El Ejecutivo restituyó organismos que habían sido disueltos, tras el rechazo parlamentario a los decretos de fusión.

La marcha atrás marca un cambio significativo en la estrategia del Gobierno respecto de uno de los ejes centrales de su plan de gestión. Cuando se presentó la Reforma del Estado, la intención oficial era reducir estructuras, fusionar organismos y eliminar áreas que, según la visión del Ejecutivo, duplicaban funciones o no cumplían con un criterio de eficiencia administrativa. Sin embargo, el rechazo parlamentario obligó a revisar el rumbo y ahora los decretos restituyen las competencias originales de distintas instituciones.

Entre las disposiciones ahora anuladas se encontraban la integración del Instituto Nacional Yrigoyeniano con el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, así como la incorporación del Banco Nacional de Datos Genéticos como organismo dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. También habían sido objeto de reestructuración el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y la Agencia Regulatoria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), cuyas funciones fueron absorbidas temporalmente por la Secretaría de Agricultura y la ANMAT.

A esto se sumaba la fusión del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) con el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), dando lugar al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), además de cambios en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), que pasaban a depender de la Secretaría de Transporte y de un Consejo Vial Federal en conformación. Todos esos movimientos fueron detenidos en seco a partir del rechazo parlamentario y ahora revertidos formalmente.

El debate en el Congreso que precedió a esta decisión había estado atravesado por fuertes cuestionamientos políticos y técnicos. Los bloques opositores coincidieron en señalar que las disoluciones comprometían la autonomía de instituciones clave y ponían en riesgo patrimonios documentales e históricos. En el caso del Banco Nacional de Datos Genéticos, por ejemplo, organismos de derechos humanos advirtieron que su incorporación a otra dependencia podría afectar la continuidad y seguridad de las investigaciones vinculadas a la identificación de desaparecidos durante la dictadura.
La devolución de competencias también alcanzó a organismos con funciones productivas y de regulación. El INASE y el INAFCI habían sido señalados como áreas imprescindibles para sostener políticas en materia de semillas y agricultura familiar. En tanto, la ARICCAME, que regulaba el desarrollo del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, había surgido de un debate legislativo de años, y su disolución había generado alarma en sectores productivos y científicos que veían en ese organismo una herramienta para canalizar proyectos en expansión.

Más allá de la discusión sectorial, el trasfondo es político. El oficialismo había concebido la Reforma del Estado como un pilar de su programa de gobierno, buscando mostrar un avance hacia la reducción del gasto público y la modernización administrativa. El Congreso, sin embargo, interpretó que la vía del decreto para llevar adelante cambios de esta magnitud era insuficiente, y reclamó un proceso de mayor consenso legislativo. El resultado fue un rechazo explícito que dejó en suspenso las medidas y forzó ahora su anulación.

La publicación en el Boletín Oficial de los decretos que revierten la reforma consuma un hecho político de peso: la Casa Rosada se vio obligada a retroceder en uno de sus proyectos más emblemáticos. El retroceso no implica necesariamente la clausura definitiva de la agenda de reformas, pero sí obliga al Gobierno a replantear la estrategia. De ahora en más, cualquier intento de reorganización de organismos estatales requerirá mayor negociación parlamentaria, un punto que hasta ahora había sido soslayado en favor del mecanismo de los decretos de necesidad y urgencia.

Los antecedentes históricos ayudan a poner en perspectiva el alcance de la discusión. La Argentina ya atravesó una reestructuración profunda en 1989 con la Ley de Reforma del Estado, que autorizó privatizaciones y disoluciones de organismos públicos. Aquella experiencia marcó un antes y un después en la relación entre Estado y sociedad, y todavía hoy es objeto de controversias respecto de sus consecuencias sociales y económicas. La diferencia es que, en aquella ocasión, el marco fue una ley sancionada por el Congreso, lo que otorgó un nivel de legitimidad que hoy se volvió un reclamo recurrente.

Los sectores críticos sostienen que lo sucedido es una señal de los límites que tiene cualquier programa de ajuste estructural que intente avanzar sin consensos amplios. Desde el oficialismo, en cambio, se argumenta que el retroceso es solo un paso táctico, y que el objetivo de reorganizar al Estado en busca de eficiencia se mantiene intacto. Funcionarios cercanos al Presidente insisten en que la discusión volverá a abrirse, pero esta vez en un marco legislativo más amplio, y con la expectativa de que el clima político permita mayor respaldo.

La restitución de organismos supone también un impacto concreto en la vida administrativa. Los institutos y entes recuperan su estructura previa, lo que implica rehacer organigramas, devolver partidas presupuestarias y reintegrar equipos de trabajo. En algunos casos, como en la ANSV o en Vialidad, se trata de reacomodar funciones que ya habían comenzado a migrar a nuevas dependencias. En otros, como en el INASE o el INAFCI, significa volver a poner en marcha políticas que habían quedado en pausa.

De esta manera, el Estado argentino retoma su estructura previa a las reformas. El proceso, sin embargo, no está exento de interrogantes. ¿Será posible retomar la agenda de cambios con otro formato? ¿Cuál será el costo político y administrativo de este retroceso? Por ahora, lo cierto es que el Ejecutivo tuvo que alinearse a lo resuelto por el Congreso y dar marcha atrás con medidas que, en su momento, habían sido presentadas como indispensables para la eficiencia estatal.

El episodio muestra las tensiones que atraviesa la política argentina en torno al tamaño, las funciones y la legitimidad del Estado. La discusión, lejos de cerrarse, apenas se reposiciona en un nuevo escenario: con los organismos restituidos y con la certeza de que los próximos pasos dependerán menos de decretos y más de acuerdos políticos.