Se firmaron tres dictámenes, uno del Frente de Todos, otro de Juntos por el Cambio y un tercero que es compartido entre el interbloque Federal y el interbloque Provincias Unidas. El proyecto se debatirá en el recinto, donde el panorama asoma complicado para el oficialismo.

El oficialismo y la oposición de la Cámara de Diputados no llegaron a un acuerdo y se firmaron tres dictámenes sobre la reforma de la ley de Alquileres, proyecto que se votará en una sesión especial que aún no tiene fecha.

Al cabo de tres reuniones informativas de la comisión de Legislación General -presidida por la oficialista Cecilia Moreau- en la que participaron 132 expositores invitados de los distintos sectores involucrados (agrupaciones de inquilinos, corredores inmobiliarios y especialistas sobre el tema), el Frente de Todos y Juntos por el Cambio no pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a los plazos de los contratos y la fórmula de actualización de los precios de los alquileres, entre otros puntos.

El oficialismo y Juntos por el Cambio compartieron el diagnóstico de que la ley 27.551 (que tuvo media sanción en 2019 durante el Gobierno de Cambiemos y aprobada definitivamente en 2020), que había sido fruto del acuerdo transversal de las fuerzas mayoritarias del Congreso, no arrojó los resultados esperados.

Las autoridades parlamentarias del oficialismo habían reconocido meses atrás que la norma había «fracasado».

Sin embargo, luego de de un arduo debate interno, el Frente de Todos decidió hacerse eco de las preocupaciones de las agrupaciones de inquilinos, que pidieron mantener tanto el plazo de duración de tres años los contratos y la frecuencia anual de los ajustes de precios de los alquileres.

En cambio, Juntos por el Cambio propuso un dictamen para retrotraer el marco normativo al sistema que funcionaba antes de la sanción de la ley vigente, cuando los contratos se firmaban por dos años años y el ajuste de los valores era semestral.

Hubo un tercer dictamen -cuya autora es la legisladora de Identidad Bonaerense Graciela Camaño- compartido entre el interbloque Federal y el interbloque Provincias Unidas. Estas bancadas «del medio» inclinarán la balanza para un lado o para el otro cuando el tema llegue al recinto. Si el dictamen de mayoría que logró el oficialismo no consigue los votos, se pasará a tratar el dictamen de Juntos por el Cambio. En este sentido, en el corto plazo se abrirá una instancia de intensas negociaciones para alcanzar las mayorías.

En un principio, correría con ventaja la oposición, dado que el proyecto de Camaño también retoma los dos años de plazo de duración, aunque se diferencia al dejar librado a las partes involucradas la frecuencia de actualización del valor de los alquileres.

El diputado nacional del Frente de Todos Daniel Arroyo sostuvo que «ha sido positivo evitar la derogación de la ley», y se manifestó a favor de continuar con el plazo de tres años de duración de los contratos ya que «ayuda a los inquilinos en el proceso de renovación» del alquiler.

Sobre la falta de resultados en la implementación de la ley, el ex ministro de Desarrollo Social mencionó que se trata de una norma que aún tiene poco rodaje y acotó que hay que tener en cuenta que se puso en funcionamiento «en plena pandemia y en un contexto claramente inflacionario».

El dictamen que consensuó el oficialismo indica que «en los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único, en moneda nacional, y por períodos mensuales, sobre el cual solo pueden realizarse ajustes anuales».

«En ningún caso se pueden establecer bonificaciones ni otras metodologías que induzcan a error al locatario», indica el texto del proyecto oficialista», agrega el texto.

Una novedad que introduce el proyecto oficialista es que aplica un tope a los aumentos pactados que coincide con una fórmula que combina la variación salarial con la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

«La aplicación del índice constituye el ajuste anual máximo permitido, pudiendo las partes, de común acuerdo, pactar ajustes menores», explica la iniciativa del Frente de Todos.

Además, se incorporan aspectos comprendidos en el proyecto del sanjuanino José Luis Gioja, vinculados a beneficios fiscales que recibirían los locadores que se inscriban en el régimen de monotributo, que podrían deducir esos bienes inmuebles en alquiler del pago del impuesto sobre los Bienes Personales.

Estos incentivos estarán dirigidos a quienes «no realicen más de tres (3) actividades simultáneas o no posean más de tres (3) unidades de explotación, sin considerar a estos fines el caso de inmuebles que sean afectados a la locación con destino exclusivo a casa habitación del locatario y su familia, siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados» en la AFIP.

En tanto, en el artículo 13 se incluyó un cambio que tiene que ver con que «el locador no puede requerir una garantía que supere el equivalente a cinco (5) veces el valor mensual de la locación».

Por otra parte, se establece que si el destino es habitacional no puede exigirse por parte del locador «el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes», ni tampoco «depósitos de garantía o exigencias asimilables, por cantidad mayor del importe equivalente al primer mes de alquiler».

«El depósito de garantía debe ser entregado por el locatario en seis cuotas mensuales iguales y consecutivas a partir de la fecha de la firma del contrato. El depósito de garantía será devuelto mediante la entrega de una suma equivalente al precio del último mes de la locación, o la parte proporcional en caso de haberse efectuado un depósito inferior a un mes de alquiler», propone el texto como modificación adicional.

El diputado nacional del PRO Pablo Tonelli recordó que él en 2019 había votado en contra de la ley actual por considerar que «no es equilibrada», y que dio como resultado que se contrayera la oferta de viviendas en alquiler.

«Por eso ahora proponemos al sistema del Código Civil: un plazo mínimo de dos años y la posibilidad de que las actualizaciones sean semestrales y no por un índice fijo sino por cualquier índice que les convenga a las partes», afirmó.

La diputada del Frente de Todos Gisela Marziotta aprovechó su turno para criticar al Gobierno nacional por no controlar y hacer cumplir las obligaciones de la ley vigente.

«Pido disculpas a los inquilinos porque es el Estado nacional el que debería hacerse cargo de que se cumpla la ley, que es muy buena. Me hago cargo siendo parte del oficialismo», expresó, y opinó que «no es la ley la que está produciendo que haya menos propiedades en alquiler».

La radical Karina Banfi, en tanto, salió al cruce de los argumentos oficialistas sobre la presunta concentración del mercado de alquileres.

«No existe el mercado de alquileres. Lo que existe es mucha gente que tiene una propiedad y la pone en alquiler, y que tiene los mismos derechos que puede tener cualquier otra sector. El mercado es un jubilado que ahorró toda su vida y pone en alquiler (un inmueble). ¿Ese es el mercado que nosotros queremos combatir?», preguntó desafiante.

La entrerriana Carolina Gaillard (Frente de Todos) evaluó que «el retiro de la oferta no tiene que ver con que esta sea una mala ley».

«Creo que es una muy buena ley, ha venido a mejorar sustancialmente los parámetros que establecía la ley anterior», enfatizó.

Y señaló que «hay muchos propietarios que no están alquilando sus inmuebles porque se instaló que esta ley no era buena».