promete una devolución de llamado que nunca llega.

Las segundas líneas de la Corte, algunas de ellas veteranas y curtidas en otros alborotos internos, advierten sobre una situación casi burocrática: en el esquema administrativo, si bien es «personal de planta», Robles no es «empleado de la Corte» sino de Rosatti. Parece una disquisición menor; sin embargo, sobre ese razonamiento se basa una teoría que indica que Robles no es un problema para la Corte sino para Rosatti, aunque salpique para todos lados.

¿Habrá en el acuerdo del próximo jueves algún «gesto» de Rosatti en relación con la situación de su principal colaborador? La incomodidad y el malestar ya están instalados; la expectativa sobre qué hará el presidente de la Corte, también.


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El futuro de la energía atómica: renuncias, desfinanciamiento y deudas millonarias

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La CNEA tiene parados sus proyectos principales y acumula deudas millonarias. Los despidos ya llegan a 570. Paro y protestas de la Uocra. La voz de la presidenta saliente, Adriana Serquis.

Pablo Esteban

Por Pablo Esteban

En medio del brutal ajuste en el sector nuclear, el gobierno finalmente aceptó la renuncia que Adriana Serquis había presentado el 10 de diciembre y, mediante un decreto, determinó que Germán Lavalle y Luis Rovere asumieran como presidente y vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).  La funcionaria saliente había denunciado la falta de fondos para continuar con obras claves como el Carem y el RA-10 –dos reactores nucleares que se construyen desde 2014 y 2016, y que en poco tiempo podían estar listos–, así como también alertó por la acumulación de una deuda millonaria con las compañías subcontratistas que contribuían a la fabricación de las tecnologías. Representa toda una incógnita el futuro de la institución a partir del cambio de timón y el recambio de autoridades, que se produce mientras la motosierra trabaja a pleno: los dos proyectos están paralizados y en torno al Carem los despidos ya están por llegar a los 570, según denunció la Uocra, que mantiene en Zárate una huelga por tiempo indeterminado. Esta semana, hubo marchas y cortes de ruta en esa ciudad en reclamo de la continuidad de los trabajos.  

Más allá de las dudas, Serquis aventura sus propias proyecciones a partir de las conversaciones sostenidas con los nuevos gestores. “Me dijeron que el RA-10 lo van a tratar de sacar adelante sí o sí, porque le falta poquito. La mayor duda está con el Carem, con el que quieren hacer una revisión integral con auditores externos”. Y completa: “Veo difícil que puedan destrabar el conflicto presupuestario, ellos dicen que van a intentar resolverlo. Nosotros les comunicamos la urgencia y la necesidad de fondos para cada uno de los proyectos. La institución a partir de junio no va a poder funcionar, eso está claro”.

La situación de la CNEA, el organismo rector de la energía nuclear en el país, es conflictiva por varios motivos: en los últimos meses contrajo deudas millonarias con los contratistas que trabajan en la puesta en marcha de los reactores (en el caso del Carem, por ejemplo, acumula una suma de 7 mil millones de pesos), despidos de trabajadores implicados en líneas de trabajo que están suspendidas por el momento (principalmente de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, una de las principales contratistas) y cerebros que ya se fugan ante la imposibilidad de condiciones de trabajo adecuadas. El gobierno no envía los fondos necesarios y ello sirve como detonante para empujar a la Comisión al borde del abismo.

Finalmente, el presidente Milei le aceptó la renuncia a Serquis y luego de la transición asumieron los nuevos nombres. La doctora en Física y además Investigadora Principal del Conicet lo relata de este modo: “Hace un par de semanas vengo trabajando con esta gente. Me había comprometido a hacer una transición razonable y lo hice. El secretario de Energía me pidió que me pusiera en contacto con Germán Lavalle, que también realizó reuniones con los gerentes de área de nuestra institución. Como vicepresidente lo acompaña Luis Rovere. Ambos son ingenieros nucleares y egresados del Instituto Balseiro”, comenta quien a partir de la semana que viene volverá a estar al frente del Instituto de Nanociencia y nanotecnología del Conicet.

Los que entran y los que salen

Consultada por este diario, Serquis brinda un detalle de la trayectoria de las autoridades designadas. “En los 90’s, Lavalle fue gerente de institucionales en el momento en que la CNEA perdió el control de las centrales nucleares, cuando fueron a parar a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. En el 2000 se fue de la institución con un retiro voluntario que le ofreció el gobierno de la Alianza”. Lavalle, según cuenta la expresidenta, se autoasume con un perfil “más técnico que político”. A menudo, se utiliza tal caracterización cuando se busca dotar de legitimidad el rol experto en detrimento del ideológico; como si la ciencia y la política podrían pensarse como dos campos autónomos. Rovere, por su parte, es ingeniero nuclear y es gerente del Centro de Medicina Intecnus, una institución sanitaria reconocida en Bariloche. “Las nuevas autoridades tratarán de poner nuevos gerentes de las gestiones anteriores. Por ahora, no vi en carpeta a ninguna mujer en su equipo de trabajo y no tengo idea si sacarán a las que ahora están a cargo. Estoy preocupada, la verdad”.

Lavalle y Rovere reemplazan a Adriana Serquis y a Diego Hurtado, que había presentado su renuncia el 9 de diciembre cuando Alberto Fernández aún era el presidente. Serquis se destacó en su rol por conducir iniciativas relevantes como los reactores nucleares Carem y el RA 10, desarrollos que están en etapas muy avanzadas de diseño y que podrían ser fundamentales para el ingreso de miles de millones de dólares al país si en el futuro inmediato consiguieran finalizarse. Tecnologías que, de hecho, podrían colocar a Argentina a la vanguardia de la energía nuclear.

Asimismo, Serquis tuvo un rol fundamental al democratizar las condiciones de acceso y participación de las mujeres en la gestión de la energía nuclear. También se destacó por un relato muy activo en pos de cambiar la percepción social con respecto a la materia. En cada intervención pública, trató de narrar las ventajas que tiene la energía nuclear en relación a otras energías e intentó desestigmatizar una fuente que históricamente estuvo marcada por desastres como Chernobil y Fukushima. También, sus colegas detallan su énfasis en promover el conocimiento local como vía hacia la soberanía: se forman científicos y científicas en instituciones públicas y luego le devuelven al Estado esta educación de excelencia a través del diseño de tecnologías autóctonas que, en última instancia, permiten el ingreso de divisas al país.

Casi listos, casi paralizados

El Carem es el primer reactor de potencia baja y media, diseñado y desarrollado 100 por ciento en Argentina. Su puesta en marcha podría ser clave para el abastecimiento eléctrico en zonas alejadas de centros urbanos y en parques fabriles, así como también para objetivos diversos que serán cruciales en los próximos años, como la desalinización del agua de mar y la producción de hidrógeno. Por su parte, el RA 10 servirá, entre otras cosas, para abastecer de radioisótopos a todos los centros de medicina nuclear del país; insumos fundamentales para el diagnóstico y el tratamiento de cáncer.

Las aplicaciones en salud, industria, ciencia y tecnología son infinitas para estas dos tecnologías de primer nivel internacional que, según las proyecciones y si el ritmo no se hubiese ralentizado por falta de financiamiento, deberían haber estado listos para 2025 (RA-10) y 2028 (Carem). Para tener referencia, el proyecto Carem ya lleva invertidos 650 millones de dólares y requeriría de una partida de 200 millones más para concluir; cuando un proyecto de la misma envergadura en Estados Unidos cuesta 1400 millones de dólares. En relación a las ganancias que se podrían obtener, la venta de un reactor de la magnitud del Carem podría significar un ingreso de 4 mil millones de dólares; mientras que el RA-10, de ponerse en marcha, podría significar ingresos de 90 millones de dólares al año.

Las potencialidades de ambas iniciativas son innegables. Sin embargo, por el momento, la inercia parece estar frenada hasta nuevo aviso. Para los tiempos que maneja la ciencia ya están casi listos, pero por una decisión política están prácticamente paralizados. 

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