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Jujuy, las elecciones, su ruta

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Eduardo Aliverti

Las novedades políticas de estos días son que prácticamente no hay ninguna de relevancia mayor. El resultado de las primarias santafesinas puede ser significativo, pero no es seguro. Sobre el resto, hay un acumulado de conjeturas y nada más. La campaña tiene cosas calientes, ligadas a cruces personales. Pero, como se señala en los búnkeres a un lado y otro, la calle está fría.

Si se desea encontrar alguna vuelta, es dato positivo que un fascistoide como Franco Rinaldi haya debido renunciar a su candidatura. Representa que todavía rigen parámetros sociales de vergüenza ajena, requirentes de no ser violados sino bajo amenaza de escándalo.

Desde ya, Rinaldi es un símbolo del odio gorila que encarna la derecha más rancia. Las brutalidades que dijo, rescatadas muy probablemente desde el carpeteo de la interna cambiemita, no son -en lo conceptual- más graves que las propuestas y vómitos de ese sector. Sí fueron más impactantes, que es diferente.

Liquidar empleados estatales a mansalva. Arancelar la educación pública a través de “vouchers”. Meter bala. Solucionar piquetes con camiones hidrantes. Arrasar el cepo cambiario de la noche a la mañana con facilidad esloganera. Mentar a la vez rebaja de impuestos y disminución del déficit fiscal. Confundir dolarización con bimonetarismo, y barrabasadas semejantes, no sólo no despiertan bullicio mayor: son ideas capaces de ganar las elecciones.

Luego, lo que escandalizó es la bestialidad de Rinaldi debido a que transgredió fronteras de corrección política pública. Lo pulverizaron hasta en el Canal Uganda, según otro de los disparadores ingeniosos del últimamente muy citado Jorge Asís para mencionar a la señal televisiva del macrismo. Pero está bien: si hay demarcaciones que no deben infringirse, nuestra opinión es que, antes de la hipocresía, debe vérselas como un avance de los valores progresistas. O de sustentos básicos, si se quiere mejor dicho, para no convertirnos sin retorno en una comunidad desquiciada.

Lo demás de la semana consistió en el oficialismo que festeja un índice inflacionario rebajado, o desacelerado, como si fuera una goleada en contra más “aplacada” (que objetivamente es correcto). Y la certificación de que con el Fondo Monetario hay una pulseada tensa (que tampoco es malo, porque implica que hay alguna disposición de pelea en lugar de agachar la cabeza y listo. Si no se llega al re-acuerdo con el FMI, siquiera por unos meses, la perspectiva inmediata de corrida cambiaria e inflación disparada liquidaría en un santiamén las ya dudosas chances electorales oficialistas).

Mientras tanto, Sergio Massa significa un interrogante que los cambiemitas no logran descifrar por completo. El peronismo tampoco, por cierto, más allá de ser un sapo complicado de tragar para el “kirchnerismo duro” pese al apoyo que le dispensa Cristina. Si faltaban certezas al respecto, ella las despejó, con sus amplios elogios al precandidato, en el lanzamiento del gasoducto.

Juan Grabois parece haber aceptado que la confrontación extrema no le hace bien a la lógica de UxP. O, al menos, eso es lo que se deduce de sus declaraciones y spots. Bajó el tono, pero habrá de verse si eso se mantendrá después de las PASO.

Momentáneamente, hay un Massa de discurso “kirchnerizado” (digamos) que necesita “juntar al piso”, con el aval de CFK para contener a los enojados y calcular que, hacia la primera vuelta, ese disgusto seguirá incluido dentro de la coalición.

Sin embargo, transcurridas las primarias y de manera inexorable, Massa deberá salir a la conquista del “centro”. Y mucho más si su rival fuera la Comandante Pato.

Larreta profundiza su ambigüedad y Bullrich se siente más cómoda, beneficiada por encuestas de las que no se sabe dónde termina la realidad y dónde empiezan las operetas.

El resultado de las elecciones en Santa Fe quizá arroje alguna proyección más precisa. Sólo quizá, vale remarcar. Son votos en el tercer distrito más importante del país, en medio de una batalla cambiemita encarnizada en la que, para que no se pierda jamás el rango de asombro, la candidata Carolina Losada acusa a su socio Maximiliano Pullaro de ser un cómplice narco. En cualquier caso, ¿hasta dónde los números santafesinos serán extrapolables a las elecciones nacionales decisivas cuando faltan, para corroborarlo, meses en los que puede pasar de todo? Son primarias, además o en primer término.

Tras este cúmulo de incógnitas y especulaciones mejor sería aferrarse a hechos constatables, de esos que no dejan interrogantes sobre ciertos recuerdos del futuro.

Hablamos de Jujuy y de la cacería de opositores desplegada por su dictadorzuelo Gerardo Morales, compañero de fórmula de la ¡paloma! Larreta, quien ya cruzó todos los límites concebibles aun dentro de los marcos de un sistema demoliberal que, se supone o se aspira, debe preservar algunas formas.

La policía violando el espacio autonómico de la Universidad Nacional de JujuyÓrdenes de detención contra los abogados defensores de detenidos en las últimas semanas. Fiscales de su Poder Judicial controlado a mano de hierro, que adujeron “incitación pública y sedición”. Allanamientos con formato de redada. Familiares que desconocen el paradero de los arrestados. Privaciones ilegales de la libertad en la capital y en Humahuaca.

Se recomienda la crónica de Alejandra Dandán (“El terror a cuentagotas de Gerardo Morales”), el viernes, en Página/12. Describe con enorme precisión las andanzas en la República Autónoma jujeña.

Lo mismo vale para el artículo de Juan Ignacio Provéndola, también ese día y en este diario (“Un desfile de modas en Tilcara”). Refiere al trasfondo de cuando el gobierno jujeño pidió a la Universidad Nacional de Buenos Aires entregar el manejo del Pucará, de Tilcara, lugar de supernumerario valor histórico y turístico que está bajo el cuidado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Provéndola recuerda que, por entonces, Tulia Snopek, esposa del gobernador, llevó a Jujuy el evento de moda Argentina Fashion Week, con la idea de hacer cuatro desfiles en diferentes puntos provinciales. El primero sería en San Salvador; el segundo en la plaza de artesanos de Purmamarca; otro en las Salinas Grandes, y el restante en el propio Pucará.

“Naturalmente, la UBA no concedió el permiso y, casualmente, poco después Morales inició su embestida contra la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA”.

Todo esto a pesar de que, en 2005, cuando Morales era senador nacional por Jujuy, había manifestado al Congreso su “preocupación” por el posible usufructo privado del lugar que la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad. Vaya.

Jujuy expresa la síntesis de los bueyes con que ara el republicanismo macrista, en cualquiera de sus formas y personajes.

Suele decirse, en el palo, que lo de Morales es un “laboratorio”.

Es un argumento considerable, pero no infalible. Resulta complicado imaginar que un escenario como el jujeño pueda trasladarse así nomás al plano nacional (al del país del AMBA, en rigor, que es el que determina el humor y/o las inclinaciones generales, sobre todo en comicios en que se juega la definición presidencial). Un Morales o símil bullrichesco, que en realidad es al revés, provocaría un incendio de enfrentamiento social aunque se tratara de la suma de fragmentos.

Lo que está en juego es si el peronismo tendrá la capacidad de generar(se), desde adentro, una construcción política capaz de resistir al corrimiento total hacia derecha.

Es una pregunta que, por ahora, nadie está en condiciones de resolver por fuera, claro está, de los alquimistas de redes, foros, comentarios al paso y cualunquismos mediáticos.

La buena noticia es que esta sociedad (o este pueblo, como mejor se decía otrora) es lo de lo más dinámico que pueda encontrarse en la región.

Gracias a ese mérito, nada está dicho.

Nada está predestinado, salvo si se estima que todo y todos dan lo mismo.

Es eso de comprender textos y contextos.


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Cuáles son los cambios que exige la oposición para acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal

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El debate legislativo de la semana finalizó sin dictamen. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Los cinco puntos clave.

Por María Cafferata

Un Pacto de Mayo sin ley, una ley sin forma. La imposibilidad de dictaminar la Ley Bases no solo enterró la ilusión del acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición. No hay acuerdo ni borrador final: solo la certidumbre de que los proyectos que se aprobaron en Diputados no serán los mismos que se aprobarán en el Senado. Hay seis senadores opositores cuyas firmas son claves que todavía aguardan una respuesta del oficialismo sobre sus pedidos de modificaciones y, hasta que no tengan una devolución, no dictaminarán nada. La pelota, aseguran, está del lado del gobierno nacional, que tendrá que definir, este fin de semana, qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar. En el mientras tanto, nadie, ni el propio gobierno, está seguro de qué forma final tendrán las dos primeras leyes que el Congreso le aprobará a Javier Milei. 

Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y José Carambia (Santa Cruz) son los seis senadores de cuyas firmas depende que las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales puedan dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal para que puedan llegar al recinto. El oficialismo se equivocó al creer que el número estaba garantizado y que, en todo caso, la discusión por la letra chica se resolvería de camino al recinto. Y los senadores se lo están haciendo pagar. Para muchos, la inclusión de Victoria Villarruel en las negociaciones – hasta ahora desplazada – habilitará un diálogo más fluido con un oficialismo que, hasta ahora, estaba fragmentado. El intercambio era, por momentos, contradictorio: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, decía una cosa y el ministro de Interior, Guillermo Francos, decía otra. 

«Que digan lo que quieran, yo no firmo nada». La frase salió de la boca de varios senadores opositores en las últimas 48 horas. Senadores que se sienten empoderados y que, ante la ausencia de ofertas concretas del gobierno – con la excepción de los fondos para la UBA (un guiño directo al radicalismo) -, van acumulando reclamos. El gobierno solo cuenta con siete senadores propios y otros cinco del PRO: está muy lejos de los 37 que necesita para el quórum, por lo que no está en condiciones de ignorar ningún pedido. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, los pedidos son cada vez más.

RIGI

A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales exorbitantes por 30 años para todas las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. El vocero más elocuente contra el RIGI ha sido Lousteau, pero no está solo: el radical arrastra consigo también las objeciones de Tagliaferri, Blanco, Abad y varias fuerzas provinciales. Una de las mayores críticas es al artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el régimen (adhieran o no las provincias). Se reclama, a su vez, establecer un régimen especial para las industrias más chicas – ya que las inversiones por más de 200 millones están pensadas, casi exclusivamente, para la actividad minera y petrolera -, así como algún sistema de «compre argentino» que proteja a la industria local de la apertura de importaciones.

Hay otros senadores, como Kueider, que plantean cambios más de fondo, como la exigencia de encadenamientos productivos locales.

Impuesto a las Ganancias

Si hay un capítulo que no tiene posibilidades de aprobarse sin cambios es la restitución de Ganancias. Los senadores patagónicos exigen incluir un diferencial para la zona – aludiendo a que el costo de vida es mucho mayor que en el resto del país – y reclaman un incremento del piso mínimo del 22 por ciento. Es decir, que pasaría de 1,8 millones a casi 2,2 millones (que es el mínimo que el proyecto sostiene para personas casadas). 

Este punto está casi cerrado con el gobierno nacional, ya que los patagónicos amenazaron con voltearle todo el paquete fiscal si no introduce cambios. Los patagónicos están cerca de sumar unos 48 votos en contra. Es decir, los dos tercios del Senado, lo que obligaría al oficialismo a conseguir la misma mayoría en Diputados para rechazar la modificación (un número que LLA no tiene posibilidades de alcanzar). Dependen de que Unión por la Patria y un par de senadores sin tierra quieran acompañar y están confiados en que lo lograrán. 

Privatizaciones

Era un capítulo que parecía cerrado y que, en la última semana, empezó a acumular varias objeciones. Principalmente por la privatización de dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Son varios los senadores del Sur que advierten que, si privatizan la línea de bandera, se caerán varias rutas no turísticas de la Patagonia, como ya sucedió en los 90′. El mismo argumento se repite para el Correo Argentino: el temor es que termine habiendo ciudades y pueblos enteros que se queden sin correo si el Estado no lo garantiza. 

Estas objeciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo, ya que el capítulo de privatizaciones representa una de las partes centrales de la Ley Bases. En efecto, cuando el proyecto se cayó en febrero en Diputados fue porque el recinto estaba a punto de rechazar las privatizaciones (entonces eran un total de 27, ahora son once). En el oficialismo buscan evitar una «carnicería» del proyecto, pero se enfrentan a una difícil realidad numérica: si los patagónicos repiten el número de Ganancias para privatizaciones podrían terminar blindando también este capítulo frente a posibles modificaciones en Diputados. 

Blanqueo de capitales

Con el tándem Lousteau-Tagliaferri encabezando la avanzada, el gobierno reconoce que introducirá cambios en el capítulo de blanqueo (uno de los más generosos de los últimos años, ya que permite que quienes blanqueen hasta 100 mil dólares no paguen ninguna penalización). Uno de los pedidos es excluir a los hermanos de los funcionarios, así prohibir la posibilidad de que las personas puedan blanquear en nombre de otras (testaferros). Otro de los cambios será ampliar de 5 a 10 años el tiempo que tenga que haber pasado desde que una persona ocupó un cargo público para poder acogerse al beneficio.   

Moratoria previsional

Hay, además, decenas de pedidos de modificaciones que refieren a la reforma de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Procedimiento administrativo, así como a la reforma laboral. Uno de los temas más delicados es, sin embargo, la eliminación de la moratoria previsional. Hoy por hoy, en el Senado no está el número para aprobar este capítulo, que no solo cuenta con el rechazo de UxP o Carambia y Kueider, sino también de la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. La gran mayoría de los senadores coinciden en que eliminar la moratoria representaría un duro golpe para las mujeres – 9 de cada 10 no cuenta con los 30 años de aportes – y nadie quiere cargar con ese costo político. Más de un senador pro Ley Bases, incluso, tiene planeado levantar e irse durante la votación para no tener que votar a favor. 


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