NACIONALES
País perdido en estolidez y engaño
Se acerca el 10 de diciembre y la sociedad argentina parece esperar o un milagro o el estallido de un volcán.
En las últimas dos semanas los humores han sido variados. Y es un hecho que el ánimo social gira en torno de una espera poco esperanzada, creciente inquietud y un inminente fastidio ciudadano que hace pensar que cualquier cosa —mala— puede suceder. Así se aprecia en todas las provincias —pueblo más, pueblo menos— mientras en la Capital Federal y alrededores se nota un nerviosismo entre precavido y desconfiado y de consecuencias imprevisibles.
Desde luego, nada es sencillo de explicar ni mucho menos fácilmente opinable. Hoy nada parece recomendable, y acaso lo único que redondea el humor nacional —si eso pudiera decirse— es el inquieto temor a que un inminente tsunami sociopolítico arrastre brutalmente a 47 millones de personas que, simbólicamente, cruzamos dedos medios sobre índices y/o mascullamos broncas, confusiones, explicaciones imposibles, arrepentimientos y una variedad de sentimientos de temor, rabia, frustración y cuantimás.
Es un hecho que en esa millonada de gente hay de todo: engañados, necios, lelos, ignorantes, irresponsables, odiadores, gorilas, bandidos y un interminable listado sociológico que incluye buenas personas sensibles, decentes y patrióticas. Pero todo gira en torno a mentiras y amenazas que podrían destartalar para siempre a esta república exhausta que lo tuvo todo y que hoy sólo tiene —mayoritariamente— desazón y miedo. Aunque much@s lo disimulen y/o —los más necios— se abroquelen en negaciones y estolidez, que es la falta total de razón y discurso.
En este contexto, dramático por donde se lo mire, llega a la mesa de trabajo de esta columna un texto notable, que firma un distinguido historiador y economista, muy respetado entre otras virtudes por su apego al estudio y a la verdad fundada, que está por encima de la opinión atrevida o la mera argumentación pletórica de deseos. A lo que suma un obsesivo rigor analítico y un apego —furibundo por momentos— al apotegma que gustaba repetir Juan Domingo Perón: «La única verdad es la realidad».
En circunstancias en que 47 millones de seres mucho o poco atemorizados nos encontramos cada hora más asustados o alarmados por lo que parece venírsenos encima como sociedad —y que puede terminar con la Patria Argentina para siempre— este columnista considera atinado y urgente compartir algunos puntos de vista del reconocido historiador y economista Alejandro Olmos Gaona, director del Observatorio de la Deuda Pública de la Universidad de La Punta, Provincia de San Luis.
En el informe más reciente él parte, en original y preciso texto posteado en redes sociales, de cuestionar todas las supuestamente instaladas legitimidades textuales y verbalizadas. Partiendo de un honesto cuestionamiento a l@s ciudadan@s que votaron a Javier Milei con la esperanza de terminar «los robos de los kirchneristas y sus cómplices» o de «acabar con la actual gestión empobrecedora», Olmos Gaona lanzó el pasado fin de semana, y a propósito de la designación de Luis Caputo como Ministro de Economía, lo que en su texto llamó «una biografía muy precisa del nuevo ministro, quien ya en junio de 2017 fue Ministro de Finanzas y como tal emitió un bono endeudándonos a CIEN AÑOS por 2.750 millones de dólares, a una escandalosa tasa de interés (7.125%)». Demostrando así «que a él la Argentina no le importa aunque sí sus negocios privados». Entre ellos «una empresa OffShore que compró 5.5 millones de dólares de ese bono, luego colocado por cinco bancos».
Tan preciso como claro, Olmos Gaona es un investigador reconocido por el rigor de sus análisis. En este caso, y en un texto posteado en redes sociales, califica a Caputo de «hábil frecuentador de las zonas más oscuras y especulativas del mundo financiero», quien habría tenido —sostiene— «el atrevimiento de negar que esa OffShore tenía que ver con él» a pesar de «pruebas contundentes suministradas por la Securities Exchange Commission (SEC) al Consorcio Internacional de Periodistas». Y veracidad informativa que refuerza citando a «dos buenos amigos insospechados de kirchnerismo o de ideas extremas: Hugo Alconada Mon del diario La Nación y Emilia Delfino de Perfil, quienes lo habrían confirmado, y, en el caso de Delfino, enviado por mail «todos los documentos de la SEC que probaban el vínculo».
Sostiene además que Caputo «siguió en su carrera de endeudador durante el gobierno del actual socio de Milei y firmó en su carácter de presidente del Banco Central el Stand By con el FMI por 57.000 millones de dólares de los cuales llegaron finalmente 45.500 millones, y que es la deuda más grande que suscribiera la Argentina en toda su historia, representando una enorme carga que vamos a tardar años en sacárnosla de encima».
Para completar la info, además, Olmos Gaona recupera la investigación que hizo el recientemente fallecido Fiscal Federal Federico Delgado, en la que «analizó a Caputo y a otros integrantes de la banda financiera, como Santiago Bausili, Secretario de Finanzas del gobierno de Macri, y Mario Quintana ex vicejefe de gabinete de Macri, demostrando que mientras emitían bonos por un lado, hacían negocios paralelos, comprándolos para incorporarlos a sus patrimonios, lo que en buen romance significa uso de información privilegiada para beneficiarse a expensas del pueblo argentino». Y apenado, concluyó: «Mi amigo Delgado se murió sin que el juez de la causa resolviera lo que correspondía. Y como tantas investigaciones que hizo sobre los dueños del *poder real*, quedarán en los archivos de Comodoro Py».
En su estilo certero y punzante, Olmos Gaona mostró a esta columna una foto de un documento confidencial mediante el cual Caputo le reconoció a un fondo Buitre la suma de entre 842 y 848 millones de dólares apenas asumió Macri en 2015 y siendo él Secretario de Finanzas de la Nación. «No estaba seguro de la suma que iba a pagarle, por eso puso las dos cifras». Pero además parece que en el apuro por reconocer esa enorme suma y tranquilizar a los buitres, recurrió a arrancar una hoja de una agenda que le suministraron los abogados del bufete neoyorquino New York McCarter&English, uno de los más importantes de EE.UU. Total el que iba a pagar era el pueblo argentino a través de la deuda contraída por Macri, originada en el menemismo que hoy elogia Milei y antes la dictadura.
Alejandro Werner, exDirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI dijo en un libro que acaba de aparecer sobre Caputo, que, cuando se enteró de que iba a ser presidente del Banco Central «le dije en forma tajante a Dujovne que era un gran error, porque se trataba de una persona sin experiencia en política monetaria, punto clave para lograr la estabilización en medio de esa tremenda crisis. La designación de Caputo fue otro gran error de Macri. Dujovne tendría que haberla evitado como ministro de Hacienda, para hacerle entender al presidente la necesidad de contar con un banquero central experto en política monetaria, macroeconomía y finanzas, virtudes que difícilmente un operador de mercados podría tener. Caputo no tenía ninguna de esas cualidades».
Esto es lo «nuevo» que prometió Milei y hoy «pesa» en los temores populares. Olmos Gaona lo llama «aventurero de las finanzas, al que solo le interesan los negocios y para nada solucionar los problemas del pueblo argentino». Y se pregunta, no sin dolor: «Que dirán de esto, ahora, los que cacarean ‘la decencia’ pero miran para un costado cuando los peores delitos sufridos por nuestro pueblo los cometen los del mismo signo político que defienden».
NACIONALES
Cuáles son los cambios que exige la oposición para acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal
El debate legislativo de la semana finalizó sin dictamen. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Los cinco puntos clave.
Un Pacto de Mayo sin ley, una ley sin forma. La imposibilidad de dictaminar la Ley Bases no solo enterró la ilusión del acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición. No hay acuerdo ni borrador final: solo la certidumbre de que los proyectos que se aprobaron en Diputados no serán los mismos que se aprobarán en el Senado. Hay seis senadores opositores cuyas firmas son claves que todavía aguardan una respuesta del oficialismo sobre sus pedidos de modificaciones y, hasta que no tengan una devolución, no dictaminarán nada. La pelota, aseguran, está del lado del gobierno nacional, que tendrá que definir, este fin de semana, qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar. En el mientras tanto, nadie, ni el propio gobierno, está seguro de qué forma final tendrán las dos primeras leyes que el Congreso le aprobará a Javier Milei.
Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y José Carambia (Santa Cruz) son los seis senadores de cuyas firmas depende que las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales puedan dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal para que puedan llegar al recinto. El oficialismo se equivocó al creer que el número estaba garantizado y que, en todo caso, la discusión por la letra chica se resolvería de camino al recinto. Y los senadores se lo están haciendo pagar. Para muchos, la inclusión de Victoria Villarruel en las negociaciones – hasta ahora desplazada – habilitará un diálogo más fluido con un oficialismo que, hasta ahora, estaba fragmentado. El intercambio era, por momentos, contradictorio: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, decía una cosa y el ministro de Interior, Guillermo Francos, decía otra.
«Que digan lo que quieran, yo no firmo nada». La frase salió de la boca de varios senadores opositores en las últimas 48 horas. Senadores que se sienten empoderados y que, ante la ausencia de ofertas concretas del gobierno – con la excepción de los fondos para la UBA (un guiño directo al radicalismo) -, van acumulando reclamos. El gobierno solo cuenta con siete senadores propios y otros cinco del PRO: está muy lejos de los 37 que necesita para el quórum, por lo que no está en condiciones de ignorar ningún pedido. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, los pedidos son cada vez más.
RIGI
A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales exorbitantes por 30 años para todas las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. El vocero más elocuente contra el RIGI ha sido Lousteau, pero no está solo: el radical arrastra consigo también las objeciones de Tagliaferri, Blanco, Abad y varias fuerzas provinciales. Una de las mayores críticas es al artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el régimen (adhieran o no las provincias). Se reclama, a su vez, establecer un régimen especial para las industrias más chicas – ya que las inversiones por más de 200 millones están pensadas, casi exclusivamente, para la actividad minera y petrolera -, así como algún sistema de «compre argentino» que proteja a la industria local de la apertura de importaciones.
Hay otros senadores, como Kueider, que plantean cambios más de fondo, como la exigencia de encadenamientos productivos locales.
Impuesto a las Ganancias
Si hay un capítulo que no tiene posibilidades de aprobarse sin cambios es la restitución de Ganancias. Los senadores patagónicos exigen incluir un diferencial para la zona – aludiendo a que el costo de vida es mucho mayor que en el resto del país – y reclaman un incremento del piso mínimo del 22 por ciento. Es decir, que pasaría de 1,8 millones a casi 2,2 millones (que es el mínimo que el proyecto sostiene para personas casadas).
Este punto está casi cerrado con el gobierno nacional, ya que los patagónicos amenazaron con voltearle todo el paquete fiscal si no introduce cambios. Los patagónicos están cerca de sumar unos 48 votos en contra. Es decir, los dos tercios del Senado, lo que obligaría al oficialismo a conseguir la misma mayoría en Diputados para rechazar la modificación (un número que LLA no tiene posibilidades de alcanzar). Dependen de que Unión por la Patria y un par de senadores sin tierra quieran acompañar y están confiados en que lo lograrán.
Privatizaciones
Era un capítulo que parecía cerrado y que, en la última semana, empezó a acumular varias objeciones. Principalmente por la privatización de dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Son varios los senadores del Sur que advierten que, si privatizan la línea de bandera, se caerán varias rutas no turísticas de la Patagonia, como ya sucedió en los 90′. El mismo argumento se repite para el Correo Argentino: el temor es que termine habiendo ciudades y pueblos enteros que se queden sin correo si el Estado no lo garantiza.
Estas objeciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo, ya que el capítulo de privatizaciones representa una de las partes centrales de la Ley Bases. En efecto, cuando el proyecto se cayó en febrero en Diputados fue porque el recinto estaba a punto de rechazar las privatizaciones (entonces eran un total de 27, ahora son once). En el oficialismo buscan evitar una «carnicería» del proyecto, pero se enfrentan a una difícil realidad numérica: si los patagónicos repiten el número de Ganancias para privatizaciones podrían terminar blindando también este capítulo frente a posibles modificaciones en Diputados.
Blanqueo de capitales
Con el tándem Lousteau-Tagliaferri encabezando la avanzada, el gobierno reconoce que introducirá cambios en el capítulo de blanqueo (uno de los más generosos de los últimos años, ya que permite que quienes blanqueen hasta 100 mil dólares no paguen ninguna penalización). Uno de los pedidos es excluir a los hermanos de los funcionarios, así prohibir la posibilidad de que las personas puedan blanquear en nombre de otras (testaferros). Otro de los cambios será ampliar de 5 a 10 años el tiempo que tenga que haber pasado desde que una persona ocupó un cargo público para poder acogerse al beneficio.
Moratoria previsional
Hay, además, decenas de pedidos de modificaciones que refieren a la reforma de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Procedimiento administrativo, así como a la reforma laboral. Uno de los temas más delicados es, sin embargo, la eliminación de la moratoria previsional. Hoy por hoy, en el Senado no está el número para aprobar este capítulo, que no solo cuenta con el rechazo de UxP o Carambia y Kueider, sino también de la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. La gran mayoría de los senadores coinciden en que eliminar la moratoria representaría un duro golpe para las mujeres – 9 de cada 10 no cuenta con los 30 años de aportes – y nadie quiere cargar con ese costo político. Más de un senador pro Ley Bases, incluso, tiene planeado levantar e irse durante la votación para no tener que votar a favor.
