Patagonia NexoUno de los episodios más recordados ocurrió en Caleta Olivia, en 2017. Trabajadores municipales mantenían un corte sobre la Ruta Nacional Nº 3 en reclamo por salarios adeudados y mejores condiciones laborales. Tras varios días sin acuerdo, la Justicia ordenó liberar la ruta y la Policía de Santa Cruz ejecutó el operativo. El procedimiento incluyó el uso de balas de goma y gases lacrimógenos y dejó varios manifestantes heridos, lo que generó un amplio rechazo sindical y político. Desde el Gobierno provincial se sostuvo que la actuación policial respondía al cumplimiento de una orden judicial.
Pero ese no fue un hecho aislado.
Durante la profunda crisis política, económica y social que atravesó Santa Cruz en 2017, también se registraron violentos episodios en Río Gallegos, donde las protestas protagonizadas por trabajadores estatales, docentes, jubilados y organizaciones sindicales derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Hubo corridas, gases lacrimógenos, balas de goma y numerosos heridos, en imágenes que tuvieron repercusión nacional y expusieron el momento de mayor conflictividad institucional que atravesó la provincia en las últimas décadas.
Las consecuencias de aquellos conflictos trascendieron las manifestaciones callejeras. En los años posteriores avanzaron distintas causas judiciales contra participantes de las protestas, entre ellos dirigentes sindicales, trabajadores estatales y también jubiladas que habían participado de las movilizaciones.
Diversas organizaciones gremiales y de derechos humanos denunciaron entonces una supuesta criminalización de la protesta social y reclamaron el cierre de los expedientes, argumentando que se perseguía judicialmente a quienes ejercían el derecho constitucional de manifestarse.
Aquellos antecedentes permanecen presentes en la memoria política santacruceña y explican por qué, cada vez que surge un nuevo conflicto social, resurge también el debate sobre cuál debe ser el rol del Estado frente a las protestas.
En ese contexto, la comparación con la actualidad ocupa un lugar central en la discusión pública. Mientras sectores que hoy integran la oposición cuestionan cualquier eventual intervención de las fuerzas de seguridad, el Gobierno de Claudio Vidal sostiene que ha privilegiado las instancias de diálogo y negociación para evitar escenarios de confrontación como los registrados años atrás.
Naturalmente, las interpretaciones políticas sobre aquellos hechos siguen siendo diferentes y forman parte del debate democrático. Sin embargo, los episodios ocurridos durante la gestión anterior constituyen un antecedente ineludible para analizar con perspectiva histórica cómo actuaron los distintos gobiernos provinciales frente a conflictos de alta tensión.
Recordarlos no implica justificar el uso de la fuerza ni desconocer el derecho constitucional a la protesta. Significa, simplemente, incorporar contexto al debate público y evitar que la memoria colectiva sea selectiva, evaluando situaciones similares con los mismos criterios, independientemente del signo político de quien ejerza el poder.
