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Esteban Bullrich presentó su propuesta para un «gran acuerdo nacional»

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«Lo que nos une es más fuerte de lo que nos separa», dijo el exsenador de Juntos por el Cambio, en referencia a «la maldita grieta». El acto fue en la ciudad bonaerense de San Nicolás.

El exsenador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich presentó este lunes su propuesta de un gran acuerdo nacional de «12 puntos básicos inamovibles» y realizó una autocrítica en nombre de la dirigencia política al destacar que «la maldita grieta no es más real que los miles de puntos de encuentro que tuvimos y seguiremos teniendo».

«Creo que lo que nos une es más fuerte de lo que nos separa. Esta maldita grieta que tanto daño nos ha hecho no es más real que los miles de puntos de encuentro que tuvimos y seguiremos teniendo.

Quise poner el foco en las cosas de donde podemos hacer fuerza para salir adelante», dijo Bullrich durante un acto en la ciudad bonaerense de San Nicolás, que congregó a dirigentes de la oposición y del oficialismo.

El exsenador, que desde 2021 dejó su banca en el Congreso tras ser diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), realizó una autocrítica en nombre de los dirigentes políticos del país, al afirmar que «se han pasado demasiados años sacando provecho electoral de dividir a la gente».

«Es evidentemente útil poner a la gente en un estado de batalla permanente inventado una sensación constante de situación límite. Así no se construye nada. No se construye un país, una familia, una pareja, una amistad», resaltó.

Bullrich, quien asistió acompañado por sus hijos y su esposa María Eugenia, indicó haberse reunido con «dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas y de la sociedad civil de todo el espectro ideológico» para crear un documento de «12 puntos básicos inamovibles».

Entre ellos, el exministro de Educación durante la gestión de Macri resaltó: «Tenemos que bajar la inflación, crecer y producir más. No se arregla con control de precios, ni cepo a las exportaciones, pero tampoco solo reduciendo el gasto fiscal o emitiendo menos».

Entre los referentes políticos que asistieron a la convocatoria de Bullrich estuvieron la legisladora porteña Ofelia Fernández, y la diputada nacional Natalia Zaracho, y el dirigente social y precandidato presidencial por el Frente de Todos (FdT) Juan Grabois.

«Vimos una convocatoria sincera, humana, de una persona que está pasando un momento difícil de su vida buscando un punto de coincidencia que nos una entre argentinos. Creemos que cuando hay un gesto de humanidad como este es una oportunidad, un milagro, que nos permite discutir», dijo Grabois en declaraciones a la prensa.

El dirigente social remarcó que «más allá de las enormes diferencias» que tienen con Bullrich, su iniciativa es «un llamamiento que nos pareció genuino» y aprovechó la instancia para también acercar su propuesta.

Además Grabois publicó una foto con Bullrich, y destacó: «Cuando hay un llamado sincero al diálogo, cuenten con nosotros», y compartió sus propuestas.

«Nosotros trajimos 10 puntos, planteando que el eje rector tiene que ser la lucha contra cualquier forma de exclusión social, la recuperación de los bienes estratégicos de nuestra patria y el saneamiento de la Justicia, que no se somete a escrutinio electoral», detalló.

Bullrich eligió como sitio para presentar su iniciativa las puertas del Museo Nacional Casa del Acuerdo, en la localidad de San Nicolás, donde el 31 de mayo de 1852 trece provincias firmaron un acuerdo que se configuró como el primer precedente de la Constitución de 1853.

El detalle de los puntos presentados por Bullrich es el siguiente: «Posicionar la estabilidad macroeconómica como norte de todas las decisiones; defender y valorar la constitución y sus instituciones republicanas; reformar el Estado buscando la austeridad y la eliminación de privilegios; promover las exportaciones como medio del progreso y el bienestar; implementar el sistema de boleta única; y fomentar el desarrollo y las inversiones, con un régimen laboral que facilite la creación de empleo privado».

También agregó que se necesita «crear una política de seguridad que combata el narcotráfico y permita vivir en paz; actualizar las políticas educativas para generar el capital humano que demanda el siglo 21; transformar a la Argentina en una potencia energética mundial; promover a los pequeños productores, las pymes y el emprendedurismo; crear un sistema impositivo federal que permita el desarrollo del sector privado; y crear un plan de capacitación público y privado para el trabajo».


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Cuáles son los cambios que exige la oposición para acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal

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El debate legislativo de la semana finalizó sin dictamen. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Los cinco puntos clave.

Por María Cafferata

Un Pacto de Mayo sin ley, una ley sin forma. La imposibilidad de dictaminar la Ley Bases no solo enterró la ilusión del acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición. No hay acuerdo ni borrador final: solo la certidumbre de que los proyectos que se aprobaron en Diputados no serán los mismos que se aprobarán en el Senado. Hay seis senadores opositores cuyas firmas son claves que todavía aguardan una respuesta del oficialismo sobre sus pedidos de modificaciones y, hasta que no tengan una devolución, no dictaminarán nada. La pelota, aseguran, está del lado del gobierno nacional, que tendrá que definir, este fin de semana, qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar. En el mientras tanto, nadie, ni el propio gobierno, está seguro de qué forma final tendrán las dos primeras leyes que el Congreso le aprobará a Javier Milei. 

Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y José Carambia (Santa Cruz) son los seis senadores de cuyas firmas depende que las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales puedan dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal para que puedan llegar al recinto. El oficialismo se equivocó al creer que el número estaba garantizado y que, en todo caso, la discusión por la letra chica se resolvería de camino al recinto. Y los senadores se lo están haciendo pagar. Para muchos, la inclusión de Victoria Villarruel en las negociaciones – hasta ahora desplazada – habilitará un diálogo más fluido con un oficialismo que, hasta ahora, estaba fragmentado. El intercambio era, por momentos, contradictorio: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, decía una cosa y el ministro de Interior, Guillermo Francos, decía otra. 

«Que digan lo que quieran, yo no firmo nada». La frase salió de la boca de varios senadores opositores en las últimas 48 horas. Senadores que se sienten empoderados y que, ante la ausencia de ofertas concretas del gobierno – con la excepción de los fondos para la UBA (un guiño directo al radicalismo) -, van acumulando reclamos. El gobierno solo cuenta con siete senadores propios y otros cinco del PRO: está muy lejos de los 37 que necesita para el quórum, por lo que no está en condiciones de ignorar ningún pedido. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, los pedidos son cada vez más.

RIGI

A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales exorbitantes por 30 años para todas las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. El vocero más elocuente contra el RIGI ha sido Lousteau, pero no está solo: el radical arrastra consigo también las objeciones de Tagliaferri, Blanco, Abad y varias fuerzas provinciales. Una de las mayores críticas es al artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el régimen (adhieran o no las provincias). Se reclama, a su vez, establecer un régimen especial para las industrias más chicas – ya que las inversiones por más de 200 millones están pensadas, casi exclusivamente, para la actividad minera y petrolera -, así como algún sistema de «compre argentino» que proteja a la industria local de la apertura de importaciones.

Hay otros senadores, como Kueider, que plantean cambios más de fondo, como la exigencia de encadenamientos productivos locales.

Impuesto a las Ganancias

Si hay un capítulo que no tiene posibilidades de aprobarse sin cambios es la restitución de Ganancias. Los senadores patagónicos exigen incluir un diferencial para la zona – aludiendo a que el costo de vida es mucho mayor que en el resto del país – y reclaman un incremento del piso mínimo del 22 por ciento. Es decir, que pasaría de 1,8 millones a casi 2,2 millones (que es el mínimo que el proyecto sostiene para personas casadas). 

Este punto está casi cerrado con el gobierno nacional, ya que los patagónicos amenazaron con voltearle todo el paquete fiscal si no introduce cambios. Los patagónicos están cerca de sumar unos 48 votos en contra. Es decir, los dos tercios del Senado, lo que obligaría al oficialismo a conseguir la misma mayoría en Diputados para rechazar la modificación (un número que LLA no tiene posibilidades de alcanzar). Dependen de que Unión por la Patria y un par de senadores sin tierra quieran acompañar y están confiados en que lo lograrán. 

Privatizaciones

Era un capítulo que parecía cerrado y que, en la última semana, empezó a acumular varias objeciones. Principalmente por la privatización de dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Son varios los senadores del Sur que advierten que, si privatizan la línea de bandera, se caerán varias rutas no turísticas de la Patagonia, como ya sucedió en los 90′. El mismo argumento se repite para el Correo Argentino: el temor es que termine habiendo ciudades y pueblos enteros que se queden sin correo si el Estado no lo garantiza. 

Estas objeciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo, ya que el capítulo de privatizaciones representa una de las partes centrales de la Ley Bases. En efecto, cuando el proyecto se cayó en febrero en Diputados fue porque el recinto estaba a punto de rechazar las privatizaciones (entonces eran un total de 27, ahora son once). En el oficialismo buscan evitar una «carnicería» del proyecto, pero se enfrentan a una difícil realidad numérica: si los patagónicos repiten el número de Ganancias para privatizaciones podrían terminar blindando también este capítulo frente a posibles modificaciones en Diputados. 

Blanqueo de capitales

Con el tándem Lousteau-Tagliaferri encabezando la avanzada, el gobierno reconoce que introducirá cambios en el capítulo de blanqueo (uno de los más generosos de los últimos años, ya que permite que quienes blanqueen hasta 100 mil dólares no paguen ninguna penalización). Uno de los pedidos es excluir a los hermanos de los funcionarios, así prohibir la posibilidad de que las personas puedan blanquear en nombre de otras (testaferros). Otro de los cambios será ampliar de 5 a 10 años el tiempo que tenga que haber pasado desde que una persona ocupó un cargo público para poder acogerse al beneficio.   

Moratoria previsional

Hay, además, decenas de pedidos de modificaciones que refieren a la reforma de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Procedimiento administrativo, así como a la reforma laboral. Uno de los temas más delicados es, sin embargo, la eliminación de la moratoria previsional. Hoy por hoy, en el Senado no está el número para aprobar este capítulo, que no solo cuenta con el rechazo de UxP o Carambia y Kueider, sino también de la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. La gran mayoría de los senadores coinciden en que eliminar la moratoria representaría un duro golpe para las mujeres – 9 de cada 10 no cuenta con los 30 años de aportes – y nadie quiere cargar con ese costo político. Más de un senador pro Ley Bases, incluso, tiene planeado levantar e irse durante la votación para no tener que votar a favor. 


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