Comerciantes locales, denuncian un incremento del 400% en el impuesto de salubridad e higiene, mientras los concejales Juana Albarracín y Gabriel Torrengo critican la falta de análisis y transparencia en las decisiones del Ejecutivo Municipal. Ambos insistieron en que la tarifaria debió pasar por las comisiones correspondientes para un análisis exhaustivo, pero que esto fue desestimado por el oficialismo.

En 28 de Noviembre, el reciente aumento de tasas municipales ha generado un fuerte rechazo tanto en comerciantes como en algunos concejales. Marlene Castro, propietaria de la tienda María Elvia, expresó su indignación en las redes al encontrarse con un incremento del impuesto de salubridad e higiene que pasó de $60.000 en 2024 a $300.000 en 2025, pagaderos en dos cuotas.

“Aunque no estoy en contra de las ferias que venden ropa usada, los comerciantes legales enfrentamos cada vez más dificultades. Pagamos impuestos, servicios comerciales y otros costos que hacen insostenible mantener nuestros negocios”, afirmó Castro. La comerciante intentó plantear su preocupación al intendente, pero fue atendida por funcionarios que señalaron que el aumento ya estaba aprobado por el Concejo Deliberante y no podía revertirse.

En paralelo, los concejales Juana Albarracín y Gabriel Torrengo, del partido SER, denunciaron en la última sesión legislativa que la modificación tarifaria fue aprobada sin un análisis exhaustivo, a pesar de sus pedidos para que fuera tratada en comisión. Según Albarracín, “los valores exorbitantes limitan a muchos vecinos, especialmente a los sectores más vulnerables”.
Por su parte, Torrengo cuestionó la falta de debate sobre los aumentos, destacando que no se realizó el mismo tratamiento que en otros proyectos, como la ordenanza de tierras, aún en análisis. Ambos concejales coincidieron en que el incremento perjudica directamente a la comunidad y favorece la informalidad en el comercio local.

Además, Albarracín criticó un acuerdo entre el municipio y la empresa Mata Negra, acusada de incumplimientos en la construcción de un comedor. Según la edil, la municipalidad aprobó un pago de $36,5 millones sin dictámenes legales claros ni justificación suficiente.

“Estamos trabajando solo para el Ejecutivo y sus intereses. ¿Qué pasa con los vecinos?”, concluyó Albarracín, quien advirtió sobre el descontento creciente entre los ciudadanos.
El caso expone la necesidad de un mayor debate y análisis en las decisiones municipales, así como políticas más equilibradas que contemplen la realidad de los pequeños comerciantes y los sectores vulnerables.