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RIO TURBIO

Avendaño reafirmó el compromiso de Luz y Fuerza en la defensa de YCRT y sus trabajadores

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Luis Avendaño, Secretario General de Luz y Fuerza Cuenca Carbonífera, rechaza la idea de privatizar YCRT y desmiente comunicación con el diputado Acevedo.

El Secretario General de Luz y Fuerza Cuenca Carbonífera, Luis Avendaño, abordó el tema de la reciente votación en la Cámara de Diputados respecto a la Ley Bases y su impacto en la empresa Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT).

Avendaño expresó su preocupación por la amplia mayoría que tiene el gobierno nacional en la Cámara de Diputados, lo que podría permitir la aprobación de medidas perjudiciales para YCRT. Sin embargo, desmintió categóricamente haber mantenido cualquier tipo de comunicación con el diputado Sergio Acevedo, quien había afirmado que los gremios habían solicitado votar a favor de la ley para preservar fuentes de trabajo y la paz social.

«Por parte de Luz y Fuerza no mantuvimos ningún tipo de comunicación con él», afirmó Avendaño. «Estamos enfocados en buscar la mejor opción para todos nosotros, lo cual implica mantener nuestra empresa viva y los puestos de trabajo. Pretendemos una sola unidad económica, agregar valor al carbón, utilizarlo en la usina para generar energía y recursos», agregó.

El Secretario General subrayó la importancia de mantener el diálogo con otros sindicatos para definir qué tipo de empresa mixta desean formar y aseguró que seguirán exigiendo respuestas claras sobre los planes de intervención para YCRT. Además, destacó el potencial energético de la región y la contribución de los trabajadores de YCRT, señalando la importancia de mantener la usina operativa y buscar soluciones para garantizar su funcionamiento.

Avendaño reafirmó el compromiso de Luz y Fuerza Cuenca Carbonífera en la defensa de YCRT y sus trabajadores, así como en la búsqueda de alternativas que aseguren la sostenibilidad y el desarrollo de la empresa en beneficio de la región.

«Lo que estamos solicitando como sindicatos son respuestas claras. Necesitamos que la intervención presente los proyectos futuros para el Yacimiento. Actualmente, solo sabemos que no se planea invertir en la Central de 240 MW debido a la falta de fondos. Se enfocarán en la extracción y venta de carbón, pero no podemos descuidar la usina y afirmar que no se realizarán inversiones. Esto genera incertidumbre entre nosotros. Queremos conocer sus planes concretos», señaló.

«Durante este fin de semana, gracias al corte de energía en el interconectado, pudimos suplir parte de la energía en la Cuenca Carbonífera con la Central de 21 MW. Contamos con un potencial energético significativo, incluyendo dos módulos de 120 MW y una usina de 21 MW capaz de generar hasta 4 MW, todo gracias al arduo trabajo de nuestros compañeros», destacó.


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La privatización de YCRT y de 10 empresas públicas más en manos del Senado

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El oficialismo definirá la propuesta de venta de Aerolíneas Argentinas ante el riesgo de que se caiga el artículo que contempla la privatización de Radio y Televisión Pública, Enarsa e Intercargo. Sujeta a privatización también está YCRT, proponiendo un Proyecto Público Privado donde el Estado Nacional tendría el control mayoritario.

Uno de los puntos centrales contemplados en el proyecto de Ley Bases que debatirá mañana la Cámara de Senadores son las privatizaciones o concesiones de once empresas públicas, aunque hay dudas que se mantenga la venta Aerolíneas Argentinas.

La libertad Avanza quiere mantener la propuesta contemplada en el dictamen de mayoría de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, y Legislación General, pero hay resistencia de que pueda mantener en la lista a la empresa de aviación.

El oficialismo propone la privatización total de Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión, Intercargo y Energía Argentina (Enarsa).

Pero en el caso de Aerolíneas Argentinas hay resistencias de los senadores del Sur como en caso del radical fueguino Pablo Blanco y de la chubutense Edith Terenzi que van a aprobar en general el dictamen de mayoría, pero se oponen a la venta de la empresa aérea al sostener que algunas provincias quedarán aisladas.

Si a ese rechazo se suman los 33 votos de UP y algún otro legislador dialoguista, el Gobierno corre el riesgo no solo que se elimina la privatización de Aerolíneas Argentinas, sino de las otras empresas que están comprendidas en el articulo 7 de la ley Base como RTA, Intercargo y Enarsa.

En tanto, en el caso Aguas y Saneamientos Argentinos SA(Aysa), Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logístico S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales propone una concesión parcial es decir que estén abiertas a incorporar capital privado.

En cambio, en el caso de la estratégica empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Nassa) fija que solo se podrá organizar un Programa de Propiedad Participada (PPP) y colocar una clase de acciones para ese fin.

En este caso se permite la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social, y además se exigirá que se requerirá el voto afirmativo para la toma de decisiones claves tanto para ampliar la capacidad de una central de generación eléctrica o para la construcción de una nueva.

Otra empresa sujeta a privatización será el Complejo Carbonífero, ferroviario y Portuario a cargo de Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT), aunque solo se permite organizar un Proyecto Público Privado, debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación en el mismo.

La Ley Bases establecerá que La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones deberá ser informada de la modalidad y procedimiento seleccionado conforme cualquier preferencia concedida a un potencial adquirente por parte del Poder Ejecutivo.

También las medidas adoptadas a fin de garantizar los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, igualdad, publicidad y gobierno abierto en los procesos de toma de decisión; y de toda otra circunstancia de relevancia vinculada al proceso de privatización, al tiempo que la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General la Nación actuarán en colaboración permanente con esta Comisión.


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