En las distintas actividades se denunció la destrucción de las políticas de género en todo el país y el impacto sobre las mujeres del salvaje ajuste económico.

Por Santiago Brunetto

Con una movilización a Plaza de Mayo y un juicio popular contra las políticas “hambreadoras”, el primer 25N de la presidencia de Javier Milei estuvo marcado por la denuncia del “desmantelamiento” de las políticas de género a nivel nacional. La marcha del día contra la violencia hacia las mujeres se produjo sólo días después de que el gobierno votara negativamente en la ONU la moción contra ese tipo de violencia y la marcha se encargó de advertir que esa posición representa la postura de un “gobierno misógino” y «oscurantista«. Además, hubo “condena popular ” contra Caputo, Pettovello y Bullrich.

«Están destruyendo todo»

“El movimiento feminista sale a las calles para derrotar el plan de Milei”. Así comenzó la lectura del documento de la movilización que arribó a Plaza de Mayo pasadas las 17.30 tras partir de 9 de Julio y Avenida de Mayo. Encabezada por la bandera de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, la columna se acomodó sobre la plaza hacia la calle Bolívar, donde ya estaba dispuesto el escenario. Allí se leyó el documento final, que advirtió que el plan de Milei “es incompatible con todas nuestras necesidades”.

Uno de los principales puntos de denuncia estuvo centrado en el “permanente” desfinanciamiento de las áreas de género: “Denunciamos el desmantelamiento con despidos y cierres de organismos como el exministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Inadi, la línea 144 o programas como el Plan Acompañar” advirtieron y agregaron que “el gobierno elige al movimiento feminista como uno de sus principales enemigos”.

Julia Zalazar, que llegó a la marcha desde el barrio de Flores, dijo a este diario que «marchamos porque están destruyendo todo, pero en particular todo lo que refiere a las políticas de género, porque ya sabemos que siempre a las mujeres y diversidades todo nos impacta el doble«. «Directamente no consideran que tenga que haber políticas de género, al contrario, lo demostraron con el voto en la ONU en contra sobre los temas de violencia de género», agregó. 

Zalazar estaba acompañada por Macarena, su compañera de trabajo en un local de ropa, madre de un hijo de siete años: «Yo lo sostengo a él con el sueldo del local, el padre no aporta y todo se hace cada vez más complicado, porque aunque digan que están controlando la inflación, eso no se siente en el día a día del bolsillo y nosotras terminamos haciéndonos cargo de sostener eso», advirtió. 

En paralelo a la lectura del documento, sobre las baldosas de Plaza de Mayo las manifestantes realizaban pinturas en homenaje a Nora Cortiñas. Desde el escenario, en tanto, se escuchaba el repudio al voto del gobierno en la ONU seguido del rechazo al intento de censura contra el libro Cometierra, de Dolores Reyes, y las obras de Gabriela Cabezón Cámara, Aurora Venturini y Sol Fantin, así como «el avance sobre la Educación Sexual Integral«. Todo esto, sostuvieron, forma parte de lo que calificaron como la «persecución oscurantista» de un «gobierno misógino». El documento también advirtió sobre las «limitaciones al acceso a información, a los anticonceptivos y al misoprostol para garantizar abortos». «Obstaculizar el aborto es un delito y al aborto clandestino no volvemos nunca más«, cerraron.

Juicio contra los «hambreadores»

Cerca de las 15, horas antes del ingreso de la columna, la sala de audiencias del tribunal a cielo abierto estaba lista. Lo encabezaban las juezas Dina Sánchez y Norma Morales, secretarias adjuntas de UTEP, y Johana Duarte, secretaria gremial, sentadas de frente a la Pirámide de Mayo, de espaldas a Casa Rosada. A un costado, las denunciantes, mujeres de las distintas ramas de la UTEP: Construcción e Integración Urbana, Sociocomunitaria, Salud, Cartoneras y Espacio Público, Textil, Rural y Género. Frente a ellas, las figuras en tamaño real del presidente y los tres funcionarios acusados: Luis «Toto» Caputo, Sandra Pettovello y Patricia Bullrich.

Una tribuna de seis filas con público cerraba el marco de la escena judicial que, en verdad, se completó por obra y gracia de la Policía Federal: mientras las juezas empezaban a tomar la palabra, los agentes terminaban de armar el vallado que separaría al juicio del despacho del presidente. «Se abre la audiencia de las mujeres trabajadoras contra los hambreadores del pueblo«, se anunció entonces por el micrófono, y de inmediato se leyeron las acusaciones: «Incumplimiento de deberes de funcionario público, abandono de persona, asociación ilícita en perjuicio del pueblo, aumento del hambre y de la violencia agravados en los casos de mujeres y niños«.

Las primeras en tomar la palabra de lado acusador fueron las representantes del área de Construcción e Integración Urbana. Allí denunciaron el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que derivó en «716 obras paradas en barrios populares, que hoy sufren la falta de acceso a servicios básicos». Le siguió la rama Sociocumunitaria, a cargo de describir los «crímenes» de los «hambreadores» imputados: «Acusamos como responsables de un genocidio social a estos cuatro imberbes que planifican e instalan la crueldad en nuestras panzas», dijeron.

«Han saqueado todas las ollas populares y nos han perseguido y denunciado mientras en los barrios populares hay más de un 80 por ciento de pibes con inseguridad alimentaria y un millón que se van a dormir sin comer«, continuaron y agregaron que Milei y sus funcionarios «planificaron la persecución y la violencia a las trabajadoras sociocomunitarias que cuentan con nada más que 78 mil pesos por mes para sostener las ollas todos los días«. «El hambre es un crimen y ellos son criminales», completaron.

La denuncia por el «crecimiento de las narcoestructuras» en los barrios estuvo a cargo del área de Salud de la UTEP, que advirtió que, en medio del contexto crítico, «el narcomenudeo termina siendo un laburo en el barrio para pibes que no tienen salida laboral«. «Tenemos que estar sufriendo por ver si les podemos dar un plato de comida o si terminan en el medio de los tiros de los narcos», alertaron.

Las trabajadores del área de Género tomaron la palabra al final de las acusaciones para relacionar las denuncias con el eje de la marcha del día: «Se cerró el Ministerio de la Mujer y se degradaron todas las áreas de género para dejarnos sin políticas públicas que nos asistan«, advirtieron. Frente al cordón policial, agregaron que «no nos da miedo la Policía, los palos o los gases, miedo nos da llegar a casa y no tener un plato de comida para nuestros hijos».

Los acusados fueron sentenciados por aclamación. El tribunal pidió que el público se expida y el público levantó carteles que decretaban: «Condenados«. En medio de los gritos contra Milei y sus funcionarios, las juezas leyeron las penas: «Milei tiene prohibido salir del país y tiene que ir de Olivos a Villa La Cava hasta que no quede ni un pibe sin comer; Pettovello debe restituir la distribución alimentaria a todos los comedores, duplicar el salario mínimo y complementario y las partidas de niñez y violencia de género; Caputo va a tener que frenar las importaciones que perjudican la producción, restituir el FISU y las obras frenadas en barrios populares; Bullrich debe derogar el protocolo antipiquetes y no podrá comprar elementos para reprimir al pueblo».