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Lunes 01 de Septiembre del 2025

SOCIEDAD

La AMIA y la DAIA pidieron que sea investigada la retención del avión venezolano-iraní

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Las instituciones le exigieron a los organismos de control que «brinden, con celeridad y precisión, la información requerida y los resultados de la investigación».

Mediante un comunicado, la AMIA y la DAIA le exigieron al Gobierno que esclarezca la retención del avión venezolano, vinculado a la compañía iraní Mahan Air. También pidieron por una investigación “exhaustiva y detallada” sobre los tripulantes.

“La retención en nuestro país de un avión operado por la empresa venezolana Emtrasur, y vinculado a la compañía iraní Mahan Air, sancionada por los Estados Unidos por sus vínculos con actividades terroristas, constituye un hecho que debe ser esclarecido con urgencia por las autoridades nacionales”, dice el primer párrafo del texto.

También, las organizaciones más grandes de la comunidad judía en Argentina, le pidieron al Gobierno Nacional información “exhaustiva y detallada sobre el listado de tripulantes que viajaban en la mencionada aeronave y los motivos de su paso por el país” y recordaron los atentados del 17 de marzo de 1992 contra la embajada de Israel y del 18 de julio de 1994 contra la AMIA.

“Resulta pertinente exigir a los organismos de control a cargo que brinden, con celeridad y precisión, la información requerida y los resultados de la investigación que se está llevando a cabo, ante un hecho que despertó sospechas y confusión”, finaliza el comunicado. En las últimas horas las autoridades del Aeropuerto de Ezeiza inmovilizaron un avión venezolano que fue sancionado por los Estados Unidos y le secuestró el pasaporte a 12 venezolanos y cinco iraníes que iban a bordo.

Se trata de un Boeing 747 Dreamliner propio de la empresa Emtrasur, que había aterrizado el lunes pasado en el aeropuerto de Córdoba, debido a la neblina que azotaba a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Sin embargo, una vez arribado en Ezeiza, fue recibido por la PSA, además de por la Aduana, la Policía Federal y la Dirección de Migraciones.

Las fuerzas llevaron a cabo el procedimiento, a raíz de información suministrada por inteligencia de varias agencias mundiales.

Desde la oposición ya lanzaron sus sospechas y preguntaron por las maniobras de la aeronave, que voló entre Buenos Aires y Córdoba con el transponder apagado, como si no quisiera ser localizado.

Se detalló además que el avión “transportaba autopartes para una empresa automotriz, se revisó la carga varias veces, pero no se encontró nada extraño y fue liberada”.

A pesar de ello, algunas de las cinco personas con nacionalidad iraní fueron conectadas con presuntos nexos con las Fuerzas Quds.

Dicha Fuerza responde a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, que se especializa en guerra asimétrica, además de operaciones de inteligencia militar.

Al mismo tiempo, son los responsables de realizar actividades fuera de las fronteras de Irán.

El antecedente de algo similar data de 2011, cuando un avión militar de los Estados Unidos fue demorado también en el citado Aeropuerto de Ezeiza.

En aquella ocasión, tras una denuncia del Gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner, el avión en cuestión, un C-17 de la Fuerza Aérea norteamericana, había intentado traficar armas y equipos de espionaje simulando su accionar como si estuvieran destinados a un curso de entrenamiento policial.


Avisos

PROVINCIALES

Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

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El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.

La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.

La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:

“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.

La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.

Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:

“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.

La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.


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