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Otro gobernador denunció a Silvio Robles, el hombre de confianza de Horacio Rosatti

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Ricardo Quintela lo acusó de violación de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias. La investigación que se había iniciado en Santiago del Estero, por impulso del gobernador Gerardo Zamora, pasó a Comodoro Py.

Silvio Robles, el hombre de confianza del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, sigue acumulando denuncias. Esta vez fue el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien hizo una presentación ante la justicia federal riojana contra Robles y el ministro porteño Marcelo D’Alessandro después de que se conocieran los chats que intercambiaron sobre dos temas que estaba estudiando la Corte Suprema: la disputa por los fondos coparticipables entre la Ciudad y la Nación y la pelea por una banca en el Consejo de la Magistratura.

Quintela denunció a Robles y a D’Alessandro por violación de los deberes de funcionarios públicos y por tráfico de influencias. El gobernador englobó las conversaciones por Telegram que se conocieron la semana pasada dentro de lo que denominó como un «esquema de corrupción» diseñado por ambos funcionarios.

“La corrupción supone una relación entre dos agentes, o más (Robles y D’Alessandro) precisamente, un intercambio irregular de prestaciones entre dos partes, el receptor de la ventaja y el otorgante de la misma (asesoramiento con respecto al Consejo de la Magistratura, fallo por la coparticipación)”, dice el escrito al que accedió Página/12.

Después de promover el juicio político contra Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, Quintela instruyó al fiscal de Estado riojano, Gustavo Roque Ibarra, para que hiciera esta presentación ante la justicia federal con sede en la provincia. Al igual que en el pedido presentado por el presidente Alberto Fernández y otros diez gobernadores, Quintela habló de una «relación espuria» entre el vocero de Rosatti y D’Alessandro, que redundaba en fallos favorables para el macrismo y particularmente para el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que ya anunció su intención de competir en las elecciones presidenciales de este año.

En esa línea, Quintela pidió que se allane el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño –que hasta el martes ocupó D’Alessandro– y que se secuestren los teléfonos de Robles y de su interlocutor en el Gobierno de la Ciudad. 

Con anterioridad, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, había denunciado a Robles por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El juez a cargo del expediente, Guillermo Molinari, ordenó que el funcionario de la Corte depositara su teléfono en la secretaría de la Corte que estuviera de turno durante la feria. Sin embargo, trascendió que esa medida no se efectivizó porque Robles está de vacaciones en el exterior. Sí se supo que hizo presentaciones en la causa a través de su abogado Matías Ledesma.

Robles hizo saber, a través de su letrado, que le preocupaba que la Policía Federal Argentina (PFA) hubiera ido a su casa y a la de su hijo en los últimos días y que esas actuaciones no estuvieran incorporadas al expediente digital. Fuentes de la cartera de Seguridad confirmaron que la PFA concurrió al domicilio del funcionario de la Corte para notificarlo de un oficio que había mandado el juez de Santiago del Estero. «Fueron tres veces y finalmente pasaron la notificación por debajo de la puerta», explicaron. 

A Comodoro Py, sin escalas

En las últimas horas, el juez Molinari declinó la competencia y envió la causa a los tribunales de Comodoro Py. Allí, hay, al menos, dos denuncias radicadas en el juzgado federal de Ariel Lijo, que podría ser el magistrado que concentre la investigación sobre los vínculos entre el hombre de confianza de Rosatti y el ministro de Rodríguez Larreta que debió pedir licencia después de que estallara el escándalo.

Una de las denuncias que se presentaron en los tribunales de Comodoro Py fue formulada por Gastón Marano, el abogado defensor de Nicolás Carrizo –uno de los vendedores de algodón de azúcar detenidos por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner–. La vicepresidenta se hizo eco de una nota publicada por el periodista Raúl Kollmann que mostraba que la maniobra de Marano terminaba favoreciendo a Robles al traccionar la investigación hacia un terreno más favorable. “Impresiona el entramado mafioso”, tuiteó CFK.

Este jueves estaba previsto que Carrizo ampliara su indagatoria ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. Sin embargo, Marano pidió postergar la declaración de su defendido porque estaba de vacaciones. Entre quienes siguen la causa por el intento de magnicidio sorprendió que el abogado se hiciera tiempo para denunciar a Robles mientras estaba descansando. La indagatoria del jefe de la banda de los copitos se postergó para el martes próximo.


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Ida y vuelta de los aumentos en mayo

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El Gobierno postergó subas de luz, gas e impuesto a los combustibles para amortiguar otros aumentos. Colectivos y subtes, en espera.


Por Mara Pedrazzoli

Entre varias idas y vueltas respecto a los aumentos de precios liberados (y regulados) por el Gobierno, los incrementos programados para mayo impactarán directamente sobre consumos esenciales como combustibles, transporte, el servicio de internet y comunicación, colegios privados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y alquileres. Se suman a los amplicados entre enero y abril, de modo que inclusive en el caso de las subas postergadas –como en luz, gas y algunas prepagas-, la comparación contra las tarifas en igual mes del año anterior todavía superan a la inflación general. Según el Indec, el aumento en los precios “regulados” acumulado en el primer trimestre del año fue del 81 por ciento interanual, mientras el nivel general de inflación ascendió a 51 por ciento.

Para empezar, en la mañana del miércoles 1 de mayo las petrolerassubieron el valor de los combustibles entre 4 y 5 por ciento. Un ajuste que obedeció al incremento en los costos por la suba del dólar -topeada por el Gobierno en 2 por ciento mensual- y a la recomposición para alcanzar niveles cercanos a la “paridad de exportación”, hoy unos 20 dólares arriba de los precios internos. En principio, los combustibles iban a subir casi 10 por ciento en mayo, dado el traslado por la corrección de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL), que fue suspendida hasta junio por el Gobierno por una decisión de último momento. Las estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal evidenciaban que este ajuste del ICL hubiera sido más alto pues correspondía aplicar los precios del cuarto trimestre del año pasado, que habían rebotado debido a la devaluación de diciembre.

Así, el aumento aplicado inicialmente por YPF estuvo por debajo de las remarcaciones promedio de marzo y abril del 6 por ciento mensual. En mayo, la nafta súper en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pasó de 837 a unos 870 pesos, mientras la nafta premium avanzó de 1.033 a 1.074 pesos. Mientras el gasoil común dejó de costar 883 para pasar a venderse a un valor cercano a 918 pesos, y el gasoil premium avanzó de 1.123 a 1.167 pesos, considerando los valores más económicos del mercado. Tomando como ejemplo CABA, en los últimos doce meses el precio del litro de nafta súper pasó de 163,10 a 744 pesos, con lo que registró un incremento total del 356 por ciento en el período.

En el caso de los servicios públicos de luz y de gas, a partir de este miércoles debía regir la indexación mensual atada a la inflación que estipulaba la nueva fórmula sancionada por el Gobierno. Sin embargo, hasta el martes a la noche los entes reguladores, Enre y Enargas, no habían recibido la información correspondiente a los nuevos cuadros tarifarios. Ante la sorpresa de las empresas del sector, el Gobierno decidió pisar los ajustes que involucraban subas de entre 10 y 12 por ciento para las distribuidoras de energía eléctrica y gas y para las transportistas de gas. Dichos aumentos representaban un incremento cercano al 5 por ciento en las facturas finales de los servicios que el oficialismo prefirió evitar. Igualmente, desde enero acumulan un alza del 150 y 450 por ciento, respectivamente.

En un nuevo traspiés heterodoxo del ministro de Economía, Luis Caputo, decidió mantener las tarifas pisadas al menos un mes para ayudar a la desaceleración inflacionaria. La regulación de los servicios esenciales comenzó a ser entendida por el oficialismo desde una lógica menos simplista y dogmática de lo que intrepreta sobre la inflación, como un fenómeno exclusivamente monetario.En la mañana del miércoles 1 de mayo, el ministro escribió en su cuenta en la red X: “Estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar más con gastos de momento a la clase media”, para explicar las postergaciones de los aumentos, con lo cual también reconoció que dejar de emitir para cubrir el déficit no condujo a la estabilidad de precios como había asegurado. Ahora necesita detener la suba de tarifas.

El congelamiento del ICL, de los aumentos en la luz y el gas, sumados a la exigencia de rebaja en las cuotas de siete medicinas prepagas deben leerse como un llamado de atención dentro de la propia lógica del Gobierno. Las idas y vueltas en materia de liberalización de precios minan el discurso libertario y su apoyo social ante la inmanente erosión en el poder adquisitivo de los salarios. 

El Gobierno ya había suspendido la aplicación de una fórmula indexatoria en su debut con la tarifa de los colectivos y trenes en el Amba durante abril. Ahora en mayo es una incógnita qué pasará con los colectivos ante la amenaza de un paro de choferes este jueves. Los colectivos ya sufrieron un alza del 29 por ciento en febrero.

En tanto, el próximo 6 de mayo sí subirá un 54 por ciento el boleto de tren en el Amba. El esquema tarifario para los servicios que incluyen las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa quedará de la siguiente manera: con tarjeta SUBE registrada en la primera sección valdrá 200 pesos, en la segunda 260 pesos y en la tercera 320 pesos, mientras con tarjeta sin registrara costará el doble, y algo menos de la mitad con la tarifa social.

En el caso del boleto de subte, se espera un aumento del 359 por ciento, pues pasará de 125 a 574 pesos aunque se desconoce a partir de qué fecha concreta del mes por cuestiones administrativas. El Gobierno porteño demoró la publicación de la medida en el Boletín Oficial y aún no confirmó cuándo lo hará, con lo cual también se desconoce si luego se aplicará el segundo incremento previsto para el 15 de mayo, que lleva el pasaje a 667 pesos. El siguiente incremento estaba anunciado para el 1 de junio, hasta los 757 pesos.

Asimismo, los colegios privados bonaerenses aplicarán un incremento del 6,7 por ciento en sus cuotas, con variaciones dependiendo del nivel educativo y la subvención estatal. Los jardines con 100 por ciento de aporte costarán hasta 17.500 pesos, mientras la secundaria con subsidio del 40 por ciento hasta 102.500 pesos.

También las tarifas de internet, cable y telefonía sufrirán un ajuste que oscilará entre el 10 y el 20 por ciento dependiendo del proveedor y el tipo de servicio contratado. Y por último, los alquileres que quedaron dentro de la Ley de Contratos de Locación tendrán un incremento del 221 por ciento mientras aquellos firmados después de la derogación tendrán un ajuste “según el mercado” y las condiciones particulares de cada caso.


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