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Avión presidencial: la Fuerza Aérea se desvinculó del caso

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A través de un comunicado emitido vía redes sociales, el organismo precisó además que el ARG 01, denominación que recibe la aeronave, depende de la Secretaría General de la Nación.

Tras la viralización de las imágenes en las que se observa al flamante avión presidencial realizar maniobras polémicas que despertaron críticas en redes sociales, desde la Fuerza Aérea Argentina aclararon que la aeronave no depende del Ministerio de Defensa y subrayaron que sus pilotos no son personal militar.

Luego de la llegada al país, el ARG 01, denominación que recibe el Boeing 757-200 , generó cuestionamientos dado que los comandantes Juan Pablo Pinto y Leonardo Luis Barone, efectuaron movimientos rasantes sobre la pista de lanzada de Aeroparque Internacional Jorge Newbery.

La aclaración llega luego de que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) abriera un expediente para analizar las maniobras realizadas, que no avanzó ya que desde la institución se alegó que la tripulación estaba bajo la órbita del Ministerio de Defensa.

«En relación a las publicaciones periodísticas referidas a las maniobras realizadas por los comandantes del ARG-01, la Fuerza Aérea Argentina aclara lo siguiente», inicia la enumeración publicada a través de las redes sociales de la fuerza. En sintonía explica que el ARG-01 «se encuentra fuera del ámbito del Ministerio de Defensa», y que no posee «matrícula militar».

Desde la Fuerza Aérea se indicó además que “dicha aeronave depende de la Secretaría General de Presidencia”, y que los pilotos «tienen licencia civil” por lo que aclararon que “es la ANAC la única que tiene facultades para tomar cualquier tipo de medidas relacionadas con el personal involucrado y la operación en cuestión”.

Al tratarse de un avión civil, la ANAC tiene las facultades para implementar sanciones contra los pilotos que realizaron la maniobra.

El Gobierno reemplazará con el nuevo ARG01 el Tango 01, aeronave adquirido por el Estado durante el gobierno de Carlos Menem, pero que ya hace varios años que no viaja.

El avión llevó una inversión cercana a los USD 25 millones y tiene capacidad para transportar 39 pasajeros.


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El oficialismo logró aprobar el corazón de la ley ómnibus: privatizaciones y facultades

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Con modificaciones sugeridas por el bloque de Pichetto, el oficialismo le garantizó a Milei la facultad para disolver, fusionar y modificar organismos públicos

Martín Menem aceleró a fondo en el tratamiento en particular de los capítulos de la ley ómnibus, sin conceder la discusión de los artículos clave por separado, y logró que los diputados aprobaran con 135 votos a favor la reforma del Estado. En ese tramo, estaban contemplados los artículos 2, 3, 4, 5 y 6, cuyo nudo más problemático era el de la supresión o desmantelamiento de los organismos públicos.

En ese contexto, los legisladores Maximiliano Ferraro, por la Coalición Cívica, y el cordobés Juan Brugge introdujeron modiciaciones al artículo 3, ampliando la lista de organismos públicos exceptuados y retocando la redacción para conseguir más consenso.

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La radical Carla Carrizo pidió la palabra para sugerir cambios, como condición de su acompañamiento y el de un sector de la UCR, pero el libertario Santiago Santurio se negó a aceptarlos.

Myriam Bregman, por su parte, pidió que se retirase el artículo. «Me parece que es una barbaridad lo que quieren votar, pedimos que se retire y que la votación sea nominal», planteó.

El oficialismo logró aprobar el corazón de la ley ómnibus: privatizaciones y facultades

Antes de la votación, una legisladora radical le dijo a LPO que la mayoría de su bancada estaba a favor de la disolución o fusión de organismos estatales, más allá de los debates y la pelea por incorporar entes a una lista de excepciones que las mantenga al margen de las facultades otorgadas al Javier Milei con ese artículo en materia administrativa. «La mayoría está para votarlo aunque hay diversidad en el bloque y habrá distintos votos», indicó, y agregó: «al gobierno le va alcanzar con los votos que aporte la UCR».

A continuación, se puso en tratamiento el capítulo 2, que contenía las privatizaciones e integración pública y privada de 11 empresas. Ese tramo cosechó 138 voluntades a favor y 111 rechazos.

Entre las firmas sujetas a privatización figuran Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Intercargo, Radio y Televisión Argentina, AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Trenes Argentinos (Sofse). Además, se validó la integración mixta para Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Nucleoeléctrica SA.


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