La iniciativa establece numerosos impedimentos a quienes incumplen con la obligación del pago de las cuotas alimentarias de sus hijos; se votó casi por unanimidad, con el único rechazo del diputado Espert

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde el proyecto de ley que propone la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM) con el objetivo de conformar una base de datos nacional que permita sancionar a los progenitores que no cumplan con las cuotas que deben abonar para la manutención de sus hijos.

La iniciativa, que se giró al Senado, se aprobó casi por unanimidad: 225 votaron a favor y solo uno, el diputado José Luis Espert (Avanza Libertad), votó en contra. El libertario sostuvo que si bien el proyecto “persigue fines loables” es “inconstitucional” porque tiene carácter procesal, materia que es de competencia exclusiva de las provincias.

En la actualidad, las 24 jurisdicciones de nuestro país cuentan con su propio registro de deudores alimentarios morosos; lo que propone esta iniciativa, que fue girada al Senado, es concentrar en un registro nacional toda esa información. Los deudores que allí figuren estarán impedidos a realizar una serie de actividades, desde no poder renovar su registro de conducir o su pasaporte, hasta abrir un local comercial o participar de espectáculos deportivos o ir a un casino.

“El proyecto dispone medidas restrictivas a determinadas actividades con el propósito de compeler, de exhortar al deudor a que cumpla con su obligación”, arrancó el diputado oficialista Lucas Godoy, presidente de la Comisión de Legislación General.

Desde Juntos por el Cambio, Carla Carrizo (Evolución Radical) enfatizó que esta iniciativa “no es contra nadie” sino que busca “hacer más difícil que se viole el derecho a la alimentación en la Argentina”. “Es importante nacionalizar la información (sobre los deudores morosos) porque si bien todas las jurisdicciones cuentan con su registro, solo Jujuy, Salta, Buenos Aires y Mendoza los hacen públicos; del resto del país no sabemos nada y necesitamos una voz nacional que los ponga en escena”, sostuvo.

Por su parte, la radical Roxana Reyes sostuvo que con este proyecto, además de proteger a la niñez que no recibe su cuota alimentaria, defiende a las mujeres que sufren violencia de género “por deambular por los juzgados en juicios que duran muchos años”.

“Quiero pedirles a los jueces que dejen la burocracia de lado: les estamos dando una herramienta inigualable para que puedan combatir este delito. No busquemos garantías para proteger a los deudores alimentarios”, exhortó la santacruceña.

Entre los impedimentos que afrontarán aquellos deudores que figuran en el registro figuran la imposibilidad de abrir cuentas bancarias; recibir o renovar tarjetas de crédito o débito; pasaportes y licencias de conducir; inscribirse o anotarse en los registros de la propiedad inmueble nacional o de las jurisdicciones locales como tampoco recibir o adjudicarse, a título oneroso, viviendas sociales o la cesión de los derechos emanados de dichas viviendas.

Asimismo, la iniciativa dispone que los deudores alimentarios no podrán asistir en carácter de espectadores, eventos y torneos deportivos masivos, ni a casinos o casas de juego.

“Lo que queremos con esta ley es complicarle la vida social, laboral y recreativa al deudor alimentario”, enfatizó el diputado radical Julio Cobos, quien señaló que es “muy necesario tener un registro nacional” porque si bien las provincias cuentan con sus propios registros, “el que incumple trata de evadir o buscar todos los vericuetos para violar la norma”.

Desde la Coalición Cívica, Paula Oliveto celebró el acuerdo alcanzado con el oficialismo y las distintas fuerzas políticas para arribar a un proyecto consensuado.

“Hoy el Congreso está diciendo que en la Argentina cuando hay un padre o madre que incumple con su obligación de alimentar a su hijo, va a tener sanciones y consecuencias –sostuvo–. Es importante contar con un registro nacional, porque el deudor puede estar inscripto en la ciudad de Buenos Aires y después mudarse a otra provincia porque no quiere pagar. Esta ley salda esa situación.”