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Qué dicen las encuestas: La luna de miel de Javier Milei está durando muy poco

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La preocupación por el ajuste y la intención de saltearse el Congreso pegan en su imagen. El gran interrogante es si la conflictividad social tenderá a agudizarse en forma rápida o a un ritmo más lento.

Raúl Kollmann

Por Raúl Kollmann

Los encuestadores y consultores en campañas electorales están divididos. La mayoría piensa que Javier Milei ya sufre un deterioro, pero que todavía tiene un margen de maniobra de algunos meses. El DNU y la Ley Omnibus no tienen respaldo contundente y hay puntos rechazados por amplia mayoríael freno a la obra pública, el recorte en las jubilaciones, algunas de las privatizaciones. Pero el cuestionamiento es más de conjunto: a la intención de pasar por arriba del Congreso. Aun así, un porcentaje importante de la población dice que espera mejoras dentro de los próximos seis meses. Otros consultores sostienen que el deterioro es el mayor de cualquier presidente desde la restauración de la democracia y que Milei ya tiene una minoría de la sociedad a favor e índices de rechazo en aumento diario. El saldo es un interrogante: si la conflictividad social, ya marcada por los cacerolazos y el paro de la CGT, tenderá a agudizarse en forma rápida o a un ritmo más lento.

Página/12 habló con diez de los consultores más conocidos y estas fueron sus respuestas.

Puede no terminar bien

Hugo Haime, de Haime y Asociados, hace la comparación. «Al iniciar su período de gobierno, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández registraban niveles de aprobación superiores a los votos que sacaron. Siempre hay un sector que se suma. No es eso lo que le sucede a Milei. Tiene 52 por ciento de aprobación y consiguió el 56 por ciento en el balotaje. Y entre quienes lo votaron hay síntomas de alerta: cuatro de cada diez dicen que esperarán 6 meses para ver si su situación económica mejora. O sea, esperan la baja de la inflación. Respecto de sus medidas, todo es discutible, hace ruido. Quizás José Luis Espert puso las cosas en blanco y negro cuando dijo ‘no puedo garantizar que esto termine bien’, refiriéndose a que quizás con la inflación disparada, haya que iniciar un nuevo ciclo volviendo a devaluar el peso. Eso sería fatal”.

El ajuste, la casta y los dilemas

“El acompañamiento del Gobierno Nacional tiene hasta hoy valores similares al voto que tuvo Milei en el balotaje: 55 por ciento -apunta Federico Aurelio de ARESCO-. Es habitual que el inicio de una nueva gestión renueve expectativas favorables en la sociedad. Muchas de las decisiones de gobierno son evaluadas hoy, más por la confianza que genera Milei que por el conocimiento y la convicción. Dilema temporal: Los argentinos consideran que los tiempos difíciles pueden durar más de un año pero la mayor parte cree que la gente puede aguantar menos de un año. Dilema del alcance: Los argentinos están de acuerdo con las decisiones de ajustes que no alcancen sus propios bolsillos. Ante la presunción de que una medida puede afectarle modifica su opinión sobre la misma. Un porcentaje importante de argentinos creyó que los ajustes sobre la casta iban a permitir mejorar la situación. Hoy observan que varias de las decisiones de ajuste afectan a todos».

Baja incluso entre sus votantes

Roberto Bacman, del CEOP, advierte: “llevamos 21 días cargados de cambios hacia un modelo que muchos argentinos no lo votaron. Ya hace 10 días en esa encuesta que publicamos en Página/12, empezaba a verse el inicio del deterioro de la imagen de Javier Milei. Hubo una mayoría en contra del DNU, por ejemplo. Cambió la ecuación con que había asumido Milei: tenía una imagen positiva del 61 por ciento y le bajó 7 puntos a 54 por ciento. Incluso entre sus propios votantes. Lo que se está viendo en estos últimos días es que se está profundizando la polarización. El núcleo duro del macrismo, un 30 por ciento que le permitió ganar a Milei, todavía sigue aceptando lo que pasa. En cambio, del otro lado, y también por cuestiones heterogéneas, hay rechazo. Algunos por lo ideológico, la destrucción del Estado y, sobre todo, los aumentos feroces. Entonces, este ajuste brutal, que le pega un golpe muy importante hasta a la gente de clase media, se va a ver en toda su intensidad ahora, a partir de enero, con la quita de subsidios al transporte y la energía. Veremos ahí cuánto es el deterioro de Milei”.

La luna de miel, ¡fuera!

Gustavo Córdoba, de Zubán-Córdoba es el que más deterioro ve en Milei. “Ningún gobierno tiene la vaca atada. Las mayorías son algo que debe ser fortalecido. Creer que el consenso que se logró en una votación es permanente, es el primer paso para cometer errores. Milei perdió un punto de imagen positiva por día y hoy ya hay una mayoría que opina mal de él. El DNU y la ley ómnibus tienen niveles importantes de rechazo y hay una mayoría que votaría en contra en un plebiscito. La mayoría piensa que el DNU es inconstitucional y que la ley ómnibus debe ser rechazada en el Congreso. El abuso de poder cae mal en la opinión pública de la Argentina. Esa es una lección que todos los gobiernos aprenden tarde o temprano”.

Modo más positivo que negativo

“Ante un nuevo gobierno -diagnostica Analía De Franco, de Del Franco Consultores-, la opinión pública tiende a estar en modo más positivo que negativo. El presidente mantiene una imagen personal parecida a su nivel de voto. Y me parece que se mantendrá en esa meseta. Arrancó con medidas impopulares y que no haya descendido debería tomarlo como algo a favor. Por lo tanto, hay un margen de expectativa y de ‘elijo creer’. Hay propensión a darle tiempo. Lo que más genera rechazo es el freno a la obra pública. Diría que la sociedad está dividida así. 35 por ciento de núcleo duro de apoyo a Milei. 40 por ciento de núcleo duro de oposición. 25 por ciento de los que fluctúan en apoyos y críticas”.

Catástrofe social inducida

“La respuesta de la opinión pública frente al DNU y la ley Ómnibus es paradojal -afirma Artemio López, de Equis- Los niveles de aceptación de ambas medidas aún replican las preferencias electorales del balotaje, por lo que una mayoría las acepta como necesarias. Otra muy distinta es la opinión ciudadana cuando se indaga sobre los efectos de estas alternativas. El empeoramiento de la situación social será impactante. Todo indica que la gestión del actual gobierno neoliberal se inicie ya con 49 por ciento de pobreza y 15 por ciento de indigencia. La perspectiva para 2024 es de una evolución ascendente de la pobreza e indigencia y caída notable en el poder adquisitivo de jubilaciones, pensiones, planes de empleo y salarios. Llegaremos sin dificultad al 54 por ciento de pobreza y algo menos del 27 por ciento de indigencia que produjo aquella gran crisis de 2001. Una catástrofe social inducida”.

¿Soportará la sociedad?

“Yo creo que estamos en un punto de interrogante, de gran duda -percibe Alfredo Serrano Mancilla de la CELAG- . Los cuatro años muy duros de Macri y cuatro años también duros del gobierno de Alberto Fernández que por muchas razones, también por fallos propios, además de condiciones externas complicadas como fue la pandemia y otras, ocasionaron que la ciudadanía tenga un alto grado de entrenamiento para ser resiliente. Lo objetivo es que, tal vez, esos años llevaron a los argentinos a ser dóciles y a seguir tolerando escenarios cada vez más adversos. La otra alternativa posible es que la sociedad no soporte la situación y con el paso de las semanas y los días, la sociedad civil comience a acelerar las protestas, acelerar el rechazo público. Y eso puede producir un proceso de rechazo definitivo e irrevocable a lo que están intentando Milei y su alianza de grupos económicos ultrapoderosos. Yo creo que estamos en un momento donde no sabemos. Lo que sí parece cierto es que hoy en día las estructuras partidarias que quedan en el país no parecen tener la legitimidad, la fuerza y la claridad para quizás ser el muro de contención ante lo que quiere Milei”.

La gran Mike Tyson

Raúl Timerman, de Grupo de Opinión, afirma que “Milei tiene una imagen positiva menor que el porcentaje de votos que obtuvo en el balotaje. Está con 48, 49, de imagen positiva y obtuvo 56 por ciento. Pero lo más trascendente es que Milei no tenía absolutamente nada preparado. Y hace la gran Mike Tyson. Suena la campana y sale al frente con todo para ahogar al rival. Manda un DNU inesperado. Manda una ley ómnibus inesperada. La cuestión es que ahogó a la oposición. La desorientó, la llevó contra las cuerdas, está golpeando fuerte. Esto ha generado un desconcierto por un lado y una creencia en la población de que no lo están dejando gobernar. El primer trimestre va a ser de una inflación altísima. Bueno, ¿quién es responsable de la inflación? Para la mayoría de la sociedad, el gobierno anterior. Ahora bien, si en el segundo trimestre el índice inflacionario baja, ahí Milei tiene una base para seguir adelante. Si la inflación en el segundo trimestre se mantiene o se agrava, creo que ahí aparecen los conflictos serios para Milei”.

Choque de realidades

«La opinión pública respecto al DNU y la ley Ómnibus está dividida por una cuestión del voto -analiza Santiago Giorgetta de Proyección-. Los que votaron a Milei lo siguen apoyando, sin saber muy bien en qué consisten las medidas. En cambio, los votantes de otras fuerzas son los que están totalmente en contra de cualquier medida que hoy adopte Milei. Pero el cuadro de situación económica complica al presidente. Hoy en el monitor que tenemos en el Área Metropolitana casi el 80 por ciento de los encuestados entienden que su situación económica va a ser mala en los próximos seis meses. Y ahí hay votantes libertarios y macristas y aparece la complejidad que estamos viendo. Los votantes de LLA nos dicen que están mal, que consumen menos, que no les alcanza, que se endeudan, pero piensan que van a estar mejor. Creo que ese choque de realidades en algún momento se va a dar y le va a costar mucho al presidente mantener mejores números en la opinión pública. Ya hoy no son buenos y se volverán más inestables.»

Balance social desfavorable

“Las características del shock o del intento de shock es que el ciudadano común no puede percibir todas las alternativas que tienen el DNU y el proyecto de ley presentado -afirma Marina Acosta, de Analogías- Hay tanta información en esas propuestas que la ciudadanía no termina de comprender qué es lo que propone el nuevo gobierno. Aun cuando en la opinión pública hay mucha confusión respecto de las medidas que quiere tomar el gobierno, lo cierto es que en los próximos meses las consecuencias de esas medidas impactarán de manera plena en las condiciones de vida. Lo que se juega entonces es la velocidad con la cuál la gestión perderá apoyo social en los próximos meses. Un tema no menor es que la acción indiscriminada del gobierno que rompe las reglas y se vuelve autoritario en términos de ejercicio del poder encontrará límites institucionales, políticos y jurídicos. A partir de este cuadro de situación, creemos que durante los próximos sesenta días se producirá un balance social desfavorable para el gobierno porque lo que se propone es un ajuste brutal y acelerado de las condiciones de vida de la gente”.


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Cuáles son los cambios que exige la oposición para acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal

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El debate legislativo de la semana finalizó sin dictamen. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Los cinco puntos clave.

Por María Cafferata

Un Pacto de Mayo sin ley, una ley sin forma. La imposibilidad de dictaminar la Ley Bases no solo enterró la ilusión del acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición. No hay acuerdo ni borrador final: solo la certidumbre de que los proyectos que se aprobaron en Diputados no serán los mismos que se aprobarán en el Senado. Hay seis senadores opositores cuyas firmas son claves que todavía aguardan una respuesta del oficialismo sobre sus pedidos de modificaciones y, hasta que no tengan una devolución, no dictaminarán nada. La pelota, aseguran, está del lado del gobierno nacional, que tendrá que definir, este fin de semana, qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar. En el mientras tanto, nadie, ni el propio gobierno, está seguro de qué forma final tendrán las dos primeras leyes que el Congreso le aprobará a Javier Milei. 

Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y José Carambia (Santa Cruz) son los seis senadores de cuyas firmas depende que las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales puedan dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal para que puedan llegar al recinto. El oficialismo se equivocó al creer que el número estaba garantizado y que, en todo caso, la discusión por la letra chica se resolvería de camino al recinto. Y los senadores se lo están haciendo pagar. Para muchos, la inclusión de Victoria Villarruel en las negociaciones – hasta ahora desplazada – habilitará un diálogo más fluido con un oficialismo que, hasta ahora, estaba fragmentado. El intercambio era, por momentos, contradictorio: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, decía una cosa y el ministro de Interior, Guillermo Francos, decía otra. 

«Que digan lo que quieran, yo no firmo nada». La frase salió de la boca de varios senadores opositores en las últimas 48 horas. Senadores que se sienten empoderados y que, ante la ausencia de ofertas concretas del gobierno – con la excepción de los fondos para la UBA (un guiño directo al radicalismo) -, van acumulando reclamos. El gobierno solo cuenta con siete senadores propios y otros cinco del PRO: está muy lejos de los 37 que necesita para el quórum, por lo que no está en condiciones de ignorar ningún pedido. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, los pedidos son cada vez más.

RIGI

A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales exorbitantes por 30 años para todas las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. El vocero más elocuente contra el RIGI ha sido Lousteau, pero no está solo: el radical arrastra consigo también las objeciones de Tagliaferri, Blanco, Abad y varias fuerzas provinciales. Una de las mayores críticas es al artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el régimen (adhieran o no las provincias). Se reclama, a su vez, establecer un régimen especial para las industrias más chicas – ya que las inversiones por más de 200 millones están pensadas, casi exclusivamente, para la actividad minera y petrolera -, así como algún sistema de «compre argentino» que proteja a la industria local de la apertura de importaciones.

Hay otros senadores, como Kueider, que plantean cambios más de fondo, como la exigencia de encadenamientos productivos locales.

Impuesto a las Ganancias

Si hay un capítulo que no tiene posibilidades de aprobarse sin cambios es la restitución de Ganancias. Los senadores patagónicos exigen incluir un diferencial para la zona – aludiendo a que el costo de vida es mucho mayor que en el resto del país – y reclaman un incremento del piso mínimo del 22 por ciento. Es decir, que pasaría de 1,8 millones a casi 2,2 millones (que es el mínimo que el proyecto sostiene para personas casadas). 

Este punto está casi cerrado con el gobierno nacional, ya que los patagónicos amenazaron con voltearle todo el paquete fiscal si no introduce cambios. Los patagónicos están cerca de sumar unos 48 votos en contra. Es decir, los dos tercios del Senado, lo que obligaría al oficialismo a conseguir la misma mayoría en Diputados para rechazar la modificación (un número que LLA no tiene posibilidades de alcanzar). Dependen de que Unión por la Patria y un par de senadores sin tierra quieran acompañar y están confiados en que lo lograrán. 

Privatizaciones

Era un capítulo que parecía cerrado y que, en la última semana, empezó a acumular varias objeciones. Principalmente por la privatización de dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Son varios los senadores del Sur que advierten que, si privatizan la línea de bandera, se caerán varias rutas no turísticas de la Patagonia, como ya sucedió en los 90′. El mismo argumento se repite para el Correo Argentino: el temor es que termine habiendo ciudades y pueblos enteros que se queden sin correo si el Estado no lo garantiza. 

Estas objeciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo, ya que el capítulo de privatizaciones representa una de las partes centrales de la Ley Bases. En efecto, cuando el proyecto se cayó en febrero en Diputados fue porque el recinto estaba a punto de rechazar las privatizaciones (entonces eran un total de 27, ahora son once). En el oficialismo buscan evitar una «carnicería» del proyecto, pero se enfrentan a una difícil realidad numérica: si los patagónicos repiten el número de Ganancias para privatizaciones podrían terminar blindando también este capítulo frente a posibles modificaciones en Diputados. 

Blanqueo de capitales

Con el tándem Lousteau-Tagliaferri encabezando la avanzada, el gobierno reconoce que introducirá cambios en el capítulo de blanqueo (uno de los más generosos de los últimos años, ya que permite que quienes blanqueen hasta 100 mil dólares no paguen ninguna penalización). Uno de los pedidos es excluir a los hermanos de los funcionarios, así prohibir la posibilidad de que las personas puedan blanquear en nombre de otras (testaferros). Otro de los cambios será ampliar de 5 a 10 años el tiempo que tenga que haber pasado desde que una persona ocupó un cargo público para poder acogerse al beneficio.   

Moratoria previsional

Hay, además, decenas de pedidos de modificaciones que refieren a la reforma de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Procedimiento administrativo, así como a la reforma laboral. Uno de los temas más delicados es, sin embargo, la eliminación de la moratoria previsional. Hoy por hoy, en el Senado no está el número para aprobar este capítulo, que no solo cuenta con el rechazo de UxP o Carambia y Kueider, sino también de la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. La gran mayoría de los senadores coinciden en que eliminar la moratoria representaría un duro golpe para las mujeres – 9 de cada 10 no cuenta con los 30 años de aportes – y nadie quiere cargar con ese costo político. Más de un senador pro Ley Bases, incluso, tiene planeado levantar e irse durante la votación para no tener que votar a favor. 


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