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El cálculo de recursos y gastos fija la distribución entre las principales finalidades del Estado: administración gubernamental, seguridad, servicios sociales, servicios económicos y deuda pública. De acuerdo con las planillas anexadas, los servicios sociales concentran la partida más elevada, con $2.160.345.187.254, reflejando el peso de áreas esenciales como educación, salud y desarrollo social. Le siguen administración gubernamental ($558.975.706.587), seguridad ($267.151.906.859), servicios económicos ($252.400.320.281) y deuda pública ($5.994.442.661).
El documento precisa además que el gasto corriente ascenderá a $3.184.622.604.132, mientras que los gastos de capital —destinados a obra pública, equipamiento y ampliación de infraestructura— totalizarán $60.244.959.510. En cuanto al financiamiento, los recursos corrientes proyectados suman $2.893.295.965.127, complementados por recursos de capital por $11.751.150.293.
La exposición de motivos del Presupuesto advierte que la situación fiscal provincial se ve presionada por el incumplimiento sostenido de varios municipios en sus aportes al sistema previsional y de salud, lo que genera un perjuicio directo a la sostenibilidad de la CPS y la CSS. Esta dinámica, señala el Gobierno, restringe la planificación y obliga a asumir erogaciones no previstas para sostener prestaciones esenciales.
A ello se suma un contexto nacional de ajuste fiscal, con caída de transferencias y baja en los ingresos de origen federal, que limita severamente las posibilidades de expansión del gasto. Por ello, el Ejecutivo provincial planteó que el Presupuesto 2026 fue elaborado bajo criterios de austeridad, prudencia técnica y responsabilidad financiera, evitando compromisos sin respaldo presupuestario y priorizando áreas estratégicas.
En esa línea, el Gobierno anticipó medidas de revisión administrativa, contención del gasto, limitación de designaciones, renegociación de compromisos y redireccionamiento de recursos hacia sectores esenciales como educación, salud, seguridad y energía. “La magnitud del desbalance proyectado obliga a ordenar las cuentas públicas para garantizar la continuidad de los servicios esenciales”, indica el mensaje oficial.
Con un déficit estructural y la carga adicional de los aportes impagos municipales, el Presupuesto 2026 presenta un panorama complejo para la administración santacruceña. La ejecución del ejercicio —advirtió el Gobierno— demandará decisiones extraordinarias de administración, control del gasto y planificación ajustada para evitar un deterioro mayor de las finanzas provinciales.
