El Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz rechazó una propuesta elevada por ADOSAC durante la paritaria del 12 de noviembre, en la que el gremio solicitó que la carga horaria de los estudiantes con discapacidad fuera determinada a partir del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Provinciales27/11/2025
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La presidenta del organismo, Lic. Iris Rasgido, consideró que el planteo podría contradecir la legislación vigente y afectar derechos garantizados, ya que implicaría que un documento de carácter médico defina el tiempo de permanencia en la escuela, lo que –señaló– “podría interpretarse como un criterio restrictivo o discriminatorio”.
El alcance de la propuesta gremial
Según lo solicitado por ADOSAC, el Congreso Provincial de Educación definiría cuántas horas de cursada debe cumplir un estudiante con discapacidad, tomando el CUD como referencia para establecer la duración de la jornada escolar.
Desde el CPE explicaron que esta perspectiva no se corresponde con los marcos normativos actuales, como la legislación provincial, la Ley Nacional de Educación y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que promueven la escolaridad plena, la participación activa y la eliminación de barreras en el acceso a la educación.
Modelo santacruceño de inclusión
La titular educativa destacó los avances logrados en Santa Cruz en los últimos años, particularmente el desarrollo del Proyecto Pedagógico Individual (PPI), herramienta que se construye junto a docentes, equipos técnicos y familias. Este recurso —señalaron— permite planificar la trayectoria escolar de cada estudiante sin modificar derechos esenciales ni reducir la experiencia educativa.
Principio irrenunciable
El rechazo a este planteo se suma a otras solicitudes gremiales que, según el CPE, demandan evaluaciones técnicas por su impacto potencial sobre derechos educativos. Desde el organismo reiteraron que la inclusión escolar constituye “un principio irrenunciable en la política educativa de Santa Cruz” y que no será sometida a criterios que impliquen retrocesos en materia de garantías.
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