La cadena presidencial impactó en el gobierno porteño. Los magistrados señalados le dejaron la vocería al ministro de Seguridad, que habría sido víctima del robo de los datos de su celular. Incomodidad en el gabinete capitalino y la aplicación del método que habían pactado en Telegram para revertir la carga de la prueba.

Por: Claudio Mardones@mcmardons

Desde el viernes, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, transita otro momento espinoso de su carrera política. Este lunes lo obligó a su jefe político, Horacio Rodríguez Larreta, a respaldarlo públicamente. «Hablé con él y confío en sus palabras: como hemos hecho siempre, él y todos los funcionarios de la Ciudad están a disposición de la Justicia para lo que ella disponga», escribió el alcalde para rechazar cualquier versión sobre su renuncia y contener las críticas del Frente de Todos, cuyos dirigentes reclaman su cabeza, en el arranque de un caso con consecuencias políticas imprevisibles pero un derrotero judicial intrigante.

Según contó el funcionario en una entrevista radial, hace tres días que está al tanto de la filtración del chat de Telegram que lo incomoda. Allí aparece como uno de los integrantes del grupo armado por jueces, fiscales y el titular del Grupo Clarín, Jorge Rendo, para afrontar las consecuencias públicas de una nota del diario Página 12. El texto publicado el 17 de octubre revela que los participantes de ese chat viajaron en un avión privado a Lago Escondido, Río Negro, donde el magnate británico Joe Lewis tiene una mansión donde se alojaron los viajeros. Es en la misma zona donde el empresario fue denunciado por ocupación ilegal del camino de sirga que rodea al lago y de apropiarse ilegalmente de todo el espacio lacustre. Allí se concretó un encuentro secreto y desde entonces no hay precisiones sobre la cantidad de participantes ni los temas que hablaron.

Cuando se conoció, la noticia tuvo poco impacto. Pero ese mismo día comenzó a funcionar el grupo de Telegram, cuyos rastros fueron filtrados. El escándalo que desató la filtración puso a D’Alessandro en el centro de la escena. No sólo por su relevancia sino porque el resto de los implicados, según pudo confirmar Tiempo, lo designaron como el vocero encargado de afrontar la crisis. El funcionario habría sufrido el robo de los datos de su celular a través de la técnica  de SIM swapping, que consiste en acceder a un chip de celular a nombre de otra persona haciéndose pasar por ella.

El escándolo explotó además en un momento en que el larretismo tenía puesta toda su atención en la sentencia judicial de la denominada Causa Vialidad, que se conocerá este martes seis de diciembre, y que tiene como principal protagonista a la vicepresidenta Cristina Fernández.

Hace un mes, cuando el caso no había sumado relevancia y no había conocimiento de un grupo de chat al respecto, algunos funcionarios porteños ya se preguntaban qué hacía D’Alessandro en una reunión a 1200 kilómetros de la Ciudad, organizada con un vuelo privado y que se conoció por una primera filtración clave: la hoja de vuelo del charter privado que fue pagado por el Grupo Clarín.

Ahora que el escándalo esta en pleno desarrollo, algunos funcionarios desconfiados se preguntan quiénes más estaban en el encuentro. Los consultados creen que estuvo el expresidente Mauricio Macri, pero hasta ahora no hubo indicios de su presencia en la residencia que posee su amigo Lewis.

Obligado a romper el silencio, por la exposición pública del caso, el ministro porteño puso en práctica uno de los puntos que se menciona en el grupo de chat: señalar que fueron espiados ilegalmente y no entrar en detalles sobre la naturaleza secreta de la reunión ni sobre la relevancia de los protagonistas. «Primero y principal quiero dejar bien claro que es una operación que empieza el viernes y toma volumen ayer, donde de forma falsa e ilegal  se realiza un posteo de un supuesto grupo con supuestas charlas, con  cosas editadas y armadas», sostuvo D’Alessandro. Consideró el hecho como «algo muy peligroso que daña a la instituciones con el único fin de dejar entrever como que hay una relación entre ciertos lugares de poder para generar el lawfare y afectar a los que ellos denominan  la jefa», dijo D’Alessandro. Parte de esas declaraciones las plasmó en un tweet donde articuló su primera autodefensa pública: «Por supuesto voy a hacer la denuncia penal para que los responsables de esta canallada reciban la condena que merecen delincuentes de su calibre. Se les acabó la impunidad».

«La verdad es que es muy peligroso y nos encuentra a todos en la misma vereda. Esto le cabe a cualquiera. No puede ser que surjan unos supuestos chats de forma absolutamente ilegal, que se va a comprobar que están editados y que hay cosas que no existieron», vaticinó el funcionario en el diálogo con Radio Mitre. En su entorno no ofrecieron más detalles que la entrevista que concedió a la emisora del Grupo Clarín.

Según confiaron en el gobierno porteño, D’Alessandro tuvo una reunión con Rodríguez Larreta antes de mandar su primer tweet. Habría tenido otra durante la tarde, cuando el alcalde decidió salir a defenderlo. Entre un encuentro y el otro el presidente Alberto Fernández protagonizó una inusual cadena nacional que impacó de lleno en la sede vidriada del Parque de Los Patricios.

«No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje. Quiénes participaron del mismo y quién financió el traslado y hospedaje de los viajantes. Ese hecho se habría verificado con antelación al momento en el que los integrantes del grupo «Operación Página 12″ se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes», dijo el presidente, antes de anunciar una de las tres medidas que peor cayó en la Ciudad: que el ministro de Justicia, Martin Soria, se presente «ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar se investiguen penalmente a los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, su financiamiento».

También dijo que buscará que el Consejo de la Magistratura investigue a los magistrados involucrados, pero el organismo está paralizado. Además sostuvo que el bloque del oficialismo en la Legislatura porteña analice la posibilidad de pedir el juicio político contra los funcionarios porteños involucrados, pero el FdT no tiene los números para intentar la remoción de D’Alessandro, ni del fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques.

En el chat cada uno de los integrantes aparece planificando una autodefensa pública que los victimice y también hablan de falsificar pruebas para negar la existencia del vuelo privado. Del viaje participaron el juez federal Julián Ercolini, su par de Casación y exministro bonaerense de Cambiemos, Carlos Mahiques, su hijo Juan Bautista, el juez contensioso Pablo Cayssials, su par penal en lo penal económico Pablo Yadarola, el empresario dedicado a campañas digitales, Tomás Reinke y Leo Bergroth, que estuvo al frente del área jurídica de la exSIDE, cuando su director general de operaciones era Antonio Horacio «Jaime» Stiuso, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.