Rechazaron el veto de Milei y la Emergencia en Discapacidad es ley

Este jueves el Senado de la Nación ratificó la Ley de Emergencia en Discapacidad, al aprobarse la insistencia de la norma por 63 votos y quedar rechazado el veto total del presidente Javier Milei.

Solamente votaron en contra de la insistencia de la Ley, 6 de los 7 integrantes de La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Ivanna Arrascaeta, Bruno Olivera Lucero, Juan Carlos Pagotto y Francisco Paoltroni; y también la cordobesa Carmen Álvarez Rivero. Por su parte, la oficialista Vilma Bedia se ausentó al momento de la votación.

Los tres senadores santacruceños Alicia Kirchner (Fuerza Patria) y Natalia Gadano y José María Carambia votaron rechazando el veto del Presidente. El proyecto ya venía con el rechazo de la Cámara de Diputados de la Nación y faltaba que haga lo propio la Cámara Alta.

Hace exactamente 22 años que ambas cámaras no rechazaban una decisión de este tipo por parte del Poder Ejecutivo. El debate se dio –además- en medio de la polémica por las denuncias sobre presunta corrupción en la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).

Cabe destacar que el proyecto había sido impulsado por el diputado nacional Daniel Arroyo. Entre los puntos más salientes, pide la regularización de pagos y actualización de aranceles. Al respecto, se propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. La iniciativa declara el sistema de interés público nacional.

También una reforma del sistema de pensiones no contributivas: el proyecto busca garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio. Y el fortalecimiento institucional ya que se plantea mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realizar auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.

Otro punto es que busca la transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido, el Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia. Y brinda compensaciones económicas. En ese aspecto, el proyecto incluye una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.

El proyecto incluye una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción.
En cuanto a la actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD), se propone que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en articulación con el Consejo Federal de Discapacidad, establezca los lineamientos para la certificación de la discapacidad, considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.

 
Y sobre el cumplimiento del cupo laboral, se reafirma la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.