Un cartel reciente en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) Padre Mújica de Río Turbio ha encendido las alarmas: se trata de un claro caso de uso partidario de un espacio público, denunciado por el ex concejal Samir Zeidan en sus redes sociales. Convertir instituciones estatales en unidades básicas electorales no solo viola la Ley de Ética Pública (25.188), sino que socava el principio de neutralidad que debe regir los bienes públicos, destinados al servicio de todos y no a campañas individuales.
Río Turbio22 de septiembre de 2025
Liliana Galimberti
Basta de mezclar lo público con la política. Hace apenas unos días, un simple cartel en el CIC Padre Mújica —ese bastión comunitario que debería ser refugio para vecinos en situación de vulnerabilidad— se convirtió en el símbolo de un abuso flagrante: la transformación de un espacio estatal en una "unidad básica" para el proselitismo de Pablo Grasso. Y no es un rumor de pasillo; el ex concejal Samir Zeidan en sus redes, con una denuncia que debería sonrojar a más de uno: "Pueden hacer los eventos que se les antojen, pero lo que no pueden es convertir el CIC Padre Mújica en una unidad básica de Pablo Grasso. Le pido a las autoridades municipales que reflexionen y sean respetuosas de las instituciones”
Zeidan no exagera: el artículo 42 de la Ley 25.188 es cristalino al prohibir que la publicidad o el uso de órganos públicos incluya "alusiones personales, imágenes ni propaganda partidaria o proselitista"
Es un ilícito que no solo mancha la ética de quienes lo cometen, sino que envenena la confianza en las instituciones. ¿Y cuál es el bien mayor de estos estamentos públicos, como el CIC, que no están habilitados para campañas proselitistas?
Precisamente su neutralidad: son faros de equidad en comunidades como Río Turbio, donde el acceso a servicios sociales no debería depender de lealtades partidarias. Al invadirlos con afiches y eventos electorales, se excluye al disidente, se polariza el barrio y se desvirtúa su misión original —educar, informar, integrar— para convertirla en un trampolín personal.
Las autoridades municipales, en lugar de reflexionar como pide Zeidan, deberían actuar: retirar el cartel, investigar el responsable y recordar que los bienes públicos son patrimonio colectivo, no corrales electorales. Fuera la política de estos espacios, sí, pero también urge una reflexión colectiva: ¿seguiremos tolerando que la ambición de unos pocos eclipse el bien común? En Río Turbio, donde las necesidades apremian, los CIC deben ser lugares de inclusión, no campos de batalla partidaria. Respeto a la ley, a las instituciones y, sobre todo, a la gente. ¡Si no, ¿qué nos queda?
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