Patagonia NexoPor: Guillermo Luque
La Justicia de El Calafate procesó al propietario de un perro en el marco de una causa iniciada por el ataque sufrido por un niño de 10 años, quien resultó con una lesión grave y secuelas permanentes.
El episodio ocurrió el 13 de abril de 2024, alrededor de las 11 de la mañana, en inmediaciones de la calle 25 de Mayo de la localidad de El Calafate.
De acuerdo con la información conocida sobre el expediente, el menor se encontraba en el exterior de una vivienda cuando fue atacado por un perro mestizo de color negro.
La mordedura le provocó la amputación parcial de la falange distal del dedo mayor de la mano derecha. Posteriormente, los estudios y pericias médicas determinaron un período de curación superior a los 30 días y la existencia de secuelas permanentes, tanto estéticas como funcionales.
Luego de más de dos años de investigación, el juez en lo Penal de El Calafate, Carlos Albarracín, resolvió procesar sin prisión preventiva al propietario del animal, un hombre de alrededor de 60 años, por el delito de lesiones graves culposas.
Además, el magistrado ordenó un embargo sobre dinero o bienes por hasta $10 millones, destinado a garantizar eventualmente las costas judiciales y los posibles daños y perjuicios. En caso de no existir bienes suficientes, se contempla una inhibición general.
El procesamiento no implica una condena ni determina definitivamente la responsabilidad penal del acusado. Se trata de una resolución adoptada durante una etapa intermedia de la causa, en la que el Juzgado consideró que existen elementos suficientes para continuar el proceso respecto del imputado.
Uno de los elementos analizados por la Justicia fue la situación en la que se encontraba el animal.
Según fuentes judiciales citadas por Ahora Calafate, durante una constatación policial realizada horas después del ataque, en un domicilio de la calle 25 de Mayo al 380, el propietario habría reconocido que su perro había salido de la propiedad debido a que no se encontraba amarrado.
Este punto resultó relevante para determinar si pudo existir una omisión en el deber de cuidado y control que corresponde a quien tiene un animal bajo su responsabilidad.
Durante su declaración, el imputado negó que su mascota hubiera sido la responsable del ataque. Sostuvo que en el sector había otros perros negros y planteó diferencias entre el tamaño de su animal y el observado en imágenes incorporadas al expediente.
Sin embargo, el Juzgado consideró que esos argumentos no resultaban suficientes, en esta instancia, para desvirtuar los demás elementos reunidos durante la investigación.
Entre los aspectos valorados se encontrarían la identificación realizada por el niño, quien conocía previamente al perro, y testimonios incorporados a la causa.
La documentación médica tuvo un peso central en la investigación.
Además de la pérdida parcial de la última falange del dedo mayor de la mano derecha, una pericia médico-forense constató un debilitamiento permanente, una secuela estética y una deformidad en la uña.
Con el grado de probabilidad requerido para esta etapa judicial, el Juzgado vinculó esas consecuencias con el riesgo que habría generado la falta de control sobre el animal.
La resolución también vuelve a poner en discusión la responsabilidad que implica tener animales domésticos, particularmente cuando pueden acceder libremente a espacios públicos.
El criterio analizado en la causa señala que la tenencia responsable no comprende solamente alimentación, alojamiento y atención sanitaria, sino también obligaciones de custodia, vigilancia y control para evitar riesgos hacia terceros.
El expediente incorporó además una intervención realizada por la Municipalidad de El Calafate el mismo día del ataque, mediante la cual se habría notificado al propietario sobre medidas de resguardo que debía adoptar respecto de los animales existentes en el inmueble.
El caso adquiere especial relevancia en una localidad donde la presencia de perros con propietario circulando libremente por la vía pública ha generado reiterados debates y reclamos por el cumplimiento de las ordenanzas vigentes.
Ahora, con el procesamiento dispuesto, la causa continuará su curso judicial para determinar finalmente las responsabilidades correspondientes.
Fuente Ahora Calafate
