El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, evalúa distintas alternativas para abordar la delicada situación financiera de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, un debate que volvió a instalarse con fuerza tras la publicación del Código Tributario 2026 y que ya generó un fuerte rechazo de los gremios estatales.
Info. General06/12/2025
Patagonia Nexo
Entre las opciones que analiza el Ejecutivo provincial se encuentran modificaciones en el esquema de aportes, la posibilidad de transferir el sistema a la Nación o incluso avanzar hacia una consulta popular o plebiscito, para que los propios cordobeses definan el futuro del organismo previsional.
La discusión se reavivó luego de que el medio Comercio y Justicia informara que el artículo 63 del proyecto del Código Tributario 2026 habilita al Poder Ejecutivo a incrementar hasta un 4% los aportes personales de los trabajadores activos destinados a financiar el déficit de la Caja, una facultad que podría aplicarse hasta diciembre de 2027.
Según la normativa, el aumento alcanzaría a los distintos sectores que aportan al sistema previsional provincial. Actualmente, algunos gremios ya tributan alícuotas elevadas, cercanas al 22%, lo que alimentó el malestar y la preocupación sindical.
Rechazo gremial y advertencia de medidas de fuerza
La reacción de los gremios estatales fue inmediata. En un comunicado conjunto, los sindicatos expresaron su rechazo absoluto a cualquier incremento unilateral de aportes y exigieron la eliminación del artículo 63 del proyecto legislativo. Además, reclamaron la apertura urgente de una mesa de diálogo para discutir alternativas que no impliquen una reducción salarial ni afecten derechos previsionales consolidados.
Las organizaciones sindicales advirtieron que no están dispuestas a aceptar medidas que, bajo el argumento de garantizar la sustentabilidad del sistema, recaigan exclusivamente sobre los trabajadores activos. En este marco, varios gremios anticiparon la posibilidad de protestas y medidas de fuerza si la iniciativa avanza.
La postura oficial
Desde el oficialismo, el presidente provisorio de la Legislatura, Facundo Torres, defendió la legalidad de la herramienta y explicó que se trata de una facultad ya prevista en normativas anteriores, y que nunca fue aplicada. Según señaló, el objetivo sería asegurar la continuidad del sistema previsional con un criterio de equidad y solidaridad, donde quienes perciben mayores ingresos aporten más.
No obstante, distintas interpretaciones jurídicas señalan que el esquema actual permitiría que alícuotas que originalmente eran del 2% se hayan elevado de hecho al 4%, profundizando el impacto sobre los salarios estatales.
Un debate de fondo
La discusión sobre la Caja de Jubilaciones no es nueva en Córdoba, pero el contexto actual —marcado por un importante déficit previsional, una delicada situación fiscal y la caída del poder adquisitivo de los trabajadores— vuelve el tema especialmente sensible.
Mientras el Gobierno provincial insiste en la necesidad de encontrar soluciones estructurales y abrir el debate a la sociedad, los gremios reclaman que cualquier salida contemple el esfuerzo ya realizado por los trabajadores y no afecte derechos adquiridos.
Por el momento, el escenario permanece abierto y con alta carga política y social, en una discusión que promete escalar durante las próximas semanas y que será clave para definir el futuro del sistema previsional cordobés.
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