La Corriente Federal de Trabajadores (CFT), el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) y ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma) respaldaron el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que impulsó el presidente Alberto Fernández junto con gobernadores, entre ellos Alicia Kirchner de Santa Cruz.

«La arbitraria e ilegal sentencia a favor de la ciudad de Buenos Aires (CABA), firmada por los integrantes del máximo tribunal en perjuicio del federalismo y las provincias, es una clara muestra del accionar en beneficio del PRO y la alianza Juntos por el Cambio como representantes de los grupos concentrados de poder», aseguraron en un comunicado la  Corriente Federal de Trabajadores (CFT), el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) y ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma).

Esos espacios gremiales, que lideran respectivamente el bancario Sergio Palazzo, el camionero Pablo Moyano, el docente Hugo Yasky y el estatal Hugo Godoy, afirmaron en el texto que a ese fallo «se sumó la escandalosa toma por asalto del Consejo de la Magistratura por parte de la Corte Suprema y la decisión de Horacio Rosatti de colocarse como su presidente y arrogarse funciones legislativas».

«Ese integrante de la Corte se arrogó funciones legislativas a través de fallos judiciales y acordadas; revivió una ley derogada; modificó a su gusto la integración del organismo y desconoció resoluciones de Diputados y el Senado, haciendo incluso caso omiso a fallos de tribunales inferiores», aseveraron los gremios de esos espacios.

También enfatizaron que la Corte Suprema ya había dado muestras de «su ausencia de idoneidad y mal desempeño», porque en 2017 «pretendió frenar los avances sobre derechos humanos al avalar el beneficio 2×1 para acelerar la liberación de detenidos por delitos de lesa humanidad, lo que fue evitado por la masiva movilización popular».

«La Corte actuó regresivamente sobre los derechos laborales, contrariando el principio de progresividad del derecho del trabajo. Limitó el derecho de huelga, desconoció la relación de dependencia de contratados, cercenó reclamos de responsabilidad solidaria por fraude laboral, redujo indemnizaciones por accidentes y consideró prescripto el reclamo de crédito laboral por crímenes de lesa humanidad», reseñaron.

Además, enfatizaron que otro tanto realizó con la obra social del Poder Judicial con denuncias penales de malversación de fondos, espionaje a trabajadores, pérdida de prestadores por incumplimiento de pagos, no autorización de tratamientos y otros desmanejos sin control ni auditoría, que devino en «un pésimo servicio de salud».

Los gremios enrolados en esos espacios sindicales respaldaron el pedido de juicio político para defender «la plena vigencia de la Constitución Nacional, la división de poderes, el federalismo, los derechos laborales y humanos», y se pronunciaron por un Poder Judicial independiente del económico y «siempre al servicio del pueblo».

El pedido de juicio político fue impulsado por el presidente Fernández, gobernadores e intendentes y será iniciado por diputados nacionales del Frente de Todos (FdT)