El interventor Pablo Gordillo Arriagada aseguró que la empresa avanza en su reconversión a Sociedad Anónima y que el objetivo central es dejar de depender del financiamiento estatal. Con exportaciones de carbón, la puesta en marcha parcial de las usinas y la búsqueda de capital privado, la firma apunta a ser autosustentable en los próximos 18 meses.

La transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en Carboeléctrica Río Turbio S.A. atraviesa su etapa decisiva. Con la conformación del directorio como último paso formal, la empresa busca dar un salto histórico: dejar atrás décadas de dependencia estatal y proyectarse como un actor energético con respaldo de inversión privada.

El interventor Pablo Gordillo Arriagada explicó que “el cambio radical ocurrió con el Decreto 115 que aprobó el estatuto de la nueva Sociedad Anónima”. Según precisó, “el paso concreto que faltaba –y que acaba de ocurrir– es la resolución del Ministerio de Economía que instruye a convocar la Asamblea para integrar el directorio de la nueva sociedad. Una vez que se constituya ese directorio, Carboeléctrica Río Turbio comenzará a funcionar plenamente”.

El proceso también enfrenta tensiones legales. El directivo reconoció que “lo que falta es la definición del Convenio Colectivo de Trabajo”, ya que la justicia laboral falló a favor de ATE para que siga vigente la ley de empleo público. “Estamos en un limbo jurídico que debe resolverse pronto”, admitió.

Mientras tanto, la empresa muestra avances productivos. “Hace dos semanas firmamos un contrato con una empresa brasileña para la venta de 60.000 toneladas de carbón. Es la primera exportación sustancial en años y demuestra que hay mercado para nuestro mineral”, destacó Gordillo Arriagada. A la par, se avanza en el desarrollo del puerto de Punta Loyola como plataforma multipropósito: “Queremos que sea un polo logístico del Atlántico Sur, no sólo para el carbón, sino también para la industria petrolera, la zona franca y la exportación de alimentos”.

La generación energética aparece como el corazón del plan. “Ya tenemos en funcionamiento la planta térmica de 21 MW, que inyecta entre 4 y 5 MW a la red de Río Turbio y 28 de Noviembre. Y firmamos un contrato con la empresa provincial Servicios Públicos para facturar ese servicio”, explicó. El desafío mayor es la usina de 240 MW: “Requiere una inversión de 40 a 45 millones de dólares para poner en marcha uno de sus dos módulos. No hablamos de privatización, sino de una sociedad donde el Estado mantenga el control pero con capital privado para este fin”.

El escenario laboral también es determinante: “Hoy tenemos 2.023 empleados y 1.470 jubilados con complemento previsional. El Estado nacional gira 7.500 millones de pesos por mes para cubrir estas erogaciones. Mi mensaje ha sido claro: este proceso es con los trabajadores, no contra ellos. Pero necesitamos productividad para sostener los puestos en el largo plazo”.

La hoja de ruta ya está delineada: “Con un contrato de venta de carbón a largo plazo y la usina grande inyectando al menos 100 MW al sistema nacional, podemos reducir el déficit a la mitad en 18 meses y alcanzar el equilibrio hacia fines de 2026”, aseguró.

Finalmente, Gordillo Arriagada dejó un mensaje a la comunidad: “Esta empresa no se salva con más subsidios ni con discursos. Se salva con producción concreta y trabajo genuino. Pero esto se hace con los trabajadores, no a sus espaldas. Como dijo el Gobernador: ‘se sale con producción y trabajo’”.