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Otra vez el asalto a las joyas de la abuela

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El Gobierno quiere poner la bandera de remate sobre activos públicos esenciales. Un tercio de las empresas no reciben ayuda del Estado y generan recursos.

Por Mara Pedrazzoli

En Argentina existen 33 empresas públicas de acuerdo al relevamiento oficial del Ministerio de Economía, entre las más importantes se encuentran Aerolíneas Argentinas, Arsat, Aysa, la TV Pública, los trenes y las centrales nucleares. YPF está por fuera de esa lista pese a que el Estado tiene una posición accionaria mayoritaria y nombra a gerentes y presidentes, pero no depende financieramente del sector público y además cotiza en bolsa. Otra es el Banco Nación y sus distintas unidades de negocios, al cual el DNU 70/2023 quita la potestad de administrar los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y de gestionar los depósitos en moneda extranjera de los organismos públicos y empresas. La ley ómnibus prevé privatizar 41 sociedades del Estado, entre ellas el Banco Nación, que además es la entidad financiera más antigua del país, con fundación en 1891. Según el listado oficial de 33 empresas, hay un total de 92 mil trabajadores amenazados por las privatizaciones.

Por su propia naturaleza, dado que están orientadas por un criterio social y no netamente rentable, dos tercios de las empresas reciben transferencias del Estado. Al tercer trimestre de 2023, el monto ejecutado de esa asistencia alcanzó a 1,1 billones de pesos, que equivalen a 0,9 por ciento del PBI, según datos oficiales. En términos de la estructura del gasto público, los giros a empresas públicas representaron un 4,9 por ciento de las erogaciones corrientes, ubicándose por detrás de gastos primordiales como la seguridad social, los subsidios económicos, programas sociales e intereses de la deuda pública. Pero se trata de un gasto más bien estable, según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Sin embargo, no todas las empresas reciben estas transferencias: 10 de las 33 relevadas por Economía recibieron cero pesos en los primeros tres trimestres del año. Entre ellas se destacan Nucleoeléctrica Argentina, Dioxitek que la abastece, y VENG, que fabrica antenas y otros productos para el sector satelital. Nueve de aquellas compañías tienen ingresos propios superiores a las transferencias del Estado. Se trata de las vinculadas a trenes, Energía Argentina y las de medios audivisuales, como RTA y Contenidos Públicos. Siguiendo la información oficial, para un subgrupo de 12 empresas relevadas, el 41 por ciento de sus ingresos son derivados de operaciones propias, mientras un 31 por ciento proviene de las transferencias estatales.

Otro mito a considerar es que el resultado financiero en todas aquellas es siempre deficitario. Nucleoeléctrica Argentina derriba el mito con un balance positivo de 125.732 millones de pesos en el período analizado; le sigue Trenes Argentinos Infraestructura, con 15.541 millones, y el Correo, por casi 9.000 millones de pesos, entre otras. El resultado financiero contempla el saldo operativo (es decir ingresos menos gastos corrientes) y el de capital (derivado de inversiones físicas). En suma alcanzó 0,2 por ciento del PBI al tercer trimestre.

Resultados

Las transferencias corrientes que realiza el Estado Nacional se destinaron mayoritariamente, en un 55 por ciento, a Energía Argentina S.A., orientadas a la cancelación de importaciones de gas natural proveniente de Bolivia y las compras de GNL, así como a los pagos a empresas argentinas en el marco del Plan Gas.Ar. En segundo lugar se ubicaron los giros a Operadora Ferroviaria S.E. con el objetivo de afrontar pagos de sueldos y cargas sociales, entre otros gastos de operación (20,7 por ciento). AySA, el Correo y Aerolíneas les siguieron en relevancia, con un 4,4 por ciento de las transferencias totales en promedio cada una.

Por otro lado se destacan en cuanto a ingresos operativos Aerolíneas Argentinas, provenientes de la venta de pasajes para destinos nacionales e internacionales, Energía Argentina por la comercialización de gas y Nucleoeléctrica Argentina que atiende el 7 por ciento de la oferta de energía eléctrica del país. Si se suman los recursos de capital destinados a inversiones, otra empresa que aparece en la lista de las más relevantes es AySA, por las obras de infraestructura en saneamiento y cloacas que realiza, así como Energía Argentina por la construcción de dos represas en Santa Cruz y las inversiones en el gasoducto Néstor Kirchner.

Energía Argentina se asocia con capitales privados para la exploración y explotación de hidrocarburos así como a la industrialización, comercialización y distribución del gas natural y derivados del petróleo. La firma recibió transferencias del Estado por 597.500 millones de pesos en suma al tercer trimestre de 2023, pero también generó ingresos propios por 390.551 millones. Tiene un déficit financiero pequeño en comparación a los recursos que maneja y al saldo de las otras sociedades del Estado: 3244 millones de pesos acumulados. Es una empresa eficiente y estratégica para el mercado energético nacional, difícil encontrar ventajas para privatizarla.

Trenes Argentinos Operaciones (u Operadora Ferroviaria) integra Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE) junto a TA Cargas, TA Infraestructura y TA Capital Humano. Tiene a su cargo la prestación de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros, así como el mantenimiento del material rodante y la infraestructura vial. Su balance es fuertemente deficitario13.290 millones de pesos acumulados al tercer trimestre de 2023, pero presta un servicio masivo y orientado al desarrollo de economías regionales ubicadas en lugares alejados. Esa prestación probablemente desaparezca bajo una administración privada. Es la estatal con más cantidad de empleados: 23.823 personas, superando al Correo, con cerca de 17.000, y Aerolíneas, con 12.000.

Aerolíneas Argentinas acumuló un déficit financiero de 92.752 millones de pesos al tercer trimestre de 2023 (el segundo más importante detrás de AySA), pero la información de la propia empresa es que el año cerraría “con equilibrio financiero por primera vez desde 2008, cuando el Estado Nacional recuperó el control de la flota”, dado el balance del segundo semestre. En 2023 Aerolíneas continuó incrementando la cantidad de pasajeros hasta un récord de 14 millones, que superó al pre-pandemia, incorporó además 3 destinos nuevos y 18 nuevas rutas. Lejos estuvo de tener una administración ineficiente. Además, el Gobierno se propone exponerla a la competencia desleal de las low cost con la política de “cielos abiertos”.

Nucleoeléctrica Argentina opera las tres centrales nucleares de Argentina (Atucha I y Atucha II en Zárate, y Embalse en Córdoba) y lleva adelante el reactor nuclear Carem que podría exportarse por millones de dólares. Recibió cero transferencias del Estado en los primeros tres trimestres del año y tuvo ingresos propios por 145.398 millones de pesos, fue además superavitaria por 125.732 millones de pesos en el período. Es una empresa ejemplo y cuesta entender las razones para privatizarla, incluyendo a Dioxitek, que es otra empresa pública que produce insumos para abastecerla.

* Por último, AySA es una firma de envergadura dedicada a la provisión de agua potable y desagües cloacales en el área metropolitana. El 90 por ciento de su capital pertenece al Estado Nacional, formó parte de la primera ola de privatizaciones durante el menemismo y fue re-estatizada durante el gobierno de Néstor Kirchner con el objetivo de mejorar y expandir las redes y la prestación del servicio. Acumula el mayor déficit financiero de las 33 empresas analizadas, con 162.059 millones de pesos en el período.


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Cuáles son los cambios que exige la oposición para acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal

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El debate legislativo de la semana finalizó sin dictamen. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Los cinco puntos clave.

Por María Cafferata

Un Pacto de Mayo sin ley, una ley sin forma. La imposibilidad de dictaminar la Ley Bases no solo enterró la ilusión del acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición. No hay acuerdo ni borrador final: solo la certidumbre de que los proyectos que se aprobaron en Diputados no serán los mismos que se aprobarán en el Senado. Hay seis senadores opositores cuyas firmas son claves que todavía aguardan una respuesta del oficialismo sobre sus pedidos de modificaciones y, hasta que no tengan una devolución, no dictaminarán nada. La pelota, aseguran, está del lado del gobierno nacional, que tendrá que definir, este fin de semana, qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar. En el mientras tanto, nadie, ni el propio gobierno, está seguro de qué forma final tendrán las dos primeras leyes que el Congreso le aprobará a Javier Milei. 

Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y José Carambia (Santa Cruz) son los seis senadores de cuyas firmas depende que las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales puedan dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal para que puedan llegar al recinto. El oficialismo se equivocó al creer que el número estaba garantizado y que, en todo caso, la discusión por la letra chica se resolvería de camino al recinto. Y los senadores se lo están haciendo pagar. Para muchos, la inclusión de Victoria Villarruel en las negociaciones – hasta ahora desplazada – habilitará un diálogo más fluido con un oficialismo que, hasta ahora, estaba fragmentado. El intercambio era, por momentos, contradictorio: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, decía una cosa y el ministro de Interior, Guillermo Francos, decía otra. 

«Que digan lo que quieran, yo no firmo nada». La frase salió de la boca de varios senadores opositores en las últimas 48 horas. Senadores que se sienten empoderados y que, ante la ausencia de ofertas concretas del gobierno – con la excepción de los fondos para la UBA (un guiño directo al radicalismo) -, van acumulando reclamos. El gobierno solo cuenta con siete senadores propios y otros cinco del PRO: está muy lejos de los 37 que necesita para el quórum, por lo que no está en condiciones de ignorar ningún pedido. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, los pedidos son cada vez más.

RIGI

A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales exorbitantes por 30 años para todas las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. El vocero más elocuente contra el RIGI ha sido Lousteau, pero no está solo: el radical arrastra consigo también las objeciones de Tagliaferri, Blanco, Abad y varias fuerzas provinciales. Una de las mayores críticas es al artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el régimen (adhieran o no las provincias). Se reclama, a su vez, establecer un régimen especial para las industrias más chicas – ya que las inversiones por más de 200 millones están pensadas, casi exclusivamente, para la actividad minera y petrolera -, así como algún sistema de «compre argentino» que proteja a la industria local de la apertura de importaciones.

Hay otros senadores, como Kueider, que plantean cambios más de fondo, como la exigencia de encadenamientos productivos locales.

Impuesto a las Ganancias

Si hay un capítulo que no tiene posibilidades de aprobarse sin cambios es la restitución de Ganancias. Los senadores patagónicos exigen incluir un diferencial para la zona – aludiendo a que el costo de vida es mucho mayor que en el resto del país – y reclaman un incremento del piso mínimo del 22 por ciento. Es decir, que pasaría de 1,8 millones a casi 2,2 millones (que es el mínimo que el proyecto sostiene para personas casadas). 

Este punto está casi cerrado con el gobierno nacional, ya que los patagónicos amenazaron con voltearle todo el paquete fiscal si no introduce cambios. Los patagónicos están cerca de sumar unos 48 votos en contra. Es decir, los dos tercios del Senado, lo que obligaría al oficialismo a conseguir la misma mayoría en Diputados para rechazar la modificación (un número que LLA no tiene posibilidades de alcanzar). Dependen de que Unión por la Patria y un par de senadores sin tierra quieran acompañar y están confiados en que lo lograrán. 

Privatizaciones

Era un capítulo que parecía cerrado y que, en la última semana, empezó a acumular varias objeciones. Principalmente por la privatización de dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Son varios los senadores del Sur que advierten que, si privatizan la línea de bandera, se caerán varias rutas no turísticas de la Patagonia, como ya sucedió en los 90′. El mismo argumento se repite para el Correo Argentino: el temor es que termine habiendo ciudades y pueblos enteros que se queden sin correo si el Estado no lo garantiza. 

Estas objeciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo, ya que el capítulo de privatizaciones representa una de las partes centrales de la Ley Bases. En efecto, cuando el proyecto se cayó en febrero en Diputados fue porque el recinto estaba a punto de rechazar las privatizaciones (entonces eran un total de 27, ahora son once). En el oficialismo buscan evitar una «carnicería» del proyecto, pero se enfrentan a una difícil realidad numérica: si los patagónicos repiten el número de Ganancias para privatizaciones podrían terminar blindando también este capítulo frente a posibles modificaciones en Diputados. 

Blanqueo de capitales

Con el tándem Lousteau-Tagliaferri encabezando la avanzada, el gobierno reconoce que introducirá cambios en el capítulo de blanqueo (uno de los más generosos de los últimos años, ya que permite que quienes blanqueen hasta 100 mil dólares no paguen ninguna penalización). Uno de los pedidos es excluir a los hermanos de los funcionarios, así prohibir la posibilidad de que las personas puedan blanquear en nombre de otras (testaferros). Otro de los cambios será ampliar de 5 a 10 años el tiempo que tenga que haber pasado desde que una persona ocupó un cargo público para poder acogerse al beneficio.   

Moratoria previsional

Hay, además, decenas de pedidos de modificaciones que refieren a la reforma de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Procedimiento administrativo, así como a la reforma laboral. Uno de los temas más delicados es, sin embargo, la eliminación de la moratoria previsional. Hoy por hoy, en el Senado no está el número para aprobar este capítulo, que no solo cuenta con el rechazo de UxP o Carambia y Kueider, sino también de la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. La gran mayoría de los senadores coinciden en que eliminar la moratoria representaría un duro golpe para las mujeres – 9 de cada 10 no cuenta con los 30 años de aportes – y nadie quiere cargar con ese costo político. Más de un senador pro Ley Bases, incluso, tiene planeado levantar e irse durante la votación para no tener que votar a favor. 


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