Santa Cruz sigue esperando: San Juan consiguió USD 600 millones y el financiamiento provincial continúa trabado

El contraste ya no es una hipótesis. Es una realidad concreta.

San Juan salió al mercado internacional y consiguió USD 600 millones. Santa Cruz, mientras tanto, continúa discutiendo en la Legislatura la posibilidad de acceder a una herramienta de financiamiento por hasta esa misma cifra.

Este jueves 24 de septiembre, la provincia cuyana concretó su regreso a los mercados internacionales después de 27 años. Colocó un bono por USD 600 millones, con vencimiento en 2035, un cupón anual del 9,55% y un rendimiento efectivo del 9,875%.

La demanda incluso superó ampliamente la colocación: las ofertas alcanzaron los USD 1.037 millones y participaron 67 fondos e inversores. Los recursos serán destinados a infraestructura y gastos de capital vinculados, entre otros objetivos, al crecimiento productivo y minero de San Juan.

La diferencia política e institucional aparece antes de llegar al mercado financiero: San Juan contó con autorización legislativa para endeudarse. Santa Cruz todavía no.

USD 600 millones allá, USD 600 millones todavía en discusión acá

El Gobierno de Claudio Vidal impulsó este año el proyecto de Ley de Financiamiento Estratégico N°257/26, mediante el cual solicitó autorización para realizar operaciones de crédito público por hasta USD 600 millones.

El proyecto contempla recursos para obras de infraestructura, programas de desarrollo y administración de pasivos provinciales.

Pero la autorización no llegó.

Durante la sesión extraordinaria realizada en junio, el expediente fue devuelto a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Asuntos Municipales y Presupuesto para continuar su análisis y buscar acuerdos políticos.

Tres meses después, mientras otras provincias avanzan en operaciones concretas, Santa Cruz continúa sin disponer de esa autorización.

Una discusión política que tiene consecuencias concretas

El debate legislativo no ocurre en el vacío.

Detrás de la discusión por los USD 600 millones aparecen obras, infraestructura energética, servicios y proyectos que necesitan recursos para poder concretarse.

Entre las iniciativas señaladas dentro de las necesidades de infraestructura provincial aparecen la interconexión eléctrica para Puerto San Julián y Gobernador Gregores y una planta de gas virtual destinada a Perito Moreno y Los Antiguos.

Sin la autorización solicitada, el Ejecutivo debe buscar mecanismos alternativos para financiar proyectos de esa magnitud.

Y cada alternativa lleva tiempo.

Tiempo para conseguir recursos.

Tiempo para estructurar financiamiento.

Tiempo para licitar.

Y, finalmente, tiempo para ejecutar.

Por eso la discusión dejó hace tiempo de ser solamente financiera.

El oficialismo responsabiliza a la oposición

Desde el Gobierno provincial vienen cuestionando con dureza a sectores opositores por no acompañar la herramienta financiera.

Claudio Vidal sostuvo públicamente que anteriores administraciones tuvieron acceso a mecanismos que actualmente reclama su gobierno y defendió el proyecto como una herramienta para desarrollar infraestructura y actividad productiva.

La oposición, en cambio, ha planteado objeciones y cuestionamientos alrededor del endeudamiento, sus condiciones y el destino de los recursos.

Ese debate es legítimo y forma parte de las responsabilidades de la Legislatura.

Pero también existe un dato imposible de ignorar: mientras la discusión continúa, Santa Cruz sigue sin la herramienta solicitada.

San Juan avanzó

El caso sanjuanino coloca nuevamente el debate santacruceño bajo la lupa.

San Juan consiguió autorización, estructuró la operación, salió al mercado y obtuvo los USD 600 millones.

Además, recibió ofertas por más de USD 1.000 millones.

El financiamiento, naturalmente, no es gratuito.

La provincia deberá afrontar un rendimiento del 9,875% anual y compromisos de pago que se extenderán hasta 2035. Endeudarse implica obligaciones futuras y cualquier operación de esa magnitud exige analizar capacidad de pago, destino de los fondos, garantías y condiciones financieras.

Pero San Juan ya tomó una decisión política y financiera.

Santa Cruz todavía está discutiendo si tendrá autorización para intentarlo.

El costo de seguir esperando

Ahí aparece el verdadero interrogante para Santa Cruz.

¿Cuánto cuesta no disponer de financiamiento?

El costo no puede medirse únicamente en intereses.

También puede medirse en obras que se postergan, infraestructura que demora en ejecutarse y proyectos que necesitan encontrar otras fuentes de recursos.

Si el endeudamiento tiene un costo, la demora también puede tenerlo.

Y ese debería ser uno de los puntos centrales del debate legislativo.

Los diputados tienen la responsabilidad de controlar, exigir información, establecer condiciones y analizar cuidadosamente cualquier autorización para comprometer recursos provinciales.

Pero también deben asumir las consecuencias de prolongar indefinidamente una decisión.

Santa Cruz no puede quedar rehén de la pelea política

La discusión sobre USD 600 millones exige controles y garantías. No debería reducirse a una disputa entre oficialismo y oposición.

Porque detrás de cada voto no está solamente el Gobierno de Claudio Vidal.

Están las localidades que necesitan infraestructura.

Están las obras energéticas.

Está la necesidad de generar inversión y mejorar servicios.

Y están los santacruceños que finalmente reciben —o dejan de recibir— los resultados de esas decisiones.

San Juan mostró esta semana una fotografía contundente: después de 27 años fuera del mercado internacional consiguió USD 600 millones para financiar infraestructura.

Santa Cruz tiene un proyecto por hasta USD 600 millones que continúa sin autorización.

Una provincia ya consiguió los recursos.

La otra continúa esperando una definición política.

Y cuanto más se extienda esa espera, más difícil será sostener que el tiempo legislativo no tiene consecuencias.