Patagonia NexoEl debate político en torno al fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que restituyó la vigencia de la Ley N.º 1.782 volvió a escalar en Santa Cruz. En esta oportunidad, el vicegobernador Fabián Leguizamón respondió con dureza a las críticas formuladas por el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, y por la dirigente de la Unión Cívica Radical, Roxana Reyes, respecto de la resolución judicial vinculada a los aportes previsionales municipales.
A través de una publicación en sus redes sociales titulada "El doble discurso eterno de Grasso y Reyes", el presidente de la Cámara de Diputados cuestionó la postura de ambos dirigentes y los acusó de mantener un criterio cambiante frente a las decisiones de la Justicia.
"Resulta llamativo que quienes durante años guardaron silencio frente a innumerables atropellos institucionales hoy pretendan cuestionar un fallo simplemente porque no coincide con su posición política", expresó Leguizamón.
El vicegobernador defendió la resolución del máximo tribunal provincial y sostuvo que el respeto por las instituciones no puede quedar sujeto a interpretaciones políticas.
"El respeto por el Estado de Derecho no es optativo: las sentencias judiciales se cumplen, no se interpretan según la conveniencia de cada sector", afirmó.
En ese sentido, remarcó que desconocer una decisión del Tribunal Superior de Justicia implica debilitar la institucionalidad de la provincia y relativizar el funcionamiento de uno de los poderes del Estado.
Leguizamón también centró parte de su mensaje en la situación de los trabajadores municipales y en el destino de los descuentos previsionales que se realizan sobre sus salarios.
El vicegobernador recordó que los aportes son descontados mensualmente a miles de empleados públicos y remarcó que esos recursos deben ingresar a la Caja de Previsión Social.
"Esos aportes deben ingresar íntegramente a la Caja de Previsión Social y no pueden ser retenidos indebidamente por ningún municipio. Defender la retención de recursos que pertenecen a los trabajadores no es defender la autonomía municipal", sostuvo.
Con esa definición buscó diferenciar el debate sobre la autonomía de los municipios del cumplimiento de las obligaciones previsionales establecidas por la legislación provincial.
Uno de los pasajes más duros del mensaje estuvo dirigido a la exdiputada nacional Roxana Reyes, a quien Leguizamón cuestionó por la posición adoptada frente al fallo judicial.
Según expresó, le resulta llamativo que una dirigente de la UCR termine respaldando argumentos que, a su entender, históricamente fueron utilizados por sectores del kirchnerismo para cuestionar decisiones judiciales adversas.
Finalmente, el vicegobernador reiteró que la autonomía municipal debe ejercerse dentro del marco de la Constitución y las leyes provinciales, dejando en claro que, para el Gobierno de Santa Cruz, la resolución del Tribunal Superior de Justicia constituye una obligación que debe cumplirse.
Con estas declaraciones, la conducción provincial volvió a respaldar públicamente el fallo del máximo tribunal y ratificó su postura de que los aportes previsionales retenidos pertenecen exclusivamente a los trabajadores santacruceños, por lo que deben ser depositados en la Caja de Previsión Social sin excepciones.
