Proselitismo en el CIC Padre Mújica: cuando la política invade lo público, todos perdemos neutralidad

 Basta de mezclar  lo público con  la política. Hace apenas unos días, un simple cartel en el CIC Padre Mújica —ese bastión comunitario que debería ser refugio para vecinos en situación de vulnerabilidad— se convirtió en el símbolo de un abuso flagrante: la transformación de un espacio estatal en una "unidad básica" para el proselitismo de Pablo Grasso. Y no es un rumor de pasillo;  el ex concejal Samir Zeidan en sus redes, con una denuncia que debería sonrojar a más de uno: "Pueden hacer los eventos que se les antojen, pero lo que no pueden es convertir el CIC Padre Mújica en una unidad básica de Pablo Grasso. Le pido a las autoridades municipales que reflexionen y sean respetuosas de las instituciones”

 Zeidan no exagera: el artículo 42 de la Ley 25.188 es cristalino al prohibir que la publicidad o el uso de órganos públicos incluya "alusiones personales, imágenes ni propaganda partidaria o proselitista" 

 Es un ilícito que no solo mancha la ética de quienes lo cometen, sino que envenena la confianza en las instituciones. ¿Y cuál es el bien mayor de estos estamentos públicos, como el CIC, que no están habilitados para campañas proselitistas?

 Precisamente su neutralidad: son faros de equidad en comunidades como Río Turbio, donde el acceso a servicios sociales no debería depender de lealtades partidarias. Al invadirlos con afiches y eventos electorales, se excluye al disidente, se polariza el barrio y se desvirtúa su misión original —educar, informar, integrar— para convertirla en un trampolín personal. 

 Las autoridades municipales, en lugar de reflexionar como pide Zeidan, deberían actuar: retirar el cartel, investigar el responsable y recordar que los bienes públicos son patrimonio colectivo, no corrales electorales. Fuera la política de estos espacios, sí, pero también urge una reflexión colectiva: ¿seguiremos tolerando que la ambición de unos pocos eclipse el bien común? En Río Turbio, donde las necesidades apremian, los CIC deben ser lugares  de inclusión, no campos de batalla partidaria. Respeto a la ley, a las instituciones y, sobre todo, a la gente. ¡Si no, ¿qué nos queda?