Patagonia Nexo
El pronunciamiento se dio tras el procedimiento realizado el pasado 31 de agosto por personal de la División Operaciones Rurales de Gobernador Gregores, donde dos personas fueron aprehendidas cuando trasladaban ocho ovinos en un vehículo particular.
“Una vez más vemos cómo los delincuentes entran por una puerta y salen por otra, dejando a los productores expuestos y sin garantías de protección sobre su trabajo y su propiedad”, señalaron las entidades.
En su comunicado, las rurales hicieron referencia al Código Penal de la Nación, que en su artículo 167, inciso 3°, establece:
Se impondrá reclusión o prisión de tres (3) a diez (10) años si el hurto fuere de ganado mayor o menor en número superior a dos (2) cabezas.”
En este sentido, las entidades reclamaron que se aplique con rigurosidad la normativa vigente frente a la constante violación de la propiedad privada, destacando que la falta de sanciones efectivas genera un escenario de impunidad que golpea directamente al sector productivo de la provincia.
“El esfuerzo de cada productor se ve vulnerado por hechos delictivos que se repiten, y la falta de respuestas judiciales profundiza la sensación de abandono en el campo santacruceño”, concluye el comunicado.
