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No hubo acuerdo sobre la reforma de la ley de Alquileres en Diputados y se firmaron tres dictámenes

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Se firmaron tres dictámenes, uno del Frente de Todos, otro de Juntos por el Cambio y un tercero que es compartido entre el interbloque Federal y el interbloque Provincias Unidas. El proyecto se debatirá en el recinto, donde el panorama asoma complicado para el oficialismo.

El oficialismo y la oposición de la Cámara de Diputados no llegaron a un acuerdo y se firmaron tres dictámenes sobre la reforma de la ley de Alquileres, proyecto que se votará en una sesión especial que aún no tiene fecha.

Al cabo de tres reuniones informativas de la comisión de Legislación General -presidida por la oficialista Cecilia Moreau- en la que participaron 132 expositores invitados de los distintos sectores involucrados (agrupaciones de inquilinos, corredores inmobiliarios y especialistas sobre el tema), el Frente de Todos y Juntos por el Cambio no pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a los plazos de los contratos y la fórmula de actualización de los precios de los alquileres, entre otros puntos.

El oficialismo y Juntos por el Cambio compartieron el diagnóstico de que la ley 27.551 (que tuvo media sanción en 2019 durante el Gobierno de Cambiemos y aprobada definitivamente en 2020), que había sido fruto del acuerdo transversal de las fuerzas mayoritarias del Congreso, no arrojó los resultados esperados.

Las autoridades parlamentarias del oficialismo habían reconocido meses atrás que la norma había «fracasado».

Sin embargo, luego de de un arduo debate interno, el Frente de Todos decidió hacerse eco de las preocupaciones de las agrupaciones de inquilinos, que pidieron mantener tanto el plazo de duración de tres años los contratos y la frecuencia anual de los ajustes de precios de los alquileres.

En cambio, Juntos por el Cambio propuso un dictamen para retrotraer el marco normativo al sistema que funcionaba antes de la sanción de la ley vigente, cuando los contratos se firmaban por dos años años y el ajuste de los valores era semestral.

Hubo un tercer dictamen -cuya autora es la legisladora de Identidad Bonaerense Graciela Camaño- compartido entre el interbloque Federal y el interbloque Provincias Unidas. Estas bancadas «del medio» inclinarán la balanza para un lado o para el otro cuando el tema llegue al recinto. Si el dictamen de mayoría que logró el oficialismo no consigue los votos, se pasará a tratar el dictamen de Juntos por el Cambio. En este sentido, en el corto plazo se abrirá una instancia de intensas negociaciones para alcanzar las mayorías.

En un principio, correría con ventaja la oposición, dado que el proyecto de Camaño también retoma los dos años de plazo de duración, aunque se diferencia al dejar librado a las partes involucradas la frecuencia de actualización del valor de los alquileres.

El diputado nacional del Frente de Todos Daniel Arroyo sostuvo que «ha sido positivo evitar la derogación de la ley», y se manifestó a favor de continuar con el plazo de tres años de duración de los contratos ya que «ayuda a los inquilinos en el proceso de renovación» del alquiler.

Sobre la falta de resultados en la implementación de la ley, el ex ministro de Desarrollo Social mencionó que se trata de una norma que aún tiene poco rodaje y acotó que hay que tener en cuenta que se puso en funcionamiento «en plena pandemia y en un contexto claramente inflacionario».

El dictamen que consensuó el oficialismo indica que «en los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único, en moneda nacional, y por períodos mensuales, sobre el cual solo pueden realizarse ajustes anuales».

«En ningún caso se pueden establecer bonificaciones ni otras metodologías que induzcan a error al locatario», indica el texto del proyecto oficialista», agrega el texto.

Una novedad que introduce el proyecto oficialista es que aplica un tope a los aumentos pactados que coincide con una fórmula que combina la variación salarial con la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

«La aplicación del índice constituye el ajuste anual máximo permitido, pudiendo las partes, de común acuerdo, pactar ajustes menores», explica la iniciativa del Frente de Todos.

Además, se incorporan aspectos comprendidos en el proyecto del sanjuanino José Luis Gioja, vinculados a beneficios fiscales que recibirían los locadores que se inscriban en el régimen de monotributo, que podrían deducir esos bienes inmuebles en alquiler del pago del impuesto sobre los Bienes Personales.

Estos incentivos estarán dirigidos a quienes «no realicen más de tres (3) actividades simultáneas o no posean más de tres (3) unidades de explotación, sin considerar a estos fines el caso de inmuebles que sean afectados a la locación con destino exclusivo a casa habitación del locatario y su familia, siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados» en la AFIP.

En tanto, en el artículo 13 se incluyó un cambio que tiene que ver con que «el locador no puede requerir una garantía que supere el equivalente a cinco (5) veces el valor mensual de la locación».

Por otra parte, se establece que si el destino es habitacional no puede exigirse por parte del locador «el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes», ni tampoco «depósitos de garantía o exigencias asimilables, por cantidad mayor del importe equivalente al primer mes de alquiler».

«El depósito de garantía debe ser entregado por el locatario en seis cuotas mensuales iguales y consecutivas a partir de la fecha de la firma del contrato. El depósito de garantía será devuelto mediante la entrega de una suma equivalente al precio del último mes de la locación, o la parte proporcional en caso de haberse efectuado un depósito inferior a un mes de alquiler», propone el texto como modificación adicional.

El diputado nacional del PRO Pablo Tonelli recordó que él en 2019 había votado en contra de la ley actual por considerar que «no es equilibrada», y que dio como resultado que se contrayera la oferta de viviendas en alquiler.

«Por eso ahora proponemos al sistema del Código Civil: un plazo mínimo de dos años y la posibilidad de que las actualizaciones sean semestrales y no por un índice fijo sino por cualquier índice que les convenga a las partes», afirmó.

La diputada del Frente de Todos Gisela Marziotta aprovechó su turno para criticar al Gobierno nacional por no controlar y hacer cumplir las obligaciones de la ley vigente.

«Pido disculpas a los inquilinos porque es el Estado nacional el que debería hacerse cargo de que se cumpla la ley, que es muy buena. Me hago cargo siendo parte del oficialismo», expresó, y opinó que «no es la ley la que está produciendo que haya menos propiedades en alquiler».

La radical Karina Banfi, en tanto, salió al cruce de los argumentos oficialistas sobre la presunta concentración del mercado de alquileres.

«No existe el mercado de alquileres. Lo que existe es mucha gente que tiene una propiedad y la pone en alquiler, y que tiene los mismos derechos que puede tener cualquier otra sector. El mercado es un jubilado que ahorró toda su vida y pone en alquiler (un inmueble). ¿Ese es el mercado que nosotros queremos combatir?», preguntó desafiante.

La entrerriana Carolina Gaillard (Frente de Todos) evaluó que «el retiro de la oferta no tiene que ver con que esta sea una mala ley».

«Creo que es una muy buena ley, ha venido a mejorar sustancialmente los parámetros que establecía la ley anterior», enfatizó.

Y señaló que «hay muchos propietarios que no están alquilando sus inmuebles porque se instaló que esta ley no era buena».


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El futuro de la energía atómica: renuncias, desfinanciamiento y deudas millonarias

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La CNEA tiene parados sus proyectos principales y acumula deudas millonarias. Los despidos ya llegan a 570. Paro y protestas de la Uocra. La voz de la presidenta saliente, Adriana Serquis.

Pablo Esteban

Por Pablo Esteban

En medio del brutal ajuste en el sector nuclear, el gobierno finalmente aceptó la renuncia que Adriana Serquis había presentado el 10 de diciembre y, mediante un decreto, determinó que Germán Lavalle y Luis Rovere asumieran como presidente y vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).  La funcionaria saliente había denunciado la falta de fondos para continuar con obras claves como el Carem y el RA-10 –dos reactores nucleares que se construyen desde 2014 y 2016, y que en poco tiempo podían estar listos–, así como también alertó por la acumulación de una deuda millonaria con las compañías subcontratistas que contribuían a la fabricación de las tecnologías. Representa toda una incógnita el futuro de la institución a partir del cambio de timón y el recambio de autoridades, que se produce mientras la motosierra trabaja a pleno: los dos proyectos están paralizados y en torno al Carem los despidos ya están por llegar a los 570, según denunció la Uocra, que mantiene en Zárate una huelga por tiempo indeterminado. Esta semana, hubo marchas y cortes de ruta en esa ciudad en reclamo de la continuidad de los trabajos.  

Más allá de las dudas, Serquis aventura sus propias proyecciones a partir de las conversaciones sostenidas con los nuevos gestores. “Me dijeron que el RA-10 lo van a tratar de sacar adelante sí o sí, porque le falta poquito. La mayor duda está con el Carem, con el que quieren hacer una revisión integral con auditores externos”. Y completa: “Veo difícil que puedan destrabar el conflicto presupuestario, ellos dicen que van a intentar resolverlo. Nosotros les comunicamos la urgencia y la necesidad de fondos para cada uno de los proyectos. La institución a partir de junio no va a poder funcionar, eso está claro”.

La situación de la CNEA, el organismo rector de la energía nuclear en el país, es conflictiva por varios motivos: en los últimos meses contrajo deudas millonarias con los contratistas que trabajan en la puesta en marcha de los reactores (en el caso del Carem, por ejemplo, acumula una suma de 7 mil millones de pesos), despidos de trabajadores implicados en líneas de trabajo que están suspendidas por el momento (principalmente de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, una de las principales contratistas) y cerebros que ya se fugan ante la imposibilidad de condiciones de trabajo adecuadas. El gobierno no envía los fondos necesarios y ello sirve como detonante para empujar a la Comisión al borde del abismo.

Finalmente, el presidente Milei le aceptó la renuncia a Serquis y luego de la transición asumieron los nuevos nombres. La doctora en Física y además Investigadora Principal del Conicet lo relata de este modo: “Hace un par de semanas vengo trabajando con esta gente. Me había comprometido a hacer una transición razonable y lo hice. El secretario de Energía me pidió que me pusiera en contacto con Germán Lavalle, que también realizó reuniones con los gerentes de área de nuestra institución. Como vicepresidente lo acompaña Luis Rovere. Ambos son ingenieros nucleares y egresados del Instituto Balseiro”, comenta quien a partir de la semana que viene volverá a estar al frente del Instituto de Nanociencia y nanotecnología del Conicet.

Los que entran y los que salen

Consultada por este diario, Serquis brinda un detalle de la trayectoria de las autoridades designadas. “En los 90’s, Lavalle fue gerente de institucionales en el momento en que la CNEA perdió el control de las centrales nucleares, cuando fueron a parar a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. En el 2000 se fue de la institución con un retiro voluntario que le ofreció el gobierno de la Alianza”. Lavalle, según cuenta la expresidenta, se autoasume con un perfil “más técnico que político”. A menudo, se utiliza tal caracterización cuando se busca dotar de legitimidad el rol experto en detrimento del ideológico; como si la ciencia y la política podrían pensarse como dos campos autónomos. Rovere, por su parte, es ingeniero nuclear y es gerente del Centro de Medicina Intecnus, una institución sanitaria reconocida en Bariloche. “Las nuevas autoridades tratarán de poner nuevos gerentes de las gestiones anteriores. Por ahora, no vi en carpeta a ninguna mujer en su equipo de trabajo y no tengo idea si sacarán a las que ahora están a cargo. Estoy preocupada, la verdad”.

Lavalle y Rovere reemplazan a Adriana Serquis y a Diego Hurtado, que había presentado su renuncia el 9 de diciembre cuando Alberto Fernández aún era el presidente. Serquis se destacó en su rol por conducir iniciativas relevantes como los reactores nucleares Carem y el RA 10, desarrollos que están en etapas muy avanzadas de diseño y que podrían ser fundamentales para el ingreso de miles de millones de dólares al país si en el futuro inmediato consiguieran finalizarse. Tecnologías que, de hecho, podrían colocar a Argentina a la vanguardia de la energía nuclear.

Asimismo, Serquis tuvo un rol fundamental al democratizar las condiciones de acceso y participación de las mujeres en la gestión de la energía nuclear. También se destacó por un relato muy activo en pos de cambiar la percepción social con respecto a la materia. En cada intervención pública, trató de narrar las ventajas que tiene la energía nuclear en relación a otras energías e intentó desestigmatizar una fuente que históricamente estuvo marcada por desastres como Chernobil y Fukushima. También, sus colegas detallan su énfasis en promover el conocimiento local como vía hacia la soberanía: se forman científicos y científicas en instituciones públicas y luego le devuelven al Estado esta educación de excelencia a través del diseño de tecnologías autóctonas que, en última instancia, permiten el ingreso de divisas al país.

Casi listos, casi paralizados

El Carem es el primer reactor de potencia baja y media, diseñado y desarrollado 100 por ciento en Argentina. Su puesta en marcha podría ser clave para el abastecimiento eléctrico en zonas alejadas de centros urbanos y en parques fabriles, así como también para objetivos diversos que serán cruciales en los próximos años, como la desalinización del agua de mar y la producción de hidrógeno. Por su parte, el RA 10 servirá, entre otras cosas, para abastecer de radioisótopos a todos los centros de medicina nuclear del país; insumos fundamentales para el diagnóstico y el tratamiento de cáncer.

Las aplicaciones en salud, industria, ciencia y tecnología son infinitas para estas dos tecnologías de primer nivel internacional que, según las proyecciones y si el ritmo no se hubiese ralentizado por falta de financiamiento, deberían haber estado listos para 2025 (RA-10) y 2028 (Carem). Para tener referencia, el proyecto Carem ya lleva invertidos 650 millones de dólares y requeriría de una partida de 200 millones más para concluir; cuando un proyecto de la misma envergadura en Estados Unidos cuesta 1400 millones de dólares. En relación a las ganancias que se podrían obtener, la venta de un reactor de la magnitud del Carem podría significar un ingreso de 4 mil millones de dólares; mientras que el RA-10, de ponerse en marcha, podría significar ingresos de 90 millones de dólares al año.

Las potencialidades de ambas iniciativas son innegables. Sin embargo, por el momento, la inercia parece estar frenada hasta nuevo aviso. Para los tiempos que maneja la ciencia ya están casi listos, pero por una decisión política están prácticamente paralizados. 

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