Patagonia NexoQuince propuestas salariales. Quince rechazos consecutivos. La negociación entre el Gobierno de Santa Cruz y un sector de la Policía atraviesa un escenario inédito que obliga a formular una pregunta inevitable: ¿el conflicto sigue siendo exclusivamente salarial o ya pasó a jugarse en otro terreno?
La última reunión del Consejo del Salario de las Fuerzas Policiales y de Seguridad volvió a terminar sin acuerdo. El Poder Ejecutivo presentó una nueva mejora salarial y dos alternativas de recomposición que, según informó oficialmente, permitían que un agente ingresante percibiera un salario de bolsillo superior al valor de la Canasta Básica Total. Sin embargo, ambas propuestas fueron rechazadas.
Lejos de acercar posiciones, el encuentro concluyó anticipadamente en medio de un clima de fuerte tensión, luego de que se registraran roturas de vidrios y otros hechos de violencia en las instalaciones de la Escuela de Policía, donde se desarrollaba la negociación.
El derecho de los efectivos policiales a reclamar una mejora salarial es legítimo y forma parte de cualquier negociación laboral. Sin embargo, cuando después de quince ofertas consecutivas no existe margen para construir consensos, el eje del debate comienza a trascender la discusión económica.
Según los datos difundidos por el Gobierno Provincial, la recomposición salarial propuesta rondaría el 50%, ubicándose por encima de muchos acuerdos paritarios alcanzados este año en distintos sectores del país. A pesar de ello, la respuesta volvió a ser un rechazo absoluto y sin que surgieran contrapropuestas que permitieran acercar posiciones.
Otro elemento que caracteriza este conflicto es que no presenta la misma intensidad en toda la provincia.
La mayor tensión continúa concentrándose en Río Gallegos, donde los sectores más duros mantienen una estrategia de confrontación permanente. En otras localidades de Santa Cruz, en cambio, persisten posiciones más moderadas y una mayor predisposición a sostener abiertos los canales institucionales de diálogo.
Los incidentes registrados durante la última reunión marcaron un nuevo punto de inflexión.
El Gobierno Provincial expresó su repudio por los daños ocasionados en la Escuela de Policía y sostuvo que ningún reclamo justifica hechos de violencia ni el deterioro de bienes públicos. Los episodios obligaron a dar por finalizada la reunión apenas formalizado el rechazo de la propuesta, impidiendo que la negociación pudiera continuar.
Cuando una mesa salarial termina con rotura de vidrios, agresiones y enfrentamientos, el conflicto comienza a perder fuerza frente a la opinión pública y se vuelve mucho más difícil reconstruir las condiciones necesarias para alcanzar un acuerdo.
A medida que la negociación se prolonga, también gana espacio otro interrogante.
La presencia de dirigentes y referentes vinculados a distintos espacios políticos, sumada a la ausencia de avances luego de quince propuestas consecutivas, alimenta el debate sobre si parte del conflicto está siendo utilizado con objetivos que exceden la discusión salarial.
Si esa percepción termina consolidándose, existe el riesgo de que las demandas genuinas de muchos efectivos policiales queden relegadas por una disputa política que poco tiene que ver con la mejora de sus condiciones laborales.
Pese al nuevo rechazo, el Gobierno aseguró que mantendrá abiertos los canales institucionales y ratificó su voluntad de continuar realizando esfuerzos para mejorar los salarios del personal policial y penitenciario, aunque insistió en que cualquier acuerdo deberá alcanzarse dentro de un marco de responsabilidad, buena fe y respeto institucional.
La experiencia demuestra que ningún conflicto prolongado encuentra una solución desde la confrontación permanente.
Porque cuando quince ofertas consecutivas no logran acercar posiciones, la discusión deja de ser únicamente cuánto falta para cerrar un acuerdo y pasa a preguntarse si todas las partes siguen buscando realmente una solución o si el conflicto ya comenzó a responder a una lógica diferente.
