28 DE NOVIEMBRE
Ponce: «Nosotros vamos propiciar el verdadero diálogo y consenso de una ley que tiene que favorecer a los santacruceños»
La diputada por el Municipio de 28 de Noviembre, Lorena Ponce, fue apuntada por el oficialismo de la Cámara de Diputados, tras el frustrado tratamiento del RIGI en la legislatura santacruceña. La legisladora habló sobre las acusaciones y la nueva postura del sector de Por Santa Cruz, que aceptó incluir modificaciones en el texto.
Tras la caída de la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados por falta de quórum, el bloque oficialista, mantuvo una serie de reuniones con representantes de los gremios que permanecieron en las afueras de la legislatura hasta bien entrada la tarde. Durante el encuentro se acordó avanzar en un “proyecto superador al RIGI” y en “acuerdo con los gremios“.
El proyecto será evaluado y analizado en comisiones y se espera ingrese al recinto, para su tratamiento, el próximo 12 de diciembre. “Llamaron a los gremios y conversaron para hacer una nueva propuesta, que no es muy diferente a la de adhesión al RIGI. Nosotros vamos propiciar el verdadero diálogo y consenso de una ley que tiene que favorecer a los santacruceños, que ayude al gobierno provincial, pero con la mirada de los trabajadores”, dijo Ponce.
Por último se refirió a las acusaciones del bloque oficialista: “Cuando hablan que somos mal intencionados al pedir el tratamiento como primer punto, se equivocan porque intentábamos saber si había una postura marcada la supiéramos y terminaramos con el tema, y la gente se fuera a su casa. Hay que pensar, desde nuestro bloque votamos para la aplicación del periodo de sesiones justamente para que provincia legislatura tuviera sus presupuesto, entonces para algunas cosas somos los peores y para otras cosas somos compañeros de legislatura. Es importante plantearlo, si fuéramos los peores esto no sería así”. Con información de Tiempo Sur
28 DE NOVIEMBRE
YCRT en la encrucijada: reclamos salariales y la incertidumbre sobre su futuro
Mientras ATE exige el pago de pasajes para los trabajadores y sus familias, YCRT enfrenta un panorama complejo. La transformación en sociedad anónima y la privatización parcial plantean desafíos económicos y laborales para la empresa estatal y sus empleados.
Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) atraviesa un momento crítico. A la incertidumbre generada por la prórroga de 60 días decretada por el gobierno nacional para transformar empresas estatales en sociedades anónimas, se suman los reclamos sindicales que tensionan aún más el panorama.
En una carta documento dirigida al interventor de YCRT, Pablo Gordillo, el Secretario General de ATE Río Turbio, Matías Delgado, exigió el cumplimiento del pago de los “pasajes” establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo. Este beneficio garantiza a los trabajadores y sus familias un traslado anual de ida y vuelta a su lugar de origen. La empresa, hasta el momento, no ha respondido oficialmente, pero fuentes internas señalan que, dadas las condiciones actuales del yacimiento, el cumplimiento de este reclamo resultaría inviable.
La intervención de YCRT argumenta que el contexto de improductividad, sumado a la incertidumbre sobre su futura figura jurídica, hace insostenible el pago de este beneficio. La empresa depende de un presupuesto ajustado que prioriza la continuidad de las operaciones y el sustento de más de 2.000 familias.
Por otro lado, el pago de la BAE (Bonificación Anual Extraordinaria) es otro punto crítico en la negociación futura. Este ítem representaría una erogación de 7.000 millones de pesos, un equivalente a mes y medio de salarios para los trabajadores. Según la intervención, acceder a ambos reclamos comprometería gravemente las finanzas de YCRT y su capacidad de operar en el corto plazo.
Mientras tanto, la transformación de YCRT en sociedad anónima y la posible privatización del 49% de sus activos generan preocupación entre los trabajadores. Con más de 5.000 millones de pesos destinados mensualmente al pago de salarios, la empresa enfrenta un desafío titánico para equilibrar sus obligaciones con los trabajadores y el mandato del gobierno nacional de reducir el déficit fiscal.
Desde ATE Río Turbio, Matías Delgado advirtió que, de no obtener una respuesta favorable en las próximas 48 horas, el gremio iniciará acciones judiciales. El reclamo se da en un marco de creciente tensión social y laboral, donde se pone en juego no solo el bienestar de los empleados, sino también el futuro de una de las empresas más emblemáticas de Santa Cruz.
En este contexto, la intervención de YCRT destaca que su prioridad es garantizar la continuidad del yacimiento y las fuentes de trabajo, mientras espera mayores definiciones del gobierno nacional sobre el destino de las empresas estatales.
El futuro de YCRT no solo preocupa a los trabajadores y sus familias, sino también a toda la comunidad de Río Turbio, que depende económicamente del yacimiento. La posibilidad de privatización parcial y los ajustes presupuestarios auguran meses de incertidumbre para todos los actores involucrados.
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