Por María Daniela Yaccar

Se cumplen tres años del asesinato de Fernando Báez Sosa mientras el juicio llega a su etapa final. El 18 de enero de 2020 el crimen –con condimentos ligados a la masculinidad, el clasismo y el racismo— sacudió al país, pero las golpizas entre jóvenes se siguen sucediendo y aún no hay medidas de peso por parte del Estado para afrontar el problema. Especialistas consultados por Página/12 reflexionan sobre este caso emblemático, sobre cómo la sociedad mira el proceso judicial y lo que está pendiente en el plano de las políticas públicas.

En el ambiente de la noche y a la salida de boliches hace rato que hay crímenes. Este caso cobró relevancia por las características no de la víctima sino de los victimarios. Son rugbiers, en el imaginario social chicos bien, de familias constituidas y con un horizonte económico favorable», postula el psicoanalista Sergio Zabalza. «Además, el asesinato ocurrió en una ciudad emblemática balnearia, de manera muy brutal y salvaje. Y a la luz de todos los celulares.»

¿Por qué el impacto generado hace tres años no abrió el espacio para una reflexión sobre lo que debería cambiar para que no haya más casos así? Zabalza cree que hay una negación: «Cuando sucede algo muy espantoso lo primero que uno registra es ‘con esto no tengo nada que ver’. El paso siguiente es ir más allá y preguntarse ‘¿qué tengo que ver con esta violencia que emerge a través de distintos episodios?'» Exjugador de rugby y exentrenador, registra también aquel mecanismo en el ámbito de ese deporte: «La reacción de cierta parte del rugby, diciendo ‘no tenemos nada que ver’, es lamentable. Entre 2006 y 2020 hay toda una serie de desmanes y desbordes de los rugbiers: peleas a la salida de boliches, ataques a indigentes, trompadas a inspectoras en medio de una fiesta. No hay registro de desmanes similares en casos de deportistas federados de otras actividades». Ubica el punto de partida en 2006 porque ése fue el año del crimen de Ariel Malvino, episodio que siquiera llegó a juicio.

Del impacto al seguimiento del juicio

A tres años del impacto, el clima social actual está signado por el seguimiento «paso a paso» del juicio. «El foco de atención está dado por una expectativa y una necesidad de que la Justicia tenga un funcionamiento adecuado a los fines de la pacificación social. No sé si lo va a lograr o no. No depende de que actúe sólo razonablemente en el juicio o dicte una condena justa. Depende, además, del hecho de que la Justicia está muy desvalorizada. No sólo porque hay parte de ella que funciona como brazo ejecutor de un partido político, sino porque sus tiempos y la negligencia dejan muchísimas situaciones irresueltas y con alto grado de insatisfacción», reflexiona el psicoanalista Sebastián Plut.

¿El camino para la pacificación sería la perpetua para los ocho acusados? Eso se desprende de lo que se ve en las redes. Responde Guillermo Torremare, abogado y magister en derechos humanos, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y miembro de la Comisión Provincial por la Memoria. «Cuando un caso tiene estas características la principal expectativa suele ser que la sanción penal sea la máxima posible. Para estas personas lo único justo sería la prisión perpetua, y si no es así solo habrá lugar para la decepción. Algunos actores judiciales suelen alimentar esto buscando generar simpatía con su posición y hasta presionar a quienes juzgan. Sostener de entrada que lo único justo posible es la sanción penal máxima no es lo apropiado porque deslegitima el valor de un proceso judicial, en el que todo lo efectivamente sucedido debe exponerse y evaluarse. Además, el Poder Judicial no tiene el rol de vengador.Debe establecer con certeza cuáles fueron los hechos y luego aplicar la ley vigente con prudencia y equidad.»

Masculinidades

«Me preocupa qué aprenderemos como sociedad; qué aprendizaje sacan el gobierno nacional y comunal de esta situación. ¿Los ministerios de Seguridad van a tomar medidas de prevención? ¿Los dueños de los boliches y grupos de patovicas van a tomar otra modalidad para resolver conflictos? ¿Tomará el gobierno nacional la decisión de que se cumpla la ESI en todos los colegios?», se pregunta el psiquiatra feminista Enrique Stola. «Este tipo de prácticas por parte de varones no va a cambiar porque haya una medida ejemplar ni si los dejan libres. Es una dinámica social independiente de lo que pueda ocurrir en el poder judicial», añade. Para él «hay que generar políticas hacia los varones«. Todos los entrevistados coinciden en la necesidad de que las políticas públicas comiencen, desde diversos planos, a hacer frente a una problemática compleja.

 En lo que a políticas respecta, una propuesta integral surgió del papá de Martín Castellucci, asesinado en 2006. Oscar Castellucci trabajó en un proyecto de ley que ya ingresó al Congreso, para la creación de una Agencia Nacional de Nocturnidad. Por otra parte, el Plan Nacional Fernando Báez Sosa apunta a erradicar las violencias en el deporte. La diputada Carmela Moreau pidió su incorporación a extraordinarias. La abogada Valeria Carreras viene impulsando la Ley Fernando –aprobada en CABA– y el Protocolo Fernandos. 

El crimen cumplió con «todos los rituales de la masculinidad». El juicio también. «Más allá de que haya habido una estrategia de silencio, de no hacer gestos, ellos pudieron cumplir el papel porque tienen entrenamiento en eso por el sólo hecho de ser varones. Esto es lo que la sociedad les enseñó. Es lo que venimos sosteniendo cuando decimos que un hombre se comporte como tal. A la vez la sociedad les exige que lloren, que pidan perdón. No se enseñan en los colegios ni en la vida diaria gestos con esa carga afectiva, amorosa, cuidadosa para los demás. Y nuestros cuerpos están permanentemente sometidos a políticas individualistas, con propuestas políticas que niegan la existencia de la sociedad y sólo ven individuos que rompen los pocos lazos de solidaridad existentes», concluye Stola.

Un crimen clasista y racista

«Desde el tratamiento mediático se borra toda historicidad. Este no es un caso aislado sino un problema ligado a la revisión de la masculinidad. La construcción de estos chicos como sujetos aberrantes, extraños a nuestra sociedad, no nos permite problematizar en la repetición del problema», aporta, en sintonía, Christian Dodaro, doctor en Ciencias Sociales. Pone el acento también en la dimensión clasista del homicidio. El caso demostró en los rugbiers el hecho de «sentirse posibilitados a violentar a otro en el marco de cierta superioridad que poseen los sectores con privilegios». 

«La gran pregunta que nos deja el caso es qué hacemos con el racismo en la Argentina. A Fernando lo atacaban al grito de ‘negro de mierda’, lo que, sumado a los golpes, enuncia el desprecio hacia ciertas corporalidades. El ataque, la posterior salida del grupo, ir a comer, cambiarse y sacarse selfies nos habla de la no consecuencia en este tipo de casos. Porque muchas veces lo que viene acaecido al lado de los casos de violencia contra sujetos racializados es la impunidad. Tenemos que desanudar qué implica el racismo en nuestras sociedades, y la Justicia tiene un rol fundamental. Tiene que ingresar a ese campo, enunciar si hay cuestiones raciales o no, más allá de la existencia de leyes y tratados internacionales», concluye Alejandro Mamaní, abogado y  referente del colectivo Identidad Marrón.