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Chats D’Alessandro-Robles: todos los caminos conducen a Comodoro Py

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El magistrado de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, dispuso que el caso debe tratarse en la justicia federal porteña porque «los hechos habrían tenido lugar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre funcionarios de la Excma. Corte Suprema y del Gobierno de la Ciudad». Aun así, defendió su decisión de intimar a Robles para que entregara su teléfono celular.

El juez federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari se declaró incompetente este jueves para seguir interviniendo en la causa en la que se investiga el vínculo entre Silvio Robles, estrecho colaborador de Horacio Rosatti, presidente la Corte Suprema, y el ministro porteño de Seguridad y Justicia en uso de licencia Marcelo D’Alessandro, y dispuso que el caso pase a tramitar en la justicia federal porteña.

El magistrado, sin embargo, justificó en su fallo la decisión que tomó días atrás cuando intimó a Robles a que entregara su teléfono celular, al señalar que se trataba de una medida indispensable para evitar que se frustrara la investigación.

En un fallo de 6 páginas, el juez Molinari resolvió «declarar la Incompetencia de este Juzgado Federal de Sección para continuar conociendo en la presente causa y ordenar su remisión al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal en turno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», es decir, a los tribunales federales de Comodoro Py.

El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, luego de que distintos medios dieran a conocer información surgida de una filtración de supuestas conversaciones por chat entre D’Alessandro y Robles en las que se hablaba de causas en las que finalmente la Corte Suprema de Justicia intervino en favor del gobierno porteño

Al decidir que la causa pase a Comodoro Py, el juez sostuvo que, como había dicho el fiscal federal de Santiago del Estero Pedro Simón, los hechos «habrían tenido lugar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre funcionarios de la Excma. Corte Suprema y del Gobierno de la Ciudad y por cuestiones atinentes a sus funciones, razón por la cual este Juzgado Federal de Santiago del Estero, resulta incompetente para su investigación y juzgamiento».

Sin embargo, aclaró que cuando ordenó la incautación del teléfono de Robles lo hizo, también en consonancia con la opinión del fiscal, porque correspondía «resguardar de manera inmediata y urgente la prueba que serviría para fundar una posterior acusación o desvirtuar la sospecha inicial».

«Un magistrado no puede permanecer inmutable ante el conocimiento efectivo y formal de la posible comisión de un hecho ilícito de las características de los relatados, y perjudicar así una investigación y el futuro esclarecimiento de los hechos», recalcó el magistrado al explicar por qué primero intimó a Robles a que entregara su teléfono y después resolvió la cuestión de competencia que también le había planteado el fiscal Simón cuando alentó aquella medida de prueba.

Otras dos denuncias

En los tribunales federales de Comodoro Py ya existen al menos dos denuncias presentadas el día martes y ambas recayeron en el juzgado federal número 4, que conduce Ariel Lijo.

Una de las denuncias fue presentada por el abogado Gastón Marano, cuyo nombre se volvió más conocido meses atrás cuando se hizo cargo de la defensa de Nicolás Gabriel Carrizo, uno de los acusados por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por aquellos días, también se hizo público que Marano había asesorado a un senador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, en el marco de la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia.

«Estas conversaciones incluirían consejos por parte del funcionario de la Corte Suprema respecto a las mejores metodologías para lograr un resultado judicial, desde la faz procesal
. No puedo dejar de mencionar, para disipar cualquier duda respecto al carácter en que estos ‘consejos’ eran dados, que el Dr. Robles no registra matrícula ante el Colegio Público de Abogados de Capital Federal lo que me permite descartar, en principio, que dichos consejos hayan sido brindados en el marco de un asesoramiento profesional», dice la denuncia de Marano.

La otra denuncia fue presentada por una persona identificada como Nicolás Giansanti y fue escrita prácticamente los mismos términos que la de Marano.


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Ida y vuelta de los aumentos en mayo

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El Gobierno postergó subas de luz, gas e impuesto a los combustibles para amortiguar otros aumentos. Colectivos y subtes, en espera.


Por Mara Pedrazzoli

Entre varias idas y vueltas respecto a los aumentos de precios liberados (y regulados) por el Gobierno, los incrementos programados para mayo impactarán directamente sobre consumos esenciales como combustibles, transporte, el servicio de internet y comunicación, colegios privados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y alquileres. Se suman a los amplicados entre enero y abril, de modo que inclusive en el caso de las subas postergadas –como en luz, gas y algunas prepagas-, la comparación contra las tarifas en igual mes del año anterior todavía superan a la inflación general. Según el Indec, el aumento en los precios “regulados” acumulado en el primer trimestre del año fue del 81 por ciento interanual, mientras el nivel general de inflación ascendió a 51 por ciento.

Para empezar, en la mañana del miércoles 1 de mayo las petrolerassubieron el valor de los combustibles entre 4 y 5 por ciento. Un ajuste que obedeció al incremento en los costos por la suba del dólar -topeada por el Gobierno en 2 por ciento mensual- y a la recomposición para alcanzar niveles cercanos a la “paridad de exportación”, hoy unos 20 dólares arriba de los precios internos. En principio, los combustibles iban a subir casi 10 por ciento en mayo, dado el traslado por la corrección de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL), que fue suspendida hasta junio por el Gobierno por una decisión de último momento. Las estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal evidenciaban que este ajuste del ICL hubiera sido más alto pues correspondía aplicar los precios del cuarto trimestre del año pasado, que habían rebotado debido a la devaluación de diciembre.

Así, el aumento aplicado inicialmente por YPF estuvo por debajo de las remarcaciones promedio de marzo y abril del 6 por ciento mensual. En mayo, la nafta súper en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pasó de 837 a unos 870 pesos, mientras la nafta premium avanzó de 1.033 a 1.074 pesos. Mientras el gasoil común dejó de costar 883 para pasar a venderse a un valor cercano a 918 pesos, y el gasoil premium avanzó de 1.123 a 1.167 pesos, considerando los valores más económicos del mercado. Tomando como ejemplo CABA, en los últimos doce meses el precio del litro de nafta súper pasó de 163,10 a 744 pesos, con lo que registró un incremento total del 356 por ciento en el período.

En el caso de los servicios públicos de luz y de gas, a partir de este miércoles debía regir la indexación mensual atada a la inflación que estipulaba la nueva fórmula sancionada por el Gobierno. Sin embargo, hasta el martes a la noche los entes reguladores, Enre y Enargas, no habían recibido la información correspondiente a los nuevos cuadros tarifarios. Ante la sorpresa de las empresas del sector, el Gobierno decidió pisar los ajustes que involucraban subas de entre 10 y 12 por ciento para las distribuidoras de energía eléctrica y gas y para las transportistas de gas. Dichos aumentos representaban un incremento cercano al 5 por ciento en las facturas finales de los servicios que el oficialismo prefirió evitar. Igualmente, desde enero acumulan un alza del 150 y 450 por ciento, respectivamente.

En un nuevo traspiés heterodoxo del ministro de Economía, Luis Caputo, decidió mantener las tarifas pisadas al menos un mes para ayudar a la desaceleración inflacionaria. La regulación de los servicios esenciales comenzó a ser entendida por el oficialismo desde una lógica menos simplista y dogmática de lo que intrepreta sobre la inflación, como un fenómeno exclusivamente monetario.En la mañana del miércoles 1 de mayo, el ministro escribió en su cuenta en la red X: “Estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar más con gastos de momento a la clase media”, para explicar las postergaciones de los aumentos, con lo cual también reconoció que dejar de emitir para cubrir el déficit no condujo a la estabilidad de precios como había asegurado. Ahora necesita detener la suba de tarifas.

El congelamiento del ICL, de los aumentos en la luz y el gas, sumados a la exigencia de rebaja en las cuotas de siete medicinas prepagas deben leerse como un llamado de atención dentro de la propia lógica del Gobierno. Las idas y vueltas en materia de liberalización de precios minan el discurso libertario y su apoyo social ante la inmanente erosión en el poder adquisitivo de los salarios. 

El Gobierno ya había suspendido la aplicación de una fórmula indexatoria en su debut con la tarifa de los colectivos y trenes en el Amba durante abril. Ahora en mayo es una incógnita qué pasará con los colectivos ante la amenaza de un paro de choferes este jueves. Los colectivos ya sufrieron un alza del 29 por ciento en febrero.

En tanto, el próximo 6 de mayo sí subirá un 54 por ciento el boleto de tren en el Amba. El esquema tarifario para los servicios que incluyen las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa quedará de la siguiente manera: con tarjeta SUBE registrada en la primera sección valdrá 200 pesos, en la segunda 260 pesos y en la tercera 320 pesos, mientras con tarjeta sin registrara costará el doble, y algo menos de la mitad con la tarifa social.

En el caso del boleto de subte, se espera un aumento del 359 por ciento, pues pasará de 125 a 574 pesos aunque se desconoce a partir de qué fecha concreta del mes por cuestiones administrativas. El Gobierno porteño demoró la publicación de la medida en el Boletín Oficial y aún no confirmó cuándo lo hará, con lo cual también se desconoce si luego se aplicará el segundo incremento previsto para el 15 de mayo, que lleva el pasaje a 667 pesos. El siguiente incremento estaba anunciado para el 1 de junio, hasta los 757 pesos.

Asimismo, los colegios privados bonaerenses aplicarán un incremento del 6,7 por ciento en sus cuotas, con variaciones dependiendo del nivel educativo y la subvención estatal. Los jardines con 100 por ciento de aporte costarán hasta 17.500 pesos, mientras la secundaria con subsidio del 40 por ciento hasta 102.500 pesos.

También las tarifas de internet, cable y telefonía sufrirán un ajuste que oscilará entre el 10 y el 20 por ciento dependiendo del proveedor y el tipo de servicio contratado. Y por último, los alquileres que quedaron dentro de la Ley de Contratos de Locación tendrán un incremento del 221 por ciento mientras aquellos firmados después de la derogación tendrán un ajuste “según el mercado” y las condiciones particulares de cada caso.


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