SOCIEDAD
Supermercados del interior rechazan el control gremial y amenazan con dejar el programa de «Precios Justos»

Se oponen a que el gremio de los Moyano controle el abastecimiento y los precios de los productos.
Las cadenas de supermercados del interior advirtieron que podrían abandonar el programa de «Precios Justos» si no es eliminado el control del gremio de camioneros sobre el abastecimiento y los precios de las mercaderías..
La Federación Argentina de Supermercados (FASA), que nuclea a empresas del interior, expresó su rechazo a la decisión del Gobierno de pedir a gremialistas y piqueteros que asistan en el control del cumplimiento del programa «Precios Justos».
El presidente de FASA, Víctor Palpacelli, expresó preocupación por esos controles, al sostener que «estas situaciones alejan la posibilidad de que distintas cadenas regionales se sumen al programa».
«Por el contrario, quienes están sumadas podrían bajarse porque se desalientan por este tipo de situaciones a las que nos exponen», expresó Palpacelli.
El empresario supermercadista agregó que «queremos acompañar, pero evidentemente se necesita de la seguridad de la provisión de la mercadería de parte de la industria», sostuvo.
También negó que el sector esté realizando acopio de mercadería al sostener que «lejos está de nuestra parte la intención de acaparar y no vender».
Supermercados del interior rechazan el control gremial
Por el contrario, las grandes cadenas de supermercados, nucleadas en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), evitaron polemizar con la medida y pusieron el foco en la mejora del abastecimiento que, entienden, es responsabilidad de las empresas proveedoras.
El secretario general del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, había afirmado que desde el Gobierno les habían pedido «una colaboración» para poder chequear que las cadenas de supermercados hagan llegar los productos a las góndolas.
El sindicalista afirmó que en las cadenas como Coto, Carrefour, Día, Chango «se estaba viendo que la mercadería no llegaba a las góndolas, salían 10 camiones de cada producto, llegaban a los supermercados y llenaban dos o tres góndolas».
«Nuestra tarea es denunciar a la Secretaría de Comercio si hay faltantes de productos, y nuestro gremio siempre fue solidario con el Estado» añadió.
«Esto es una colaboración de camioneros, como lo están haciendo los compañeros de Comercio y de Alimentación», agregó Moyano.
El acuerdo entre el gobierno y el sindicato de Camioneros fue denunciado ante la justicia por la dirigente de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió.
La denuncia penal de la titular de la Coalición Cívica alcanzó al presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa y el secretario de Comercio Matías Tombolini, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, intimidación pública e instigación a cometer delitos.
Carrió afirmó que se está poniendo en marcha «una organización paraestatal, impulsada desde los funcionarios denunciados, para hacer efectiva la medida de control de precios».
«Las autoridades denunciadas, se han colocado fuera de estas y de toda norma, arrasando los límites de sus competencias funcionales» agregó la ex diputada.
PROVINCIALES
Brizuela: “La provincia transfirió en cinco meses a Río Gallegos, por coparticipación, más de 26 mil millones de pesos»

El ministro de Gobierno de Santa Cruz, Nicolás Brizuela, detalló que, durante los primeros cinco meses del año, la capital provincial recibió $26.356 millones en concepto de coparticipación, sin que hasta la fecha se haya presentado una rendición formal sobre el uso de esos recursos.
“Estamos hablando de más de 26 mil millones de pesos en lo que va del año, un promedio de 5.250 mil millones mensuales. Preocupa que el intendente Grasso siempre esté criticando a la provincia por los recursos y las inversiones, cuando nosotros tenemos publicada la información, en boletines oficiales donde entre otras cosas podés encontrar licitaciones o, sin más ni menos, en la página Web de la provincia se puede acceder a muchísima información, como todo lo que se coparticipa a los municipios, recaudación de ASIP (Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos). Sin embargo, el municipio no presenta informes de ejecución presupuestaria, no implementa un boletín oficial, etc. No puede ser que una capital provincial tenga un sistema de acceso de información como si fuera una estancia y Grasso su patrón», subrayó Brizuela.
El funcionario también advirtió que el municipio no publica ejecutados presupuestarios, lo que impide conocer el destino real de los fondos. “No hay un solo informe disponible para los vecinos”, explicó.
Brizuela también señaló la inacción histórica del Tribunal de Cuentas provincial, que no ha auditado de forma efectiva las cuentas del municipio. “Durante años, el organismo de control se mantuvo al margen. No puede ser que un municipio de este tamaño, que administra recursos millonarios no tenga controles reales”, remarcó.
Finalmente, el ministro llamó a fortalecer los mecanismos de transparencia y control, en todos los niveles de gobierno. “Lo que está en juego es la confianza de la ciudadanía. Es tiempo de poner fin a las zonas grises en el manejo de los fondos públicos».
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