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La discusión por el desarrollo turístico proyectado en la Península de Magallanes sumó un nuevo capítulo luego de que el presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, confirmara que se presentará ante la Cámara de Diputados de Santa Cruz para explicar los antecedentes técnicos y administrativos vinculados con la iniciativa.
La definición se produjo después de que los legisladores aprobaran por unanimidad un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo provincial para acceder a la documentación que sustenta el Decreto 0915/2026. La solicitud incluye el expediente completo, antecedentes administrativos y documentación técnica y ambiental relacionada con la operación.
El decreto, firmado el 1 de septiembre de 2026 y publicado en el Boletín Oficial el 22 de septiembre, exceptuó por única vez y con carácter estrictamente excepcional una restricción establecida por el Decreto Provincial 0994/17 para permitir la venta de un inmueble ubicado en la región de Península de Magallanes a ASB Hospitality Calafate SAU, en el marco del proyecto denominado “Master Plan Ecocentro”.
Qué reclama la Legislatura
El requerimiento aprobado por los diputados busca conocer en detalle cómo se tramitó la operación y cuáles fueron los fundamentos técnicos y jurídicos utilizados por los organismos provinciales.
Entre la documentación solicitada se encuentran las actuaciones administrativas, antecedentes del expediente, dictámenes, estudios e informes vinculados con la autorización y con el proyecto turístico. También se pidió información relacionada con la evaluación ambiental correspondiente.
Los legisladores establecieron un plazo de 48 horas para que el Ejecutivo remita la documentación requerida. Posteriormente, quedó planteada la posibilidad de convocar a las autoridades responsables del área para ampliar las explicaciones ante la Cámara.
El pedido legislativo se produjo en medio del debate generado por una operación inmobiliaria que involucra a Lacustre del Sud S.A. como parte vendedora y a ASB Hospitality Calafate SAU como adquirente. El decreto establece expresamente que la excepción concedida es específica para esa operación y que no podrá utilizarse como antecedente vinculante para futuras solicitudes similares.
Garay aseguró que “no hay nada que ocultar”
Frente al requerimiento legislativo, Hugo Garay confirmó que asistirá a Diputados para presentar la documentación y responder sobre el procedimiento seguido por el Consejo Agrario.
En sus declaraciones, el funcionario cuestionó las interpretaciones que, según sostuvo, surgieron alrededor de la iniciativa y afirmó que parte de las críticas se deben al desconocimiento de los antecedentes técnicos y legales del expediente.
“No hay nada que ocultar”, sostuvo Garay al referirse al pedido de la Legislatura.
El titular del CAP anticipó además que concurrirá acompañado por la Dirección de Áreas Protegidas y el equipo legal del organismo, con el objetivo de explicar ante los legisladores el marco normativo aplicado y las actuaciones desarrolladas.
La explicación sobre la propiedad de las tierras
Uno de los puntos planteados por Garay se relaciona con la situación dominial de los terrenos comprendidos en la Península.
Según explicó el funcionario, una parte importante de la superficie se encuentra bajo dominio privado desde la década de 1960, producto de transferencias de títulos realizadas en aquella época.
Garay sostuvo que la superficie total de la Península de Magallanes alcanza aproximadamente 38.900 hectáreas y que la mayor parte corresponde actualmente a propietarios privados.
Esta cuestión resulta relevante dentro de la discusión, debido a que el decreto publicado por el Ejecutivo no dispone una transferencia de tierras desde el Estado provincial, sino que autoriza de manera excepcional una operación entre particulares sobre un inmueble identificado en el expediente.
Qué se proyecta construir
Otro de los aspectos centrales de la explicación brindada por el presidente del Consejo Agrario tiene que ver con la dimensión concreta del emprendimiento.
Garay aseguró que el proyecto no abarcará la totalidad de la superficie de la Península, sino que la intervención se limitaría a un predio de 20 hectáreas.
Dentro de ese sector, según detalló, se proyecta ocupar aproximadamente 4 hectáreas con infraestructura, contemplando 24 cabañas y un máximo de 60 plazas de alojamiento, además de un salón de usos múltiples y senderos peatonales.
Estos datos forman parte de la descripción del proyecto realizada por el funcionario. El Decreto 915/2026, por su parte, identifica el emprendimiento como “Master Plan Ecocentro” y limita la excepción a la operación y al proyecto individualizados en el expediente.
El plan de manejo y los antecedentes ambientales
Garay también realizó un repaso del proceso administrativo que, según sostuvo, comenzó varios años atrás.
Explicó que el desarrollo del proyecto estuvo condicionado durante un período por la falta de un plan de manejo específico, y señaló que en 2022 la empresa inició una acción judicial vinculada con esa situación.
De acuerdo con su exposición, posteriormente se avanzó en la elaboración y aprobación del marco de manejo correspondiente y, en 2023, la firma presentó la documentación ambiental vinculada con el proyecto.
El presidente del Consejo Agrario afirmó que el proceso incluyó instancias de participación y que la evaluación ambiental concluyó con una aprobación en 2024.
El Decreto 915/2026 establece que la ejecución y funcionamiento del proyecto quedan sujetos al cumplimiento de la normativa ambiental, territorial y de conservación vigente, así como de las restricciones y medidas de mitigación que determinen las autoridades competentes. La propia norma señala además que el proyecto cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental aprobada.
Medidas ambientales previstas
Dentro de la defensa técnica del proyecto, Garay destacó una serie de medidas que, según indicó, forman parte de la propuesta presentada por la empresa.
Entre ellas mencionó un sistema de tratamiento de efluentes, mecanismos para la prevención y combate de incendios y una intervención acotada sobre la cobertura vegetal.
También sostuvo que el diseño del emprendimiento fue planteado para reducir su impacto visual y evitar interferencias sobre los principales circuitos turísticos de la zona.
En este punto, deberá ser la documentación incorporada al expediente y la evaluación de los organismos competentes la que permita establecer el alcance de las medidas ambientales previstas y su cumplimiento durante las diferentes etapas del proyecto.
Inversión y generación de empleo
Garay sostuvo que la decisión de avanzar con la iniciativa está vinculada con la intención del Gobierno provincial de captar inversiones y generar actividad económica, particularmente en sectores relacionados con la construcción y los servicios turísticos.
Según explicó, el proyecto estaría orientado a un segmento de turismo internacional de alta gama, con la expectativa de ampliar la oferta existente en El Calafate.
El decreto que autorizó la operación, sin embargo, no establece en su parte resolutiva el monto de inversión ni una cantidad determinada de puestos laborales. Esos aspectos forman parte de la información vinculada con el proyecto que ahora podrá ser analizada por la Legislatura al recibir el expediente completo.
Un proyecto bajo control provincial
Otro de los argumentos expuestos por Garay fue que la autorización excepcional no elimina las facultades de control del Estado provincial.
El Decreto 0915/2026 establece expresamente que la habilitación, ejecución y puesta en marcha del emprendimiento deberán ajustarse a la legislación ambiental y de conservación y a las condiciones establecidas por el Consejo Agrario Provincial y los demás organismos involucrados.
De esta manera, la autorización para concretar la operación inmobiliaria no implica, por sí sola, una habilitación irrestricta para ejecutar cualquier obra, sino que el desarrollo deberá cumplir las condiciones técnicas y ambientales previstas en el marco regulatorio.
El punto central de la discusión: la excepción
La principal controversia institucional se concentra en la decisión del Ejecutivo de hacer una excepción a una restricción que regía para operaciones inmobiliarias de este tipo dentro de áreas protegidas.
El propio decreto utiliza los términos “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” y aclara que la medida no podrá convertirse en un precedente automático para futuras operaciones.
Ese aspecto es precisamente uno de los elementos que la Legislatura busca revisar al solicitar el expediente completo.
Los diputados pretenden conocer qué organismos intervinieron, qué dictámenes respaldaron la decisión y cuáles fueron los antecedentes técnicos y ambientales considerados antes de la firma del decreto.
Garay concurrirá a la Cámara
Con el requerimiento legislativo ya aprobado, el presidente del Consejo Agrario confirmó que asistirá personalmente a la Cámara de Diputados.
La presentación tendrá como objetivo exponer el contenido del expediente, explicar el procedimiento administrativo y responder las consultas de los legisladores.
El funcionario adelantó que estará acompañado por representantes técnicos y jurídicos del Consejo Agrario, incluyendo personal vinculado con áreas protegidas.
La instancia permitirá poner frente a frente las distintas posiciones que surgieron alrededor del proyecto y revisar la documentación sobre la que se tomó la decisión.
Qué ocurrirá ahora
El próximo paso inmediato será que el Poder Ejecutivo remita a la Legislatura la documentación solicitada, dentro del plazo establecido por el pedido de informes.
A partir de allí, los diputados podrán analizar el expediente que dio origen al Decreto 915/2026 y avanzar en la convocatoria del titular del Consejo Agrario para recibir explicaciones en forma presencial.
Mientras tanto, la discusión continuará centrada en tres cuestiones principales: el alcance de la excepción otorgada, el procedimiento administrativo y ambiental utilizado para autorizarla y las características concretas del proyecto turístico.
La información oficial disponible confirma que el decreto habilitó una operación inmobiliaria específica y estableció que cualquier desarrollo deberá ajustarse a la normativa ambiental vigente.
En este escenario, Hugo Garay confirmó que concurrirá a Diputados para explicar el expediente y sostuvo que la documentación permitirá despejar las dudas planteadas por los legisladores sobre el proyecto previsto para la Península de Magallanes.
