El gobernador de Santa Cruz junto a los cinco gobernadores del resto de la Patagonia, emitieron un comunicado contundente dirigido al gobierno nacional titulado «Las provincias unidas del sur» exigiendo la restitución de los fondos a Chubut que advierte que de no ser así, no entregará petróleo y gas, resaltando que es «es una medida disolutoria del sistema federal» que «ningún gobernador va a permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, publicó una carta dirigida al gobierno nacional acompañado por sus pares patagónicos, entre los cuales se encuentra Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, en la cual lanzan fuertes advertencias hacia el gobierno nacional encabezado por Javier Milei, basado en los recortes de fondos que nación debía girar a las provincias pero que no hizo caso y que buscan disciplinar políticamente a los distintos dirigentes, pero que repercuten en las comunidades, advirtiendo que «está en juego la existencia misma de la República Argentina y que ningún gobernador lo va a permitir.

Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio.

Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses. 

Hoy la provincia del Chubut está padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la Ley Ómnibus. 

En febrero el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $13.500 millones; más de un tercio de su coparticipación mensual. No es una revancha contra el gobernador del Chubut. 

Es una afectación a más de 600 mil chubutenses que de esta forma ven afectados su derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y al desarrollo. También de forma ¡legal el gobierno nacional retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador de las tarifas del transporte público. 

Son recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica. Solo una ley podría disponer otro destino y sin embargo se retuvieron. Por esa razón la justicia federal, a instancias de una acción promovida por el gobierno de Chubut decretó la ilegalidad de la quita. 

No se trata de una guerra sino de proteger a los usuarios del transporte que tienen los mismos derechos que los habitantes del AMBA. 

Ese fallo judicial también explica la represalia de privar a Chubut de sus derechos. Repudiamos tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana y nos solidarizamos con el gobernador Ignacio Torres y el pueblo de Chubut.

No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias.

Por esa razón avalamos la determinación de la provincia del Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el Ministro de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen. 

Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas. 

Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas.  

Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República.

Argentina. Firman: Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, Ignacio Torres, gobernador del Chubut, Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, Rolando Figueroa, gobernador del Neuquén y Alberto Weretilneck, gobernador de Rio Negro.