NACIONALES
Para un compromiso a futuro en resguardo de la Patria
Desde niños sabemos –lo aprendemos porque lo indican prácticamente todas las pedagogías familiares argentinas– que en las más duras e inesperadas emergencias políticas nacionales es harto difícil alcanzar concordias. Y sobre todo y muy especialmente cuando aparecen liderazgos que antagonizan la vida colectiva basándose en mentiras y tironeos que se proponen específicamente disturbar a sociedades de por sí complejas y con historias y heridas de dolor y sangre todavía no cauterizadas.
En términos sociales, y en casos así, está casi cantado que la irritación social va a operar de maneras imprevisibles, al punto de que puedan esperarse polarizaciones conceptuales peligrosísimas. Y cuyos resultados, en casos extremos exacerbados por discursos de odio y medidas recalcitrantes, mostrarán los peores rasgos de la conducta humana. Por eso cuando las posiciones se bifurcan y extreman, la vida social es severamente afectada y las sociedades casi siempre se resquebrajan. El siglo 20, sin ir muy lejos, fue un doloroso muestrario de intemperancias y violencias de este tipo.
Y sin embargo a la vez, y paradójidcamente, desde que somos niños, o niñas, se nos inculca la necesidad y conveniencia de tejer redes de amistad y solidaridad con el prójimo. Lo que es irreprochable y por eso la educación familiar busca que con los años –y no sin participación del azar– aprendamos a sobrellevar los episodios más desdichados de la vida en sociedad. Y es así como, tanto en planos individuales como familiares, y desde luego sociales y colectivos, los más variados episodios formatean vidas y conductas.
Pero las cuales también pueden devenir violentas, incendiarias y decisorias para nuestras vidas, porque, como miembros de tribus democráticas de fragilidad variada y variable, estamos expuestos a polarizaciones extremas que los avances tecnológicos saben exacerbar y cada vez con mayor sutileza y cinismo. De manera que no todos los sujetos sociales –interactuantes cuando las sociedades se resquebrajan o se dividen– responden de igual modo a los diferentes estímulos.
Lo anterior adquiere particular gravedad cuando las sociedades se quiebran, los intereses colectivos divergen y los opuestos se tornan irreconciliables partiendo en dos o más fracciones a determinados núcleos sociales. Así, dividiendo reinos y repúblicas, violentando posiciones y/o mal disponiendo a los más variados colectivos, pueden presagiarse y/o concretarse horribles resultados.
Todo lo anterior, por cierto, no pretende ser más que un intento de descripción de los posibles resultados que pueden darse en sociedades en las que se proponen, o imponen, disensos extremos. Por eso es cierto que hay que resistir, nomás, y pacíficamente. Como cierto es que lo sabio es no caer en provocaciones y mantenerse en modo serenidad lo más que se pueda. Cierto y necesario, desde ya, pero cuando a la par el paisaje político y sobre todo social muestra empecinadamente el desguace de la Patria, todo se dificulta, y gravemente, por lo menos hasta que los tipos que hoy gobiernan mañana se vayan.
Porque se van a ir. Porque no van a soportar la fuerza popular de todo un pueblo repudiándolos, y por más banca y apoyo que tengan de sus patrones, que no son otros que los voraces lobos del mundo financiero internacional, hoy ya instalado en nuestra república. Y que como todos los depredadores del mundo al cabo se van a ir. Aunque es probable que dejándonos tierra y economía arrasadas. Por eso ya, desde ahora mismo, es urgente preparar la recuperación democrática de la Patria, que inexorablemente será por vía electoral, pacífica y –eso sí– eligiendo mejor la próxima vez. Pavada de pedagogía cívica la que le espera al sistema de partidos de la Argentina.
No hay otras opciones, y todas trascendentes: como pueblo ser aún más solidarios con los necesitados; más pacientes con los confundidos que votaron esta porquería y mucho más exigentes e implacables con los diputados y senadores blandengues y traidores que desde el primer día se aplicaron a negociar con La Bestia y sus lameculos, todos soberbios, necios e infames. Y a quienes desde ahora mismo hay que aplicarles, sin tregua, todo el castigo de la Memoria en lucha ideológica sin cuartel.
Por eso la tarea de la hora es no sólo repudiar sus inconductas, sus traiciones, sus miserables miedos y repugnantes corruptelas, sino también identificarlos y señalarlos uno por uno y una por una como lo que son: infames traidores a la Patria.
Y es claro que para tan ardua y magnífica tarea el pueblo todo deberá mantenerse unido para resistir mejor. La tarea ya ha comenzado. Con paciencia y sobre todo con firmeza, se trata de crear conciencia y unir voluntades; se trata de ser solidarios con el pueblo trabajador, lo que es decir con millones de mujeres y hombres, veteranos y jóvenes con los que vamos a resistir entre tod@s a la repugnante Bestia Autoritaria, así como a tod@s y cada un@ de sus lacayos.
Claro que habrá que esquivar repugnantes trampas y provocaciones, y saber hacerlo pacíficamente. Habrá que tener autoprohibido caer en celadas políticas. Y para eso –obvio!– será imperativo no dialogar con la Bestia en su jaula ni en sus ámbitos, porque no se dialoga ni se acuerda con cipayos y porque nosotros no olvidaremos ni perdonaremos jamás la sesión de un sólo centímetro cuadrado de Territorio Nacional ni de aguas soberanas.
Por eso mismo tampoco hay que aceptar –y sí repudiar para siempre– la usurpación de las Malvinas y de todas nuestras Islas del Atlántico Sur y también el territorio Antártico y las aguas del Río Paraná y, así, todo el sistema hídrico argentino, con sus miles de islas y canales. Nunca más un presidente que, como ya es obvio, en realidad odia a la Argentina.
También por eso será desautorizada toda cesión territorial que haga este gobierno, dicho sea en el sentido de que no se respetará ninguna renuncia territorial, ni medida alguna que afecte o disminuya los Derechos de Soberanía del Pueblo Argentino vigentes a Diciembre de 2023. Así, ninguna decisión antinacional del gobierno encabezado por Javier Milei será tenida por válida ni obligará a futuras autoridades y gobiernos.
Hay que dejar en claro que toda decisión dispuesta por la actual administración cipaya en favor de empresas, corporaciones, bancos, lobbies y asociaciones de usurpación, no serán toleradas. Al menos en lo que de este columnista dependa.
Y es que hagan lo que hagan, y aunque destruyan y manchen todo lo que ya están mancillando, por vías jurídicas o fácticas, nada de eso significará que el Pueblo Argentino acepte mutilación de soberanía alguna ni la formalización de nada que haya sido entregado. Por eso no se aceptarán hechos consumados ni falsas documentaciones, ni pruebas espurias ni reclamos de ninguna naturaleza. El único destino de nuestra Nación será, y para siempre, el de la unidad territorial, la fraternidad popular, el trabajo honrado y el resguardo de la Paz y la solidaridad latinoamericanas.
NACIONALES
Cuáles son los cambios que exige la oposición para acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal
El debate legislativo de la semana finalizó sin dictamen. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Los cinco puntos clave.
Un Pacto de Mayo sin ley, una ley sin forma. La imposibilidad de dictaminar la Ley Bases no solo enterró la ilusión del acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición. No hay acuerdo ni borrador final: solo la certidumbre de que los proyectos que se aprobaron en Diputados no serán los mismos que se aprobarán en el Senado. Hay seis senadores opositores cuyas firmas son claves que todavía aguardan una respuesta del oficialismo sobre sus pedidos de modificaciones y, hasta que no tengan una devolución, no dictaminarán nada. La pelota, aseguran, está del lado del gobierno nacional, que tendrá que definir, este fin de semana, qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar. En el mientras tanto, nadie, ni el propio gobierno, está seguro de qué forma final tendrán las dos primeras leyes que el Congreso le aprobará a Javier Milei.
Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y José Carambia (Santa Cruz) son los seis senadores de cuyas firmas depende que las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales puedan dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal para que puedan llegar al recinto. El oficialismo se equivocó al creer que el número estaba garantizado y que, en todo caso, la discusión por la letra chica se resolvería de camino al recinto. Y los senadores se lo están haciendo pagar. Para muchos, la inclusión de Victoria Villarruel en las negociaciones – hasta ahora desplazada – habilitará un diálogo más fluido con un oficialismo que, hasta ahora, estaba fragmentado. El intercambio era, por momentos, contradictorio: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, decía una cosa y el ministro de Interior, Guillermo Francos, decía otra.
«Que digan lo que quieran, yo no firmo nada». La frase salió de la boca de varios senadores opositores en las últimas 48 horas. Senadores que se sienten empoderados y que, ante la ausencia de ofertas concretas del gobierno – con la excepción de los fondos para la UBA (un guiño directo al radicalismo) -, van acumulando reclamos. El gobierno solo cuenta con siete senadores propios y otros cinco del PRO: está muy lejos de los 37 que necesita para el quórum, por lo que no está en condiciones de ignorar ningún pedido. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, los pedidos son cada vez más.
RIGI
A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales exorbitantes por 30 años para todas las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. El vocero más elocuente contra el RIGI ha sido Lousteau, pero no está solo: el radical arrastra consigo también las objeciones de Tagliaferri, Blanco, Abad y varias fuerzas provinciales. Una de las mayores críticas es al artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el régimen (adhieran o no las provincias). Se reclama, a su vez, establecer un régimen especial para las industrias más chicas – ya que las inversiones por más de 200 millones están pensadas, casi exclusivamente, para la actividad minera y petrolera -, así como algún sistema de «compre argentino» que proteja a la industria local de la apertura de importaciones.
Hay otros senadores, como Kueider, que plantean cambios más de fondo, como la exigencia de encadenamientos productivos locales.
Impuesto a las Ganancias
Si hay un capítulo que no tiene posibilidades de aprobarse sin cambios es la restitución de Ganancias. Los senadores patagónicos exigen incluir un diferencial para la zona – aludiendo a que el costo de vida es mucho mayor que en el resto del país – y reclaman un incremento del piso mínimo del 22 por ciento. Es decir, que pasaría de 1,8 millones a casi 2,2 millones (que es el mínimo que el proyecto sostiene para personas casadas).
Este punto está casi cerrado con el gobierno nacional, ya que los patagónicos amenazaron con voltearle todo el paquete fiscal si no introduce cambios. Los patagónicos están cerca de sumar unos 48 votos en contra. Es decir, los dos tercios del Senado, lo que obligaría al oficialismo a conseguir la misma mayoría en Diputados para rechazar la modificación (un número que LLA no tiene posibilidades de alcanzar). Dependen de que Unión por la Patria y un par de senadores sin tierra quieran acompañar y están confiados en que lo lograrán.
Privatizaciones
Era un capítulo que parecía cerrado y que, en la última semana, empezó a acumular varias objeciones. Principalmente por la privatización de dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Son varios los senadores del Sur que advierten que, si privatizan la línea de bandera, se caerán varias rutas no turísticas de la Patagonia, como ya sucedió en los 90′. El mismo argumento se repite para el Correo Argentino: el temor es que termine habiendo ciudades y pueblos enteros que se queden sin correo si el Estado no lo garantiza.
Estas objeciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo, ya que el capítulo de privatizaciones representa una de las partes centrales de la Ley Bases. En efecto, cuando el proyecto se cayó en febrero en Diputados fue porque el recinto estaba a punto de rechazar las privatizaciones (entonces eran un total de 27, ahora son once). En el oficialismo buscan evitar una «carnicería» del proyecto, pero se enfrentan a una difícil realidad numérica: si los patagónicos repiten el número de Ganancias para privatizaciones podrían terminar blindando también este capítulo frente a posibles modificaciones en Diputados.
Blanqueo de capitales
Con el tándem Lousteau-Tagliaferri encabezando la avanzada, el gobierno reconoce que introducirá cambios en el capítulo de blanqueo (uno de los más generosos de los últimos años, ya que permite que quienes blanqueen hasta 100 mil dólares no paguen ninguna penalización). Uno de los pedidos es excluir a los hermanos de los funcionarios, así prohibir la posibilidad de que las personas puedan blanquear en nombre de otras (testaferros). Otro de los cambios será ampliar de 5 a 10 años el tiempo que tenga que haber pasado desde que una persona ocupó un cargo público para poder acogerse al beneficio.
Moratoria previsional
Hay, además, decenas de pedidos de modificaciones que refieren a la reforma de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Procedimiento administrativo, así como a la reforma laboral. Uno de los temas más delicados es, sin embargo, la eliminación de la moratoria previsional. Hoy por hoy, en el Senado no está el número para aprobar este capítulo, que no solo cuenta con el rechazo de UxP o Carambia y Kueider, sino también de la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. La gran mayoría de los senadores coinciden en que eliminar la moratoria representaría un duro golpe para las mujeres – 9 de cada 10 no cuenta con los 30 años de aportes – y nadie quiere cargar con ese costo político. Más de un senador pro Ley Bases, incluso, tiene planeado levantar e irse durante la votación para no tener que votar a favor.
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