NACIONALES
El procurador Casal recomendó a la Corte que frene la transferencia de tierras del Ejército a la Comunidad Mapuche
«En el caso se configura un supuesto de gravedad institucional que justifica la intervención de la Corte Suprema», sostuvo el dictamen del jefe de los fiscales.
El procurador general interino Eduardo Casal le recomendó a la Corte Suprema la “suspensión urgente” de un fallo de la Justicia Federal de Bariloche que ordenó escriturar a favor una comunidad mapuche unos terrenos pertenecientes al Ejército Argentino.
“Solicito la suspensión urgente de la sentencia dictada en primera instancia, cuya apelación la cámara consideró extemporánea”, sostuvo Casal sobre un fallo del 2 de febrero del año pasado que hizo lugar a la demanda de la Comunidad Mapuche Millalonco Ranquehue y ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que en 60 días transfiera a título gratuito al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) el dominio de las tierras.
Entre las razones invocadas por Casal para objetar el fallo figura que el Poder Judicial de Bariloche estaba invadiendo a los otros poderes, el Legislativo y el Ejecutivo, al ordenarle qué hacer con esos terrenos.
“La misión más delicada de la justicia radica en mantenerse dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que les incumben a los otros poderes. (…) El Máximo Tribunal ha señalado que ‘siendo un principio fundamental de nuestro sistema político la división del Gobierno en tres departamentos, independientes y soberanos en su esfera, las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas”.
“El uso concurrente o común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la base de nuestra forma de Gobierno”, opinó el procurador.
A principios de 2022 la justicia de Bariloche ordenó al Estado Nacional transferir los terrenos al INAI para su escrituración a favor de la Comunidad Mapuche, y si bien el Estado Nacional apeló lo hizo fuera de término.
A raíz de ello se inició una causa judicial en los tribunales de Comodoro Py ante la posibilidad de que los funcionarios que debían apelar el fallo “pudieron haber tenido conocimiento de aquella circunstancia e, incluso, haber impartido la orden de ‘dejar vencer los plazos’ y dar luego apariencia de una mínima diligencia mediante la presentación tardía del recurso”.
En ese expediente, la Cámara Federal porteña dictó una medida cautelar “a los efectos de impedir la producción de cualquier acto administrativo por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del INAI o cualquier otro organismo público que pudiera resultar con competencia tendiente a transferir el dominio de las tierras”.
De esa manera, frenó la ejecución del fallo de la justicia de Bariloche.
Según el procurador Casal, “en el caso se configura un supuesto de gravedad institucional que justifica la intervención de la Corte Suprema pues existe un interés institucional de orden superior que radica en la necesidad de procurar una recta administración de justicia”.
El dictamen sostiene que debe participar en el expediente la provincia de Río Negro, el Municipio de San Carlos de Bariloche y la Administración de Parques Nacionales, pues “poseen directo interés en el presente proceso”.
Casal recordó que una medida como la dispuesta por los tribunales barilochenses debe ser tomada mediante una ley nacional.
“El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia de las tierras afectadas a esos fines a la autoridad de aplicación para el otorgamiento de la posesión y posteriormente de los títulos respectivos. Pero ello requiere ley del Congreso”, señaló.
En ese contexto, opinó que el fallo de primera instancia “ha interferido indebidamente en el ejercicio de poderes y funciones conferidos al Legislativo, actuando con evidente ausencia de jurisdicción
NACIONALES
Caputo rechaza la presión de los empresarios y refuerza el cepo
Afecta al giro de dividendos y operaciones con Bopreal, que ahora pasan a estar gravadas en 17.5%. El gobierno busca evitar que el desplome de la recaudación se lleve puesta la meta fiscal.
En medio de los reclamos de los empresarios por el cepo cambiario, Luis Caputo dispuso extender el impuesto PAIS al giro de dividendos y a las operaciones con Bopreal, instrumento financiero pagadero en pesos que al vencimiento cumple con el equivalente en dólares más los intereses devengados, al que pueden acceder personas físicas o jurídicas titulares de cuentas habilitadas en el mercado bursátil.
Mediante el decreto publicado este lunes se establece una alícuota del 17,5% aplicable a la compra de divisas destinadas a la repatriación de inversiones de portafolio de no residentes y a la distribución de utilidades y dividendos. Además, se aplica el mismo porcentaje a quienes adquieran BOPREAL con fines similares
«Una empresa que invirtió acá pagará 35% de Ganancias + 7% de impuesto a la distribución de dividendos + (new!) 17,5% de impuesto PAÍS. Alícuota final 60%. Ni en Noruega! Para esto se necesita el RIGI», afirmó el economista y diputado del PRO Luciano Laspina.
Laspina se sumó junto a Marina Dal Poggetto a la troupe de la ortodoxia que viene amplificando duras críticas hacia Milei. Forman parte de ese equipo Domingo Cavallo y Carlos Rodriguez.
Todos estos economistas representan la voz de los empresarios, que buscan que Milei cumpla la promesa de campaña de levantar el cepo.
Los economistas apuntan al punto débil: las restricciones cambiarias, la permanencia del cepo. «Hay que salir del esquema de transición, eliminar el cepo cambiario y establecer el nuevo régimen monetario. Es imposible que haya recuperación económica con el actual diseño del programa», planteó Laspina en una entrevista concedida al diario La Nación este domingo.
Más hondo caló Marina Dal Poggeto, directora de Ecogo: «El esquema es cepo dependiente. Bajar las tasas de interés y atrasar el tipo de cambio, no te ayuda a estabilizar la demanda de pesos. Mucho menos, si tu programa financiero depende de la recirculación de los pesos del BCRA al Tesoro», afirmó la economista.
Una empresa que invirtió acá pagará 35% de Ganancias + 7% de impuesto a la distribución de dividendos + (new!) 17,5% de impuesto PAÍS. Alícuota final 60%. Ni en Noruega! Para esto se necesita el RIGI
Dal Poggetto explicó que los bancos le venden bonos caros al BCRA y después los recompran más baratos con algún estiramiento en los plazos. Agrega Dal Poggetto que el mecanismo incluye la posibilidad de hacerse de liquidez contra el BCRA con el riesgo de monetización, a través de seguros (PUTS).
Los pasivos remunerados hoy alcanzan a $33 mil millones. «Este esquema empezó a encontrar límites en la última licitación, cuando los pesos emitidos por la venta de bonos al BCRA no pudieron ser tomados por en la licitación del Tesoro», indicó Dal Poggetto.
A las claras las cuentas del BCRA lucen lejos de sanearse. A la situación de los pasivos se sobreimprime el derrumbe de la recaudación que complica la meta fiscal. Sostener el Cepo y conservar este impuesto que grava y restringe el acceso a dólares, la única alternativa en este esquema.
El interrogante se abre sobre el grado de comprensión y paciencia que pueda conseguir el gobierno de parte del bloque de poder que sustenta su proyecto político del gobierno. Lo cierto es que empresas, bancos, inversores y hasta el propio FMI condicionan el financiamiento al levantamiento de las barreras cambiarias.
El Impuesto PAÍS fue originalmente implementado el gobierno anterior para limitar el acceso al mercado cambiario. Con esta ampliación, el gobierno busca evitar el derrumbe de la recaudación, que en marzo cayó 13,2% debido a la depresión del nivel de actividad. En este contexto el único tributo que crece exponencialmente es el Impuesto PAIS con un alza de mas del 1100% en términos interanuales.
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